La decisión judicial de conceder prisión domiciliaria a un empresario imputado por presunto abuso sexual reiterado contra una niña generó profunda conmoción y malestar social en Jujuy, reavivando el debate sobre el accionar de la Justicia en causas de extrema gravedad.
Se trata de O. E. K., de 48 años, quien se encontraba detenido y fue beneficiado con el cumplimiento de la medida cautelar en su domicilio por disposición del juez Marco Andrés Espinassi. El acusado enfrenta cargos por abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la guarda, en concurso real, en una causa que involucra múltiples hechos.
De acuerdo a lo informado en las actuaciones judiciales, la medida fue dispuesta pese a la gravedad de los delitos imputados y al impacto que el caso tuvo desde su inicio. La fiscalía sostiene la acusación por reiterados abusos contra una menor, mientras la causa continúa su curso procesal.
La resolución judicial no pasó inadvertida. Diversos sectores de la sociedad jujeña expresaron indignación y preocupación, señalando el riesgo simbólico e institucional que implica conceder beneficios de este tipo en delitos contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes.
El caso vuelve a poner bajo la lupa los criterios utilizados por el Poder Judicial al momento de evaluar medidas alternativas a la prisión preventiva, especialmente en causas sensibles que involucran a víctimas menores de edad. Organizaciones vinculadas a la protección de la infancia y referentes sociales advierten que este tipo de decisiones puede desalentar denuncias y profundizar la desconfianza en el sistema judicial.
Mientras tanto, el proceso judicial sigue abierto y el acusado continuará bajo prisión domiciliaria, una situación que mantiene en vilo a la opinión pública y refuerza el reclamo social por una justicia con perspectiva de niñez y de derechos humanos.