El Gobierno nacional de Argentina, encabezado por Javier Milei, anunció el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) junto a otros organismos estatales, en el marco de una profunda reestructuración administrativa. La medida, que será oficializada mediante decreto, implica la eliminación del organismo responsable del diseño, construcción y mantenimiento de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, afectando a más de 5.500 trabajadores en todo el país. Las funciones de la DNV serán absorbidas por el Ministerio de Economía y una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que fiscalizará las concesiones viales.
El cierre de la DNV se enmarca en una serie de reformas estructurales que buscan reducir el tamaño del Estado y optimizar el uso de los recursos públicos. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, la decisión responde a la necesidad de terminar con lo que calificó como “un ícono de la corrupción” en la obra pública, y a la intención de transferir la gestión vial al sector privado para lograr mayor eficiencia y ahorro fiscal. El Gobierno también anunció la apertura a licitación de más de 9.000 kilómetros de rutas, argumentando que el esquema anterior generó altos costos y baja calidad en los servicios.
Además de la DNV, la reestructuración alcanza a otras entidades, como la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el INADI, el Instituto Nacional de Semillas, y varios institutos históricos y culturales. Algunas de estas instituciones fueron directamente disueltas, mientras que otras se transformaron en unidades organizativas dependientes de diferentes ministerios, con el objetivo de eliminar la superposición de funciones y reducir el gasto público. El Gobierno estima un ahorro anual de aproximadamente 2.000 millones de dólares por la reducción y fusión de organismos.
La decisión generó preocupación en sindicatos y especialistas del sector vial, quienes advierten sobre el riesgo de abandono de las rutas nacionales y la pérdida de miles de empleos. También se señala la incertidumbre respecto al futuro del mantenimiento vial y la posible concentración de funciones en el sector privado. El Ejecutivo, por su parte, sostiene que la reorganización permitirá un Estado más eficiente y transparente, alineado con los objetivos de equilibrio fiscal y modernización administrativa que promueve la actual gestión.