El gobierno nacional intenta dilatar el conflicto y separarlo de la marcha y paro de mañana convocado por la CGT. Sorpresa en Casa Rosada por el anuncio del cierre de FATE e intento de intervención en el conflicto para patear para adelante las consecuencias políticas de la decisión empresarial que afecta a cientos de trabajadores y que cuestiona la política de importación del Gobierno de Milei
La histórica empresa argentina fabricante de neumáticos FATE S.A.I.C.I., con más de 80 años de trayectoria en el mercado nacional, anunció el cierre definitivo de su planta industrial en San Fernando (Provincia de Buenos Aires) y la extinción de todos los contratos laborales de sus trabajadores —más de 920 empleados quedarán sin empleo—, en un giro que ha encendido la protesta sindical y el debate político en las últimas horas.
La decisión, divulgada esta mañana a través de un breve comunicado oficial de la firma, señala que la empresa cierra “ante los cambios en las condiciones de mercado” y que pagará indemnizaciones “dentro del plazo legal”. Los directivos atribuyen el fin de las operaciones al fuerte impacto de las importaciones, la caída en la demanda interna y un contexto competitivo que, según ellos, hace insostenible la continuidad de la producción local.
La respuesta oficial: conciliación obligatoria y tensión social
En medio de la escalada, la Secretaría de Trabajo de la Nación dispuso una medida de conciliación obligatoria por 15 días entre la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), buscando frenar la ruptura y abrir un espacio de diálogo entre las partes.
Esta determinación ocurre a pocas horas de una jornada de paro y movilización convocada por la central obrera CGT en rechazo a la reforma laboral en tratamiento en el Congreso y en defensa de los puestos de trabajo afectados por el cierre.
Desde el sindicato, el secretario general del SUTNA y otros dirigentes han cuestionado públicamente la decisión empresaria, denunciando que el cierre es “totalmente ilegal” y que no se cumplió con los procedimientos previos. En algunos sectores de la planta y alrededores se registraron protestas y tensiones entre trabajadores, fuerzas de seguridad y autoridades.
Críticas cruzadas: política industrial, importaciones y responsabilidad estatal
La medida de conciliación obligatoria abrió un debate político mucho más amplio. Para algunos sectores la intervención del Estado en un conflicto generado por una decisión privada —el cierre de FATE— contradice las premisas de una economía de mercado “libre de interferencias”. Señalan que el Gobierno no debería dictar conciliación ni “poner la lupa” sobre decisiones empresariales salvo que medien políticas públicas específicas que afecten directamente la competitividad, como las reglas de comercio exterior o la apertura de importaciones.
No obstante, diversas organizaciones patronales y de la industria alertan sobre el impacto estructural de este cierre. La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su “gran preocupación” por el apagado de una planta centenaria y advirtió que la pérdida de empleo en el sector manufacturero local supera los 65.000 puestos en los últimos dos años, señalando que el caso de FATE no puede analizarse de forma aislada sino como parte de un fenómeno más profundo de contracción industrial.
Mirada sindical y social: la contracara del cierre
Desde el ámbito gremial, no solo se reclama la reversión del cierre, sino que se denuncia una ofensiva que va más allá de un conflicto particular: trabajadores y delegados advierten que la apertura de importaciones, la caída del mercado interno y el debilitamiento de derechos laborales (especialmente en el marco del debate de la reforma) impulsan decisiones empresariales que terminan erosionando el empleo industrial. Aunque estos argumentos forman parte de la disputa política actual, reflejan el malestar de amplios sectores sindicales y sociales ante lo que consideran una transición económica sin redes de protección para los trabajadores.
Qué viene ahora
- La conciliación obligatoria regirá por 15 días, durante los cuales Gobierno, empresa y sindicato tendrán que intentar acercar posiciones, con el riesgo de que la protesta social y la conflictividad laboral se profundicen.
- La CGT y otros gremios aliados ratificaron grandes medidas de fuerza para acompañar a los trabajadores y cuestionar tanto el cierre como el paquete de reformas en discusión en el Congreso.
- En lo político, la polémica por el cierre de FATE ya se instaló en el debate público como ejemplo de las tensiones entre decisiones empresarias privadas, políticas macroeconómicas y la intervención estatal en un contexto de crisis industrial.