El Gobierno nacional oficializó un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional centralizada, mediante el Decreto 1203/2026. La inscripción estará abierta del 1 al 30 de noviembre de 2026, con una posible prórroga única de hasta 30 días.
A quiénes alcanza
El plan está dirigido a trabajadores de planta permanente o con contrato por tiempo indeterminado, alcanzados por la Ley 25.164 y la Ley de Contrato de Trabajo. No incluye a contratados transitorios ni a personal bajo contratos del artículo 9 de la Ley Marco.
La medida se aplica a la administración pública nacional centralizada y excluye a organismos descentralizados, como ANSES. También quedan fuera las Fuerzas Armadas y de seguridad, la Secretaría de Inteligencia de Estado y el Servicio Exterior.
Compensaciones por grupos
Grupo 1: mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 sin aportes suficientes para jubilarse. Pueden elegir entre una gratificación única o el cobro del 60% del salario bruto mensual por hasta 36 meses.
Grupo 2: mujeres de 58 a 64 años y hombres de 63 a 64, con al menos 30 años de aportes. Recibirán un salario por cada año de antigüedad, con topes, más cinco remuneraciones adicionales.
Grupo 3: mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. Cobrarán un salario por cada año de antigüedad, hasta un máximo de 20 remuneraciones, más un adicional de cuatro o cinco salarios según la antigüedad.
Requisitos y condiciones
Los interesados no deben tener procesos penales o sumarios administrativos graves pendientes. Tampoco podrán adherirse quienes estén en disponibilidad, tengan una renuncia pendiente de aceptación o se encuentren en el cuarto año de licencia por afecciones de largo tratamiento.
Quienes tengan reclamos laborales contra el Estado deberán desistir formalmente de esas acciones para poder ingresar al régimen.
La adhesión implica el cese de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario. Quienes acepten no podrán reingresar al Sector Público Nacional durante ocho años.
Aprobación de cada caso
Las autoridades de cada jurisdicción podrán rechazar la solicitud si consideran que la baja afecta la prestación de servicios. Tendrán 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para resolver; si no hay aceptación expresa, el pedido se considerará rechazado.