Este lunes 1 de agosto a las 8.30, dará inicio la etapa de alegatos en el juicio conocido como «Causa Vialidad». El fiscal Diego Luciani buscará acusar a la expresidenta Cristina Fernández como “jefa de asociación ilícita y defraudación al Estado” a partir del presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez.
La vicepresidente enfrentará durante nueve audiencias -debe estar presente sí o sí y lo hará por Zoom- la instancia final de su primer juicio oral, y el más importante de todos, acusada de asociación ilícita y fraude al Estado. Con el reinicio de la actividad judicial, hoy el fiscal presentará su alegato y expondrá los argumentos de su acusación. La vicepresidenta sostuvo que van a condenarla, que la sentencia ya está escrita; el kirchnerismo dijo que la intención es «proscribirla»
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) planea dictar su veredicto antes de fin de año. Para eso, el cronograma es muy ajustado. Antes, deben presentar sus alegatos la fiscalía y las defensas que empiezan este lunes con el fiscal Diego Luciani, que durante nueve jornadas sostendrá su acusación. Después alegan las defensas, en orden alfabético y que en total son 13, entre ellas Cristina Kirchner.
Las audiencias son tres veces por semana y está previsto que los alegatos demoren cuatro meses en total. Una vez terminados, el TOF 2 fijará una fecha para las «últimas palabras» y el veredicto.
La causa
Para entender de qué se acusa a la vicepresidenta, el periodista Diego Cabot, hizo un repaso.
Un capítulo importante comenzó a escribirse el 28 de febrero de 2007. En aquel momento, la actual vicepresidenta era senadora por la provincia de Buenos Aires y se presentó en la escribanía de Ricardo Albornoz para firmar un contrato con Austral Construcciones, una permuta. Por un lado, la constructora le transfería un lote en El Calafate (individualizado como Quinta 10.A) y, a cambio, la entonces legisladora hacía lo propio con la mitad de otro lote de 87.000 metros cuadrados ubicado en las afueras de la ciudad. En el terreno que recibió Cristina Kirchner se construyó una parte de Los Sauces, un hotel boutique pegado a su casa. En el otro, nació una sociedad comercial en un 50% cada uno que dura hasta estos días.
Austral Construcciones no paraba de ganar licitaciones en el Sur del país y era una maquinaria perfecta entre las direcciones de Vialidad nacional y provincial que proveían contratos al preferido del entonces presidente, Néstor Kirchner.
En aquel verano, la empresa se adjudicó uno de los contratos más polémicos. Apenas cinco días después de haber firmado la permuta entre Cristina Kirchner y la empresa de Báez, Austral Construcciones, mediante el expediente 9067/2007, ganó una licitación para realizar las «obras básicas y enripiado de la ruta provincial número 9, tramo empalme con ruta nacional 3 y empalme ruta nacional 40.
Esa obra es una de las que se investigan en la causa Vialidad para fundar las acusaciones contra Cristina Kirchner. «Se observa que entre la aprobación del pliego y la autorización del llamado (1 de diciembre de 2006), y la adjudicación y firma del contrato respectivo con Austral Construcciones S.A. (5 de marzo de 2007), transcurrieron solo tres meses. Y ello, aun cuando dentro de ese lapso de tiempo fue firmado un convenio entre organismos provinciales y nacionales, por el cual se modificó el proyecto original», dice una sentencia de la Sala I de septiembre de 2017 en la que se confirman los procesamientos de Cristina Fernández, Julio De Vido, José López y Lázaro Báez, entre otros.
Como indica la nota de Cabot, los negocios privados entre la familia Kirchner y Báez están presentes a lo largo de toda la investigación y la acusación que formularon los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita. «Se ha podido corroborar la maniobra de corrupción por la cual desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por prácticamente 46.000 millones de pesos», se lee en los primeros párrafos de aquella pieza procesal.
«Los miembros de la organización criminal investigada para cumplir con su objetivo, escogieron a la obra pública vial como uno de los medios propicios para obtener el dinero del Tesoro Nacional; convirtieron en empresario de la construcción a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad; seleccionaron a la provincia de Santa Cruz como el lugar en donde se ejecutaría la matriz de corrupción; y acordaron generar un éxito continuo y permanente del plan delictivo concertando sucesivos proyectos perjudiciales para hacerse ilícitamente de los fondos públicos, a través de la puesta en marcha y sostenimiento de una maquinaria eficaz -en base al diseño de un esquema de beneficios exclusivos y permanentes- para direccionar y sustraer fondos del Estado a favor de Lázaro Báez, quien se encontraba -como privado- del otro lado de cada contratación perjudicial»
Condena escrita
En varios videos que compartió en sus redes sociales, Cristina Kirchner responsabilizó hace unas semanas a la Corte de las decisiones que los tribunales de Comodoro Py tomaron contra exfuncionarios kirchneristas acusados de corrupción y, específicamente, del avance del caso Vialidad.
Dijo que cuando el máximo tribunal rechazó sus planteos contra el avance del caso prejuzgó en su contra. Y afirmó: «Dio un aval anticipado para la condena que, tal como dije el 1° de diciembre de 2019 ante el Tribunal Oral, ya la tienen escrita y creo, a esta altura, hasta firmada»