La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó su descontento con los legisladores que votaron en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que asignaba 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia (SIDE), acusándolos de «ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo». Según Bullrich, los fondos del DNU eran cruciales para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y garantizar mayor seguridad en Argentina.
Bullrich criticó a diputados de su propio partido, PRO, y de otros bloques que votaron junto con el kirchnerismo para rechazar el decreto, calificando su decisión de «inconsciente e irresponsable». También cuestionó al expresidente Mauricio Macri por no apoyar la medida propuesta por el presidente Javier Milei, sugiriendo que el rechazo al DNU beneficiaba a los criminales.
Por otro lado, legisladores como Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, y Gastón Manes, de la UCR, respondieron a las acusaciones de Bullrich. López invitó a la ministra a presentarse en el Congreso para explicar las necesidades presupuestarias de su ministerio, mientras que Manes calificó de «disparate» las declaraciones de Bullrich, argumentando que quienes votaron en contra del DNU estaban protegiendo las prioridades de los argentinos y cuestionando la eficacia del actual ministerio en la lucha contra el crimen organizado.
La controversia en torno al DNU que otorgaba 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia (SIDE) ha generado una intensa disputa política, con fuertes declaraciones y recriminaciones entre funcionarios del gobierno y legisladores de la oposición.
El Contexto del DNU
El Decreto de Necesidad y Urgencia, propuesto por el presidente Javier Milei y defendido por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tenía como objetivo destinar fondos adicionales a la SIDE para reforzar la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. Según Bullrich, este financiamiento es fundamental para enfrentar amenazas como el narcotráfico, el narcoterrorismo, y las amenazas contra el Presidente de la Nación, especialmente en regiones como Rosario y la Triple Frontera, donde las actividades delictivas se han intensificado.
Las Críticas al DNU
El rechazo al DNU en el Congreso fue impulsado por una alianza entre el kirchnerismo y legisladores de otros bloques opositores, incluyendo miembros del PRO y la Coalición Cívica, quienes consideraron que la medida no estaba suficientemente justificada. Los opositores argumentaron que no se proporcionó la información necesaria para justificar el gasto, señalando que la Comisión Bicameral de Inteligencia es la única habilitada para recibir detalles sensibles sobre estos fondos, lo que generó desconfianza en la transparencia del proceso.
Las Declaraciones de Patricia Bullrich
Patricia Bullrich arremetió contra los legisladores que votaron en contra, acusándolos de alinearse con intereses criminales al impedir el fortalecimiento de los organismos de inteligencia. Además, criticó duramente a miembros de su propio partido, el PRO, por su «inconsciencia» al no apoyar la medida, y especialmente al expresidente Mauricio Macri, quien no respaldó la iniciativa. Para Bullrich, la falta de apoyo al DNU representa una amenaza para la seguridad nacional, al privar a la inteligencia de los recursos necesarios para combatir el crimen organizado.
Respuesta de los Legisladores
En respuesta, el diputado Juan Manuel López invitó a Bullrich a presentarse en el Congreso para justificar la necesidad de los fondos solicitados, sugiriendo que la ministra no estaba proporcionando la transparencia requerida para un gasto de tal magnitud. Por su parte, Gastón Manes, presidente de la Convención Nacional de la UCR, calificó las declaraciones de Bullrich como exageradas, argumentando que el verdadero deber del gobierno es asegurar un ministerio de seguridad eficaz, capaz de combatir las mafias y el narcoterrorismo sin recurrir a medidas controvertidas como el DNU.
El Impacto Político
Este enfrentamiento ha puesto en evidencia las divisiones dentro de la coalición gobernante y entre las distintas facciones opositoras, revelando tensiones sobre cómo se deben manejar los asuntos de seguridad e inteligencia en el país. La discusión sobre el DNU no solo refleja diferencias ideológicas, sino también un debate más amplio sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de fondos públicos para la seguridad nacional.
En conclusión, el rechazo del DNU ha desatado una crisis política que pone en cuestión la estrategia del gobierno para enfrentar amenazas a la seguridad, al tiempo que expone fracturas dentro de las principales fuerzas políticas del país.