Si hay una característica típica de los últimos tiempos es la enorme cantidad de personas que transitan y “padecen” conflictos judiciales, en muchos casos inexplicables, por denuncias falaces sin que el sistema solicite pruebas de tales denuncias a los denunciantes. Según la abogada especialista en derecho de familia, María Fátima Silva, el 50% de los niños en argentina están judicializados. Tal aseveración es la prueba más contundente que los estrados judiciales no son capaces de resolver conflictos que en muchos casos se inician con “nimiedades” y terminan en interminables expedientes judiciales que utilizan las armas de la “chicana” con denuncias falaces para hacer aún el camino más interminable a cada conflicto. Es decir, el sistema profundiza los conflictos, cuando el derecho se define como el camino necesario para la resolución de los mismos.
La banalización de la violencia de género, la violencia psicológica y la violencia económica por parte del propio sistema que, por miedo y comodidad, toma medidas para cubrirse frente a una posible situación catastrófica que termine en un Jury y con ello la carrera judicial de algún magistrado, llevan al extremo la querulancia de quienes, conocedores de esos defectos judiciales, abusan del sistema para beneficio de sus propios intereses.
Pero ¿qué es la querulancia? Se trata de una “afección psíquica en la esfera relacionada con las actuaciones procesales” donde la personalidad querulante induce, de forma compulsiva, “a provocar litigios judiciales, innecesarios en cuanto carentes de base real”, lo que termina afectando a su “capacidad para actuar en el campo judicial”.
“En el siglo XIX, Charles Dickens ya narró la historia del pleiteante más constante que hay en el Tribunal en su novela La casa desolada; un título muy gráfico para explicar los efectos tan devastadores que una persona puede infligir en su entorno cuando se empecina en litigar por litigar en un proceso que se fue complicando tanto con el tiempo que ya nadie recuerda de qué se trata. (…)
Durante la causa han nacido innumerables niños; innumerables jóvenes se han casado; innumerables ancianos han muerto. Docenas de personas se han encontrado delirantemente convertidas en partes en Jarndyce y Jarndyce, sin saber cómo ni por qué; familias enteras han heredado odios legendarios junto con el pleito. Los personajes de ese eterno pleito padecen un trastorno psicótico que se denomina querulancia, delirio querulante o paranoia querulante, de acuerdo con la nomenclatura del prestigioso Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales [el DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) editado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría.” (Carlos Pérez Vaquero)
Ésta circunstancia es extrema en el caso que el “querulante” sea abogado, pues el conocimiento del derecho y las miles de incidencias posibles para impedir una sentencia en un caso, coavyudan en el pleiteo o litigio permanente, recurrente y sistemático. De ésta manera, el sistema judicial utiliza recursos humanos, tiempo y jueces a llenar de papeles que nadie lee, en expedientes judiciales cuya resolución se extiende en el tiempo con el gasto que ello conlleva, además de las consecuencias que padecen los denunciados recurrentes y sistemáticamente por aquellos querulantes tribunalicios, sin que tengan ni siquiera un apercibimiento por su conducta litigiosa.
De ésta manera por ejemplo en un caso de divorcio con hijos de por medio, la separación de bienes ocupa un despacho y cuando se resuelve aparece la demanda por alimentos que ocupa otro despacho judicial y luego por qué no una denuncia por violencia de género ó violencia económica que ocupa otro fuero y otro despacho y otros secretarios y otros empleados, y luego si se resuelve la cuestión de alimentos, unos años después aparece el pedido de aumento de la misma con cifras delirantes y vuelve todo a foja cero y volver a empezar, con despachos y despachos plagados de denuncias que llevan adelante tanto padres como madres. A eso se suman las demandas por la tenencia de los hijos y vuelta a ocupar despachos, recursos y papeles, además de tiempo, para resolver la tenencia de los niños. Y todo vuelve a empezar con el conflicto por las visitas, nuevamente denuncias y otra vez despachos y recursos y todo vuelve a empezar eternamente.
La querulancia detectada a tiempo por el sistema judicial significaría no sólo un ahorro de recursos, sino también cientos de personas que dejarían de ser víctimas de falsas denuncias que pasan su vida arrastrados a tribunales por quienes son querellantes patológicos. Pero para eso el Poder Judicial debiera estar interconectado entre sí y saber si una persona por ejemplo tiene varios litigios en diversos fueros e incluso en el mismo fuero con distintos jueces. Saber por ejemplo si todo su entorno está judicializado y si esa judicialización siempre la lleva adelante la misma persona. Pero eso no pasa. Cada juez/a lleva adelante su causa como si se tratar de un hecho único con orejeras de caballo para no ver el contexto, sin conocer a víctimas y victimarios, porque las audiencias de conciliación se hacen en cientos de casos sin la presencia de los magistrados a pesar que las actas dicen lo contrario, porque el sistema se miente a sí mismo, como permite que le mientan flagrantemente, sin solución de continuidad.
Así quedan afectados niños, empresarios, madres, padres, abuelos, docentes, ciudadanos de a pie, por un sistema que, excepto en el fuero penal, no cuenta con psiquiatras que pudieran determinar y detectar a tiempo una patología querulante. En muchos casos los profesionales que trabajan en tribunales no son médicos y por lo tanto no conocen los efectos de una droga psiquiátrica por lo que existe falta de rigor científico en el trabajo que a diario realizan, afectando tal vez personas que aparecen como victimarios pero que son víctimas de la querulancia flagrante, que sólo requeriría saber en qué juzgado y cuántas denuncias realiza tal o cual persona. Pero es mucho pedir ¿no?