Tras una de las operaciones policiales más letales en la historia de Río de Janeiro, los vecinos de las favelas Penha y Alemão hallaron y trasladaron a una plaza más de 50 cadáveres durante la madrugada, cuerpos que no están incluidos en el balance oficial de 64 muertos divulgado por las autoridades, entre ellos cuatro policías. La operación, que involucró a unos 2.500 agentes, incluyó el uso de helicópteros y vehículos blindados, y tuvo como objetivo principal desarticular a la banda narco Comando Vermelho, la organización criminal más antigua y con fuerte presencia en las favelas, afectando especialmente estos complejos ubicados en sectores pobres de la ciudad.
El operativo, denominado «Operación Contención», responde a una escalada de violencia marcada por enfrentamientos armados entre la policía y los narcotraficantes desde días previos. El inicio de esta última fase se señala tras el asesinato de dos policías y el grave estado de un tercero, hecho que precipitó una respuesta extensa y brutal del Estado. Además, entre los detenidos figura Thiago Do Nascimento Mendes, alias «Velao Do Quiroga», uno de los líderes del Comando Vermelho, y Nicolás Fernández Suárez, considerado operador financiero de esta organización.
La recuperación de los cuerpos fue llevada a cabo principalmente por habitantes de las favelas, especialmente mujeres que buscaban a familiares desaparecidos, sin participación directa de las autoridades. Los cadáveres, todos hombres, fueron dispuestos sobre el suelo en una plaza del barrio de Penha, visibles para vecinos y periodistas, en una escena descrita como «digna de una historia de terror» y denunciada por activistas como una evidente manifestación de necropolítica, que deshumaniza y extermina a los residentes de estos barrios marginados.
Este contexto de violencia extrema se da en plena temporada electoral en Brasil, lo que agudiza las tensiones entre el Estado y los sectores marginales controlados por el narcotráfico. Organizaciones de derechos humanos y legisladores critican que este tipo de estrategias represivas y su deriva letal terminan siendo utilizadas como plataformas políticas, sin ofrecer resultados efectivos para la seguridad ciudadana en Río ni ofrecer reparación a las comunidades afectadas.