Este 1 de octubre de 2025 se cumplen tres años de la implementación del nuevo Código Procesal Penal en Jujuy, una reforma que ha marcado un cambio histórico en el sistema judicial provincial. Según datos oficiales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la nueva normativa no solo aceleró los juicios y triplicó las condenas, sino que también mejoró significativamente el acceso a la justicia para las víctimas, con un enfoque especial en casos de violencia de género.
El sistema acusatorio, basado en audiencias orales y denuncias digitales, logró reducir en un 36% los tiempos para las acusaciones y un 30% para obtener sentencias, en comparación con el modelo anterior. Además, el ingreso de causas creció un 130% respecto al trienio previo y las sentencias condenatorias aumentaron un 25%, consolidando un proceso judicial mucho más eficiente.
Un aspecto destacado del cambio es el rol activo que ahora tienen los fiscales como representantes legales de las víctimas, lo que fortalece su defensa y garantiza una mayor cercanía con la comunidad. Esta reforma, que fue establecida por la ley 6.259 y ajustada por la ley 6.400, contó con un respaldo institucional clave en 2023 mediante la reforma constitucional provincial, que consolidó el sistema acusatorio adversarial como base de la política judicial de Jujuy.
Más allá de la innovación tecnológica y normativa, el MPA resalta que la transformación judicial supone también un cambio cultural que involucra a fiscales, jueces, defensores y demás operadores judiciales. Los ejes centrales —persecución penal pública, resolución alternativa de conflictos y atención integral a víctimas— se vieron fortalecidos con el nuevo esquema.
Las autoridades provinciales subrayan que este es un modelo de justicia más rápida, eficaz y cercana a la gente, aunque reconocen que la modernización continúa y es necesario profundizar los estándares de tutela judicial efectiva para seguir avanzando.
Con estos resultados, Jujuy se posiciona como pionera en el país en la implementación de un sistema penal acusatorio y oral, demostrando cómo la tecnología y la reorganización de roles pueden acortar los tiempos y ampliar los derechos de las personas en la justicia penal.