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Asciende a 18 la cifra de detenidos por abuso sexual y explotación sexual infantil

La autopsia realizada al cuerpo encontrado el fin de semana en el dique La Ciénaga, correspondiente a un empleado de la residencial allanada el pasado 7 de noviembre, descartó signos de violencia externa o arrastre, concluyendo que la causa de muerte habría sido suicidio por ahorcamiento. Paralelamente, se efectuó una nueva detención que eleva a 18 el número de personas con prisión preventiva en el marco de la investigación sobre una red de explotación sexual de menores.

Autopsia preliminar

El fiscal especializado en ciberdelitos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Dr. Rodrigo Fernández Ríos, informó que la autopsia, a cargo del Dr. Rodrigo Montes de Oca, determinó que el cuerpo no presentaba lesiones externas compatibles con una muerte violenta. La única marca era un surco de ahorcadura en el cuello. Además, el cuerpo, en avanzado estado de descomposición, no tenía excoriaciones ni signos de arrastre.

El fallecido, según el fiscal regional Walter Rondón, trabajaba en tareas administrativas en la residencial Rannys, ubicada cerca de la vieja terminal de ómnibus, y tenía vínculo de parentesco con uno de los detenidos en la causa. El legajo por búsqueda de persona se había iniciado el 11 de noviembre tras su desaparición.

Investigación

Con la última detención efectuada este lunes, el número de personas con prisión preventiva asciende a 18. Desde el inicio de los operativos, el 5 de noviembre, se realizaron múltiples allanamientos que derivaron en la detención de seis personas en el primer procedimiento, ocho en el segundo, tres en días posteriores y una más esta semana. También se secuestraron dispositivos electrónicos como celulares, notebooks y discos rígidos.

Las imputaciones incluyen delitos graves como corrupción de menores, promoción de la prostitución y distribución de material de abuso sexual infantil. A su vez, no se descarta la existencia de una asociación ilícita.

El trabajo del área informática forense sigue en marcha con la extracción y análisis de datos de los dispositivos incautados, mientras que continúan las audiencias imputativas y se preparan entrevistas videograbadas con las menores víctimas.

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