El Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario dictó el sobreseimiento de dos empresarios acusados de evasión tributaria y ordenó la liberación inmediata de uno de ellos, que cumplía prisión domiciliaria, tras la entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal.
La decisión se produjo pocos días después de que la normativa —publicada en el Boletín Oficial el 2 de enero— comenzara a regir, y fue solicitada por la defensa amparándose en la aplicación de una ley penal más benigna, tal como lo establece el Código Penal.
La causa se remonta a una denuncia realizada en 2020 por la entonces AFIP (actual ARCA) contra un empresario y su hijo por evasión simple y agravada de impuestos por alrededor de $17,1 millones entre 2016 y 2019. El principal acusado había sido condenado en abril de 2024 a tres años y seis meses de prisión, que hasta ahora cumplía en su domicilio, mientras que su hijo había sido absuelto.
La nueva ley, identificada como Ley 27.799, modificó los montos mínimos del régimen penal tributario: elevó de $1,5 millones a $100 millones el umbral de la evasión simple por tributo y por ejercicio fiscal, y de $15 millones a $1000 millones el de evasión agravada. Este cambio llevó al tribunal a considerar que las conductas imputadas ya no superan los límites penalmente punibles bajo la norma vigente.
El fiscal a cargo de la causa intentó oponerse a la solicitud de la defensa, que estuvo encabezada por los abogados Cristian Scoponi, Lucio Pérez Castelli y Sofía San Damaso. Sin embargo, el tribunal sostuvo que la ley más benigna debe aplicarse retroactivamente cuando beneficia al imputado, por lo que hizo lugar al pedido de sobreseimiento.
Como consecuencia, se ordenó la libertad inmediata del empresario que permanecía con prisión domiciliaria y, además, se levantó la prohibición de salida del país que pesaba sobre su hijo. Analistas judiciales consideran que este fallo podría sentar un precedente para otras causas similares tras los cambios introducidos por la Ley de Inocencia Fiscal.
La Ley de Inocencia Fiscal fue promovida por el Gobierno como un paso hacia la “simplificación del sistema tributario” y una mayor “razonabilidad y previsibilidad” en la persecución penal de delitos fiscales. Entre otras modificaciones, incluye mecanismos para regularizar deudas y limitar la penalización de ciertas conductas cuando el contribuyente regulariza su situación voluntariamente.