El Gobierno nacional confirmó este lunes de manera oficial que en los próximos días presentará al Congreso de la Nación el ambicioso proyecto de reforma integral del Código Penal argentino, una medida emblemática dentro de las denominadas «reformas de segundo orden» destinadas a fortalecer la lucha contra la inseguridad y restaurar el orden público en todo el territorio nacional.
Esta ratificación fue anunciada públicamente por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich, quienes enfatizaron que el nuevo texto normativo busca «poner orden donde antes reinaba la barbarie», mediante el endurecimiento significativo de las penas, la agilización de los procesos judiciales y la eliminación definitiva de la conocida «puerta giratoria» que permitía liberaciones prematuras de delincuentes reincidentes. Responde a una creciente demanda social por mayor seguridad, en un contexto de altos índices de criminalidad que afectan diariamente a miles de argentinos en sus hogares, calles y espacios públicos.
Principales Ejes de la Reforma Integral
La reforma propone una unificación exhaustiva de más de mil leyes penales dispersas en diversas normativas, consolidándolas en un solo cuerpo normativo moderno, inspirado en fallos clave de la Corte Suprema de Justicia y en modelos exitosos de países como España y Estados Unidos, con un enfoque prioritario en la protección irrestricta de bienes fundamentales como la vida, la propiedad privada, la libertad individual, la familia, el honor personal, el equilibrio fiscal del Estado y la igualdad ante la ley.
Entre sus pilares estructurales, se introduce un sistema renovado de agravantes y atenuantes que considera la gravedad del hecho y las circunstancias específicas, otorgando un rol protagónico a las víctimas —quienes podrán participar activamente en todas las etapas del proceso judicial—, el decomiso anticipado de bienes provenientes del delito y la imposición de responsabilidad penal plena a las personas jurídicas involucradas en ilícitos. Adicionalmente, se amplía el régimen de «imputado colaborador» para incentivar delaciones premiadas, se implementa un seguimiento socio-judicial estricto una vez cumplida la pena principal, y se habilita la aplicación retroactiva de leyes de emergencia en casos excepcionales, asegurando que el 82% de los delitos graves se ejecuten con prisión efectiva e ininterrumpida.
Los ajustes más notorios incluyen el endurecimiento drástico de penas para homicidios: El homicidio simple asciende de 8-25 años a 10-30 años de prisión, los agravados alcanzan la perpetua de manera obligatoria, y los culposos por conducción imprudente reciben sanciones más severas para disuadir la negligencia vial.
Se incorporan nuevas tipificaciones delictivas adaptadas a la era digital, como el «stealthing» (retiro no consentido del preservativo durante relaciones sexuales), acoso o hostigamiento sistemático, «secuestro virtual» mediante llamadas fraudulentas, estafas impulsadas por inteligencia artificial (IA), pornovenganza, y una amplia gama de delitos informáticos que explotan vulnerabilidades tecnológicas.
Asimismo, se agravan penas por narcotráfico (con máximos elevados), trata de personas, grooming infantil, corrupción en el deporte, bloqueos de vías públicas por piquetes, crueldad animal sistemática, delitos ambientales graves, y expresiones de odio o discriminación contra grupos vulnerables; los crímenes más atroces como homicidio agravado, abusos sexuales en todas sus formas, narcotráfico y trata se declaran imprescriptibles, eliminando cualquier caducidad temporal para su persecución judicial. Otras innovaciones abarcan responsabilidad penal por omisión en cadenas de mando jerárquicas, penas accesorias como «días-multa» equivalentes a medio salario mínimo (convertibles en prisión si no se pagan), y restricciones estrictas a la libertad condicional para reincidentes en delitos graves.
Contexto político y controversias
El proyecto fue gestado por una comisión de juristas de renombre, presidida por expertos como Mariano Borinsky y Jorge Buompadre, y presentado formalmente por el presidente Milei junto a Patricia Bullrich en octubre de 2025, en un acto simbólico realizado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, con la presencia de ministros, magistrados, fiscales y representantes de organizaciones como la AMIA y las Madres del Dolor, tras amplias consultas con actores del sistema judicial.
Este contexto surge en un año políticamente cargado, marcado por tensiones legislativas y el compromiso presidencial de «tolerancia cero» ante la delincuencia, aunque enfrenta críticas feroces de opositores y juristas progresistas, quienes lo tildan de «populismo penal» por priorizar el aumento generalizado de penas sin abordar raíces estructurales como la lentitud judicial, la falta de recursos penitenciarios o la prevención social.
El envío inminente al Congreso representa un paso crucial para el oficialismo, en medio de un debate nacional sobre seguridad que podría definir alianzas parlamentarias y el rumbo legislativo de 2026.