Faltaban detener a 3 de los 22. Uno se presentó esta mañana en el juzgado, mientras se esperaba a los otros dos: Martín Terra y Dominique Lasaigues, que avisaron que se entregarían. Pedidos de excarcelación y aval fiscal de prisión domiciliaria para Martinengo y otras mujeres arrestadas. Adelantaron para este viernes la declaración de Alan Ruiz.
Susana Martinengo, la ex funcionaria de Cambiemos que coordinaba un área de Documentación Presidencial de Mauricio Macri y se reunía con espías en la Casa Rosada, enfrentará hoy al juez Federico Villena, que mandó detenerla acusada de ser parte de una asociación ilícita que violó a ley de inteligencia con el fin de “influir en la situación institucional, política, social, judicial y económica del país”, además de “en la vida interna de los partidos políticos” y “la opinión pública”. Por lo menos recibió una buena noticia: según confirmaron fuentes judiciales, la fiscal Cecilia Incardona dictaminó en favor de otorgarle la prisión domiciliaria porque tiene 64 años y es paciente de riesgo de coronarivus.
Anoche, otra de las detenidas, Maria Mercedes Funes Silva, consiguió la prisión domiciliaria. La mujer, de 40 años, tiene una hija menor con problemas de autismo y se decidió enviarla a su casa detenida, con pulsera electrónica, en base a las nuevas pautas establecidas en noviembre pasado para limitar las prisiones preventivas. Otra de las imputadas, Belén Saez, nunca llegó a ir a una dependencia policial porque tiene un bebe de tres meses. Es posible que otras mujeres de la causa, que también tienen hijos menores, consigan la detención domiciliaria en las próximas horas, añadieron las fuentes.
Detenida desde el martes, Martinengo está incomunicada en una dependencia de la Policía Federal a donde fueron llevados los arrestados a la espera de sus indagatorias. Hoy, cuando la lleven al juzgado de Lomas de Zamora, la ex funcionaria tiene la decisión de declarar. Según adelantaron fuentes consultadas, Martinengo negará las acusaciones y buscará minimizar el voltaje de los indicios en su contra. Le achacan haber tenido contactos con espías del grupo SuperMarioBross, recibir informes de inteligencia y habérselos entregado al secretario privado de Macri, Darío Nieto.
La situación de Nieto, en tanto, está en la mira del juzgado: mientras el ex funcionario dio distintas entrevistas diciendo que lo involucraban a él para atacar a Macri y que ponía las manos en el fuego por el ex presidente, el juez Villena decidió rechazar su eximición de prisión por haber tenido una “actitud evasiva” durante el allanamiento que se hizo en su casa el jueves. Su defensa apeló la decisión a la Cámara Federal de La Plata. Pero además reclamó la nulidad del allanamiento y el secuestro de su celular.
Según surge de la documentación del juzgado, el jueves pasado, cuando la policía fue a buscarlo, el joven se encerró en el auto, manipuló el teléfono y dio alerta a sus familiares y conocidos de que habían llegado en un operativo a su casa. Todo sucedió frente a policías y el obrar, dijo el juez, pudo haber ayudado a la destrucción de evidencia. Nieto, en declaraciones a la prensa, negó haberse atrincherado y haber borrado mensajes.
Si borró o no sus mensajes, como había trascendido, es una información que no fue confirmada en fuentes judiciales. Lo que sí, precisaron los investigadores, es que todo el material ya está siendo peritado y que, de haber algún intento de borrado de ese material, personal especializado puede recuperarlo. Sobre eso estaban trabajando por estas horas y confían en que los resultados de esos análisis estén en poder del juzgado en breve.
El turno de las indagatorias
Ademas de Martinengo, este jueves serán trasladados al juzgado el ex jefe de Contrainteligencia Diego Luis Dalmau Pereyra, y los espías Jorge “Turco” Sáez, Leandro César Araque, Facundo Melo, Emiliano Federico Matta y María Mercedes Funes Silva. Todos ellos habían sido convocados por la comisión bicameral de fiscalización y organismos de inteligencia y habían dado detalles, confirmando las operaciones que realizaban. La mayoría apuntó contra Alan Ruiz, el director de Operaciones Especiales que ya está detenido en la causa por el espionaje al Instituto Patria. Pero también dispararon por elevación a los directivos de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Alan Ruiz estaba citado a declarar para el próximo lunes, pero su defensor pidió adelantarla. Lo esperan este viernes, a las 9.30.
Habrá que ver si alguno busca probar suerte de convertirse en arrepentido. Para aplicar esa figura, tiene que aportar información verificable que el juzgado ya no tenga y apuntar hacia arriba. Como mostró la causa de los cuadernos, aun si un detenido logra llegar a un acuerdo como imputado-colaborador con la fiscalía, será después el juez el que deba convalidarlo.
La causa por el espionaje ilegal se abrió en marzo pasado a partir del testimonio del narcotraficante Sergio “Verdura” Rodríguez y destapó una red de espionaje ilegal que tuvo como objetivos a unas 50 víctimas. Desde la vicepresidenta Cristina Kirchner, al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal hasta los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, los ex diputados del PRO Emilio Monzó y Nicolás Massot, y los intendentes o ex intendentes Pablo Bruera, Jorge Ferraresi, Martín Insaurralde o Fernando Espinoza.
A la lista se sumaron también la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, la titular del INADI Victoria Donda y distintos organizaciones sociales, como la de comunidad mapuche o la que encabeza Juan Grabois. También figura Salvatore Pica, ex novio de Florencia Macri, hermana del ex presidente. La lista de involucrados incluye también a jueces. El único nombre oficializado hasta es el del camarista Martín Irurzun -ya convocado como víctima-, pero hay un legajo que incluye a más magistrados, entre ellos al menos un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, hasta ahora no fueron invitados a convertirse en querellantes.
Otra parte de la investigación apunta a saber si también se espiaba a presos. En la cárcel de Melchor Romero y en Ezeiza se encontraron cableados, cámaras y micrófonos que están siendo peritados. Ya fueron convocados como víctimas Lázaro Báez, Cristóbal Lopez, Fabián De Sousa y Gerardo Ferreyra, entre otros.
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El martes, en medio de planteos de recusación de algunas defensas sin resolver, Villena sacudió el tablero de la causa: ordenó 22 órdenes de detención con fines de indagatoria para Martinengo y los espías o integrantes del grupo SuperMarioBrosss. Ese mismo día fueron atrapados 17 de esos imputados. Otros dos –Guillermo Matta y Jonathan Leiva– fueron apresados durante el miércoles.
Pero quedaron sin arrestar el chef Martín Terra, el ex marido de la empresaria Analía Maiorana, que ocupaba un cargo en la AFI desde 2016; y Dominique Lasaigues, que trabajaba en el Gobierno de la Ciudad. Durante las últimas horas sus defensas intentaron una eximisión de prisión, pero hoy mismo se entregarían en el juzgado sabiendo que su situación puede complicarse si no lo hacen.
Hasta hoy no había noticias de un agentes de AFI que registraba ingresos a la Casa Rosada llamado Javier Bustos, pero ya quedó detenido. Como se especulaba con que iba a convertirse en el primer prófugo, el ex agente apareció en el juzgado con su abogado. “Para evitar mayores inconvenientes que venga conmigo al juzgado, cosa que hizo hace 5 minutos, se presentó, se entregó, entregó su celular. Se está formalizando su detención por intermedio de la policía federal y después el juez va a determinar si lo indaga hoy o en otra oportunidad, explicó ante los periodistas el abogado Ramón Arigos.
Durante el miércoles, en medio de un fuerte operativo de seguridad y demoras en la llegada de los detenidos por los nuevos controles por la cuarentena restrictiva, el juez Villena comenzó la ronda de indagatorias. Los primeros convocados fueron una tanda de nueve acusados, que a la medianoche seguían declarando. Se trata de las segundas líneas de la AFI, porque la expectativa está puesta en los que declaren este jueves.
La ronda de indagatorias se abrió con Belén Saez, Daiana Romina Baldassarre, Denise Aya Tenorio, María Belén Sáez, María Andrea Fermani, Mariano Ignacio Flores, Jorge Guillermo Ochoa, Gustavo Marcelo Ciccarelli, Andrés Patricio Rodríguez y Juan Carlos Rodríguez.
Belén Sáez, la hija de “Turco” Saez, fue la primera en llegar al juzgado. En su descargo, habló de maltrato laboral sobre todo por parte de Alan Ruiz -preso por la causa del Instituto Patria y citado a declarar el próximo lunes-. En tanto, el policía Cicarelli afirmó que era amigo de Turco Saez y que éste le ofreció trabajo en la AFI, pero que nunca llegó hacer tareas de espionaje.
En medio de las indagatorias, uno de los acusados quedó desafectado de su trabajo. Así lo informó el Servicio Penitenciario Bonaerense, al anunciar el pase a disponibilidad de Andrés Patricio Rodríguez, ligado a las cámaras que se habrian llevado a la cárcel de Melchor Romero. Según precisó el SPB, Rodríguez, penitenciario desde 2001, había sido trasladado en la gestión Cambiemos a la Dirección de Inteligencia de la Subsecretaría de Política Penitenciaria del entonces Ministerio de Justicia de la provincia. Desde el 13 de julio de 2018 hasta el 24 de noviembre de 2019 cumplió funciones en la AFI. Al regreso de la AFI, en noviembre de 2019, fue destinado a la Dirección de Trabajo Penitenciario, donde cumplía funciones hasta que fue arrestado.
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Según pudo reconstruir el medio Infobae de las indagatorias de este miércoles, a todos se les leyó una imputación genérica: “formar parte de una organización con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, integrada por una cantidad indeterminada de personas, entre quienes se encontraban funcionarios públicos y agentes de distintas Fuerzas de Seguridad y de Inteligencia”. El juez les dijo que “esta organización se habría dedicado, mediante el uso abusivo y sistematizado de medios investigativos ilegales o bajo un aparente manto de legalidad, a la realización de seguimientos, toma de vistas fotográficas, obtención de video filmaciones, recopilación de datos y confección de informes personales, acceso ilegítimo a base de datos, a la infiltración en distintos grupos y organización sociales y a provocar el inicio irregular de investigaciones judiciales, entre otras maniobras ilícitas, afectando la intimidad de las victimas y colocándolas en situaciones de vulnerabilidad, como ser el desprestigio personal, la violencia moral y la coacción psicológica, entre otras”.
Y añadió: “todo ello tuvo por finalidad influir en la situación institucional, política, social, judicial y económica del país, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo, por sus acciones privadas, opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones religiosas, partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollaran las víctimas en cualquier esfera de acción”.
La mayoría de los que desfilaron el miércoles por el juzgado optó por declarar -algunos sin contestar preguntas-. Hubo un denominar común en sus exposiciones para sostener que hacían el trabajo que les encomendaban y que no sabían que no eran tareas judicializadas. Algunos señalaron que, según les decían, los trabajos los pedía “la 8”, en alusión a Majdalani.
Pero todos los que desfilaron este miércoles por el juzgado de Villana reclamaron las excarcelaciones por entender que no hay riesgos procesales en su contra. Los detenidos seguirán alojados por ahora en dependencias de Investigaciones o Drogas Peligrosas de la Policía Federal. Es que no se dispuso el traslado a una cárcel federal por los riesgos del coronavirus.
Fuente: infobae.com