La justicia argentina ha ordenado el decomiso y la posterior administración y subasta de una lista significativa de bienes pertenecientes a Cristina Kirchner, así como a otros condenados y miembros de su familia, en el marco de la causa por corrupción conocida como «Vialidad». La resolución judicial, que adquirió firmeza en junio de 2025, busca recuperar los fondos públicos defraudados y garantizar el cumplimiento de la sanción impuesta.
Lista detallada de bienes decomisados a Cristina Kirchner y asociados
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Inmuebles:
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Más de 20 propiedades, entre ellas un inmueble en el Departamento III Lago Argentino, sobre la Avenida 17 de Octubre al 800, con una superficie de 6.001,64 metros cuadrados, adquirido en 2007.
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Propiedades heredadas y cedidas:
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Propiedades a nombre de su hijo Máximo Kirchner y de su hija Florencia Kirchner, las cuales fueron adquiridas o heredadas durante su mandato y posteriormente sometidas a proceso de decomiso.
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Bienes muebles e inmuebles vinculados:
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Incluyen terrenos, hoteles, departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires, la Ciudad Autónoma y propiedades que fueron adquiridas por miembros de su familia y socios, incluyendo sociedades vinculadas a Lázaro Báez como Austral Construcciones, Kank y Costilla, y Loscalzo y Del Curto.
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Otros activos:
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Sumas de dinero por un valor actualizado cercano a los 685.000 millones de pesos (aproximadamente 4.5 mil millones de dólares), además de otros bienes y activos identificados en la causa como instrumentos o productos del delito.
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Contexto adicional
La orden judicial responde a una condena por administración fraudulenta contra el Estado, vinculada a la adjudicación irregular de obras públicas en Santa Cruz durante su gestión presidencial, que implicó sobreprecios, cartelización y falta de controles. La medida de decomiso y subasta apunta a recuperar esos fondos y activos ilícitos, reforzando el combate contra la corrupción en Argentina. La resolución también incluye bienes de otros condenados como Lázaro Báez y exfuncionarios, que en conjunto suman un monto que supera los 684 mil millones de pesos.
Significado de la medida
Este decomiso refleja la voluntad de la Justicia argentina de no solo sancionar a los responsables, sino también de recuperar bienes y recursos públicos, asegurando mayor transparencia en los procesos judiciales y una reivindicación del Estado de Derecho frente a casos emblemáticos de corrupción.