En una medida que ha despertado gran interés en el ámbito político y judicial, el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, fue formalmente imputado por haber violado las normas de aislamiento obligatorio impuestas durante la cuarentena estricta que rigió en el país entre 2020 y 2021. La causa judicial se remonta a la denuncia realizada tras conocerse que, mientras gran parte del país permanecía bajo estrictas medidas de confinamiento, el entonces mandatario participó en un festejo de cumpleaños en la Quinta de Olivos, la residencia oficial presidencial.
El incidente que dio lugar a la imputación ocurrió en julio de 2020, cuando se llevó a cabo el cumpleaños de Fabiola Yáñez, esposa de Fernández, en medio de las restricciones impuestas por el propio gobierno nacional para contener la propagación del COVID-19. La difusión de fotografías del evento, que mostraban a varios asistentes sin respetar el distanciamiento social ni el uso de mascarillas, desató una ola de indignación en la opinión pública y derivó en una denuncia formal.
El fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la causa, considera que el exmandatario habría incumplido las disposiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que restringía reuniones sociales y exigía a la población mantener el aislamiento para evitar la propagación del virus. Fernández, en su defensa, ha admitido públicamente el error, pero sostiene que no actuó con intención dolosa.
La imputación de Alberto Fernández ha generado divisiones en el ámbito político. Mientras que sectores opositores la ven como una muestra de que «nadie está por encima de la ley», sus aliados políticos han defendido que el expresidente ya había reconocido su responsabilidad y que la denuncia busca desgastar su figura. El debate también ha alcanzado a la sociedad, que recuerda con dureza los sacrificios que millones de argentinos hicieron durante la pandemia, enfrentando restricciones severas en su vida diaria, incluidas las despedidas de seres queridos en soledad.
Por su parte, la defensa de Fernández ha solicitado que se tenga en cuenta la actitud del expresidente, quien, tras el escándalo, decidió donar parte de su salario presidencial a organizaciones de beneficencia como gesto de arrepentimiento.
El proceso judicial en curso
Si bien la imputación no implica una condena inmediata, abre la puerta a un proceso judicial que podría prolongarse en los próximos meses. El juez encargado del caso deberá determinar si existen pruebas suficientes para elevar la causa a juicio. De ser encontrado culpable, Fernández podría enfrentar sanciones económicas o incluso una inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Este caso se ha convertido en un símbolo de las tensiones que rodearon las políticas de aislamiento en Argentina, y pone nuevamente en el centro del debate la figura del expresidente, quien, durante su gestión, enfrentó varios desafíos ligados a la gestión de la pandemia. El fiscal Carlos Stornelli será clave en la conducción del proceso, que será observado con gran atención tanto por el impacto en la política nacional como por su implicancia en la percepción de las medidas de cuarentena y su cumplimiento por parte de las autoridades.