La investigación por la muerte de Ángel López en Comodoro Rivadavia dio un giro determinante en las últimas horas, luego de que los primeros resultados de la autopsia revelaran la presencia de lesiones intracraneales compatibles con una muerte violenta, lo que llevó a la fiscalía a orientar el caso hacia la hipótesis de homicidio.
El niño, de apenas cuatro años, había ingresado con vida al hospital tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en la vivienda donde residía con su madre, Mariela Altamirano, y su padrastro, pero falleció 48 horas después. Los estudios forenses detectaron traumatismos en el cráneo que no eran visibles externamente y que habrían generado un edema cerebral, con una evolución estimada de entre 48 horas y hasta más de una semana previa al deceso, lo que refuerza la sospecha de un cuadro de violencia sostenida en el tiempo.
En este contexto, la madre y su pareja quedaron en el centro de la investigación y fueron detenidos ante el riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la causa, mientras los fiscales avanzan con peritajes complementarios que permitan determinar si los golpes fueron infligidos de manera deliberada. Una de las hipótesis que se analiza es la del llamado “síndrome del bebé sacudido”, que podría explicar la gravedad de las lesiones internas sin signos externos evidentes.
El caso también expone un complejo entramado familiar previo, marcado por denuncias cruzadas y antecedentes de violencia. Según surge del expediente, el padrastro tenía registros de episodios de violencia intrafamiliar en relaciones anteriores, mientras que la madre ya había atravesado una situación judicial delicada vinculada a la tenencia de otro hijo. A su vez, el padre biológico del niño había denunciado reiteradamente que el menor no quería vivir con su madre, incluso difundiendo videos en los que el pequeño lloraba ante la posibilidad de regresar a ese entorno. Sin embargo, desde el entorno materno también se apuntaba contra el padre, quien registraba denuncias por conductas violentas previas.
Uno de los puntos más sensibles del caso está vinculado a la decisión judicial que definió el lugar de residencia del niño. La tenencia había sido otorgada a la madre por el juez de familia Pablo José Pérez, en el marco de un proceso de revinculación, luego de una disputa entre los progenitores. Esta resolución hoy se encuentra bajo fuerte cuestionamiento público, especialmente tras conocerse que el niño había quedado bajo el cuidado de la madre pocos meses antes de su muerte.
En paralelo, la fiscalía también analiza con atención las circunstancias en las que se produjo el traslado del menor al hospital. La madre declaró que intentó reanimarlo durante varios minutos antes de solicitar asistencia médica, un lapso que ahora es evaluado por los investigadores para determinar si existió negligencia o algún intento de ocultar lo ocurrido.
Mientras se esperan los resultados histopatológicos que terminarán de definir la mecánica de la muerte, el caso avanza con la madre y su pareja como principales sospechosos, en una causa que no solo busca establecer responsabilidades penales directas, sino que también volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema de protección de la niñez y las decisiones judiciales que, en este caso, terminaron siendo trágicamente cuestionadas.