Luego de realizados los operativos de allanamientos y detenciones en la causa que investiga los delitos de presunta “cartelización de obra pública” se conocieron algunas cuestiones vinculadas a la situación de los imputados. Algunos de ellos no se encuentran arrestados ya que padecen un estado de salud delicado, mientras que el resto comparte el lugar de detención, lo que habría generado ciertos intercambios de palabras entre algunos de ellos.
Los detenidos ex funcionarios de la causa son Luis Horacio Cosentini, ex Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial; Jorge Luis Vergara, quien durante la gestión de Cosentini estaba abocado al área técnica de la cartera de referencia; y Juan Ignacio Mónaco, quien era jefe de despacho.
Por su parte, Fortunato Abdala, que se desempeñaba como Asesor Técnico, se encuentra en su domicilio en razón de estar cursando una enfermedad; el caso de Nicolás Herrera Liprandi, se desempeñaba como Coordinador del Área Contable del Ministerio de Vivienda, fue considerado por el fiscal que quedó a cargo de la causa porque la esposa cursaba un embarazo en fecha, por lo tanto se lo autorizó a que se ocupe de su situación familiar.
EMPRESA DE SERVICIOS SAN JOSÉ
Se encuentran detenidos en el mismo lugar José Luis Huespe y Felipe Fernando Huespe. El primero de ellos sería el propietario de la empresa Servicios San José SRL mientras que Felipe Fernando Huespe se habría desempeñado como apoderado de la empresa de su hermano. Según la fiscalía, Servicios San José se presentaba en los concursos de precios junto a las otras 3 empresas cuestionadas, y siempre habría ganado sólo aquellas obras de enripiado y apertura de calles.
El caso de dicha empresa tiene a una tercera detenida que es Andrea Karina Huespe, hermana de los otros dos imputados, quien también figuraría como apoderada de la empresa de su hermano José Luis. Karina Huespe fue autorizada a permanecer detenida en su domicilio a raíz de una situación de salud que habría sufrido días antes de su arresto.
En relación a la empresa de referencia, el Boletín Oficial consigna presunto alquiler de máquinas pesadas, por ejemplo en el marco de la “Emergencia 2008/2009”. Entre otras Resoluciones Ministeriales que se encuentran publicadas.
EMPRENDIMIENTO CITRÍCOLA DEL NORTE S.A.
El 26 de noviembre del año 2003 Guillermo Marcelo Fíad constituye junto a otro socio, la empresa Emprendimiento Citrícola del Norte S.A., según el Boletín oficial N° 92 de fecha 18 de Abril de 2004.
Según la requisitoria fiscal, Fíad habría participado del presunto ilícito que se le imputa junto a las otras 3 empresas referidas. Citrícola del Norte sólo habría obtenido las obras de limpieza de terrenos y construcción de calles, además de alquiler de maquinaria pesada.
Guillermo Fíad no fue detenido por razones humanitarias, ya que se encuentra cursando una enfermedad que requiere de atención permanente.
TARUCA SRL
El día lunes 6 del corriente se presentó ante la fiscalía el último de los empresarios que restaba ser arrestado, Carlos Alberto Bizzi, quien habría sido el titular de la empresa TARUCA SRL. Bizzi actualmente viviría en la provincia de Salta y quedó detenido una vez que se presentó ante el juzgado interviniente.
Bizzi no era el único socio de la empresa, según consigna el Boletín Oficial N° 134 del 25 de noviembre del 2019. Aparentemente se encontraría en una situación familiar delicada, por lo que se espera ampliación de declaración indagatoria. Podría acogerse a la figura del imputado colaborador.
INBER SRL
Entre los empresarios, quienes comparten lugar de detención son: Rodrigo Insausti y Néstor Berardi, quienes el 25 de Agosto del año 2008 constituyeron la empresa INBER SRL según consigna el Boletín Oficial de la Provincia N°94 correspondiente a la fecha antes mencionada.
El 20 de Abril de 2017, en declaración ante la Justicia, por la causa conocida como “Los Audios”, Insausti habría declarado que la parte societaria correspondiente a Berardi se encontraba en situación de traspaso a otra persona.
El 18 de Setiembre de 2008, los socios Insausti y Berardi se reunieron para designar a un administrador y representante legal de la empresa (acto que queda publicado en el Boletín Oficial de la Provincia N° 134 del 2/12/2009) y Gerente de la firma. Éste movimiento queda consignado en Acta N° 2 de INBER SRL publicada en el Boletín Oficial de la Provincia N° 136 de fecha 2/12/2009.
En el acta N° 29 de la empresa INBER SRL, del 09 de Noviembre de 2012 los socios aceptan la renuncia de quien hasta ese día se desempeñaba como gerente de la firma, proponiendo Insausti a Héctor Angel Merlo como reemplazante, según Boletín Oficial N° 118 del 24/10/2014.
En el acta N° 43 del día 2 de Diciembre de 2014, se reúnen los socios junto al Gerente Héctor Merlo, para detallar la “evaluación de su gestión” y es designado Merlo para continuar en el cargo durante el siguiente período (2015). En dicha convocatoria, Merlo “efectúa una exposición de las actividades realizadas y los resultados obtenidos en su gestión”, que resultaron aprobadas por Insausti y Berardi. Todo esto consignado en el Boletín Oficial de la Provincia N° 17 del 11/02/2015.
Cabe aclarar que la investigación de la causa efectuada por el Ministerio Público de la Acusación, sustanciado en una Resolución del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Jujuy, cuestiona concursos de precios y licitaciones otorgadas entre febrero de 2014 y octubre de 2015; período en el que Héctor A. Merlo se desempeñó como Gerente de INBER SRL, según el Boletín Oficial.
Merlo podría ser llamado a declarar en los próximos días. Si lo hace en calidad de testigo, estaría obligado a decir verdad, si lo hace como imputado colaborador estaría obligado a detallar las operaciones efectuadas por la empresa que gerenciaba durante los años 2014 y 2015.
Según pudo saber éste medio, en el lugar de detención habría existido un altercado entre Berardi e Insausti a raíz de las actuaciones judiciales que habría llevado adelante uno de ellos, luego de ganar un juicio en el Juzgado Contencioso Administrativo por obras que habrían sido cuestionadas por la actual gestión.
LA CAUSA
Según la investigación, las empresas se habrían dedicado a la contratación de obra pública, presuntamente conociendo el resultado de las adjudicaciones en los concursos de precios que publicaba el Ministerio de Vivienda de la Provincia. Las mismas, según la justicia, habrían acordado previamente el precio de las obras a adjudicarse, coordinando entre sí las propuestas de manera tal de direccionar la adjudicación pertinente.
La acusación además indica que en el patrón de las contrataciones existirían maniobras sospechosas relacionadas a la cronología en las que las empresas mencionadas habrían obtenido las adjudicaciones. Lo descripto indica que habría períodos de semanas en los que sólo se habría contratado a una sola de las empresas usualmente ganadora, en varios casos una misma habría ganado entre 2 y 4 concursos en el término de 24 horas.