Se cerró la causa contra el titular de la Oficina Anticorrupción por haberse retirado de las investigaciones a Cristina Kirchner

Un fallo de la Cámara Federal confirmó el sobreseimiento de Felix Crous. El fiscal Stornelli pedía que se profundizara el caso para saber si existe un plan para beneficiar judicialmente a la vicepresidenta.

La Cámara Federal porteña confirmó el cierre de la denuncia contra el titular de la Oficina Anticorrupción Félix Crous porque el organismo que preside desistió de ser querellante en las causas Hotesur y Los Sauces, donde son investigados la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos.

Para la Justicia, Crous estaba habilitado a retirarse de la querella porque la acusación en la causa la lleva el fiscal del caso. Además, se señaló, la decisión de presentarse o apartarse de los procesos es potestad del titular del organismo ya que no hay un “mandato legal” para constituirse como querellante en los expedientes, según el fallo.

La jueza María Eugenia Capuchetti había entendido que no había existido delito. El fiscal Carlos Stornelli apeló, buscando que se profundizara la investigación para saber si existía un plan para beneficiar judicialmente a la vicepresidenta. Pero ahora la Cámara Federal confirmó el sobreseimiento del funcionario.

El fallo fue firmado por los jueces Mariano Llorens y sus colegas de la Cámara Penal Económica Carolina Roglio y Juan Carlos Bozon. El juez Martín Irurzun se había excusado de intervenir, mientras que sus colegas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia estaban de licencia en la segunda quincena de enero, cuando el caso fue analizado por el tribunal de alzada.

Los Sauces y Hotesur son dos de las causas que tienen como acusada a la vicepresidenta. Allí se investigan los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia Kirchner con el empresario Lázaro Báez y el empresario Cristóbal Lopez. Las acusaciones son por lavado de dinero y asociación ilícita. Los expedientes fueron elevados a juicio oral, pero el Tribunal Oral Federal no puso fecha de juicio a esos debates.

El 11 de mayo pasado, la Oficina Anticorrupción (OA) renunció a ser querellante en las causas Los Sauces y Hotesur, como un puntapié inicial de lo que después sería el retiro en otras investigaciones en trámite. A la hora de justificar el retiro, la OA habló de la necesidad de “concentrar los limitados recursos humanos con que cuenta el organismo a casos más complejos, que demanden particular experticia en delitos de corrupción pública y de mayor actualidad”.

En declaraciones periodísticas, Crous explicó que la OA nunca debió haber sido querellante en esas causas. Fue su antecesora en el cargo en tiempos macristas, Laura Alonso, la que resolvió la presentación de la OA como querellante en esos procesos e impulsó en su rol de querellante esos procesos.

Laura Alonso (Thomas Khazki)

Eso devino en una denuncia penal contra Crous que presentaron los diputados del PRO Jorge Enríquez, Graciela Ocaña, Waldo Wolff, Fernández Iglesias y Alvaro de Lamadrid. Más tarde se sumaron otros diputados de ese espacio como Ingrid Jetter, Alberto Assef, Gustavo Hein, Julio Sahad, Pablo Torello, Luis Pastori y Lorena Matzen. Y se acumularon otras denuncias que tenían como impulsoras a las diputadas de la Coalición Cívica Mónica Edith Frade, Marcela Campagnoli y Paula Oliveto, y otra hecha por la abogada Silvina Martínez, que asesoraba legalmente a Margarita Stolbizer.

Según esas presentaciones, “existe en la actualidad un plan coordinado para desbaratar las investigaciones y avanzar hacia la impunidad de Fernández de Kirchner, sus hijos y algunos de sus ex colaboradores” y el plan en cuestión “comenzó con una campaña de desprestigio de las investigaciones a partir de considerárselas parte de un sistema de ´lawfare´, conforme el cual presuntamente tales personas fueron involucradas en procesos penales como un modo de persecución política a través del sistema judicial (…) y se materializó con la designación de personas vinculadas a las imputadas en cargos públicos claves para entorpecer, inhibir, o desbaratar las investigaciones penales y las decisiones judiciales”, entre las cuales se menciona la designación de Félix Crous.

El fiscal Stornelli impulsó la causa y pidió informes para saber si desde que comenzó el gobierno de Alberto Fernández la OA renunció a querellar en otra causas y, eventualmente, en cuáles.

Carlos Stornelli (Nicolás Stulberg)

La jueza Eugenia Capuchetti analizó las actuaciones y en agosto pasado decidió sobreseer al funcionario. “Un detenido examen del marco legal que rige esa actuación a la luz de las constancias acompañadas al proceso me lleva a descartar la hipótesis delictiva esbozada por los denunciantes, más allá de las razones de mérito, oportunidad o conveniencia de la decisión administrativa adoptada por el Dr. Crous, la cual escapa al examen de este Tribunal”, afirmó. “La actuación del titular de la Oficina Anticorrupción no ha sido contraria a la ley, ni tampoco se vislumbra medio de prueba alguno que permita inferir que el ejercicio de las funciones se realizó de forma arbitraria con la voluntad de beneficiar a los imputados o perjudicar el trámite de la causa, como pretenden los denunciantes”, escribió.

Pero el fiscal Stornelli apeló la decisión. ”Cualquier temperamento conclusivo del proceso resulta a todas luces prematuro y aventurado, puesto que el análisis volcado en el resolutorio puesto en crisis, adolece, en rigor, de un debido encuadramiento en el contexto general de la hipótesis más amplia que integra el objeto procesal”, planteó.

Ahora la Cámara Federal mantuvo el sobreseimiento. “El objeto inicial del caso no fue enfocado en una eventual inacción frente a la noticia original de un ilícito o irregularidad -dijo Llorens en el fallo firmado el viernes-. Se instó a verificar si podía tener significado delictivo el desistimiento por motivos funcionales del rol de acusador particular de la OA en la instancia oral de un proceso penal -con participación de la fiscalía y de otro querellante estatal”.

Cristina Fernández de Kirchner. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

“Las evidencias dan respuesta negativa a tal interrogante. Ello así, porque es posible descartar un incumplimiento de las leyes o un uso arbitrario -o incluso novedoso- de facultades normativamente reconocidas. Partiendo de tal premisa, tampoco se cuenta con base alguna que fundamente –en derredor de la conducta concreta referida en la presente- mantener en pie la investigación por una variable típica diferente”, escribió.

A su turno, los otros jueces del fuero penal económico analizaron en detalle las normas que reglamentan el funcionamiento de la OA. “De las disposiciones legales y reglamentarias reseñadas por los considerandos que anteceden se aprecia que en el sistema jurídico vigente, el Estado Nacional cuenta con varias vías legales para intervenir como parte acusadora en causas penales, a través de diferentes áreas y representantes”, resaltaron.

“Atento las características del diseño legal del procedimiento penal que se aplica a estas actuaciones, que fueron descriptas por los considerandos que anteceden, el órgano estatal responsable de llevar adelante la acusación penal, es el Ministerio Público Fiscal, que lo hace a través del agente fiscal que lo representa en cada causa judicial, motivo por el cual el apartamiento de un querellante no necesario, de su intervención en una causa seguida por un delito de acción pública, como es el caso de los examinados por las consideraciones anteriores, carece de un efecto que se traduzca en el decaimiento total de la pretensión punitiva estatal, ya que el fiscal, solo o acompañado de otras querellas, si las hay en cada caso, debe continuar ejerciendo esa función”, se añadió.

El fallo añadió que “no se ve respaldada la afirmación en sentido de que el funcionario denunciado hubiera dictado actos contrarios a una ley o la Constitución Nacional, o que haya ejercido de manera arbitraria -en sentido técnico jurídico- la función, o que haya realizado actos prohibidos o haya omitido algún acto que hubiera estado obligado a realizar o generado la pérdida o disminución de la posibilidad de obtener un resultado determinado en el trámite de actuaciones en sede judicial”.

 

Fuente: infobae.com