La Justicia intimó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a los demás condenados en la causa Vialidad a pagar más de 684 mil millones de pesos, monto que corresponde al daño económico ocasionado al Estado por maniobras de corrupción en contratos de obras públicas en Santa Cruz. Este reclamo fue ordenado por el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py, que fijó un plazo de diez días para que los condenados depositen la suma requerida bajo apercibimiento de iniciar el decomiso de sus bienes embargados.
El fallo que respalda esta intimación ya fue confirmado por la Cámara Federal de Casación y la Corte Suprema de Justicia, ratificando la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Se mantiene así la acusación de un fraude organizado y distribuido entre los acusados, con un entramado que favoreció a empresas vinculadas a Lázaro Báez, que obtuvieron licitaciones públicas adjudicadas irregularmente.
Pese a la contundencia judicial, la defensa de Cristina Kirchner sostiene que el monto reclamado es excesivo. Según el perito de parte de la exmandataria, la suma a pagar debería estar en torno a los 42 mil millones de pesos, muy por debajo de lo ordenado por el Tribunal, que considera justificada la actualización por sobreprecios y el abandono de obras. El proceso apunta a recuperar activos que provienen del delito a fin de impedir que los acusados sigan beneficiándose de esos fondos.
En caso de no cumplir con esta obligación dentro del plazo señalado, la Justicia tiene previsto proceder al decomiso y eventual remate de propiedades, vehículos y sociedades embargados, con un acervo que incluye más de 200 inmuebles, vehículos y sociedades. Este paso representa una medida coercitiva ejemplar para garantizar la reparación del daño causado al Estado.
Este nuevo capítulo en la causa Vialidad reafirma no solo la condena penal sino también la exigencia económica para resarcir el perjuicio ocasionado por la corrupción en la obra pública durante gobiernos anteriores, que según el tribunal, fue dirigido por Cristina Kirchner y asociados en beneficio de un grupo de empresas ligadas a Báez. La causa sigue generando controversia política y judicial en Argentina, mientras se avanza en el cumplimiento de sanciones y reintegración de fondos públicos.