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Universidades ganan: Justicia ordenó la puesta en funcionamiento de la ley de financiamiento universitario

En un fallo histórico, la Justicia Federal ordenó este martes al Poder Ejecutivo Nacional aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario (27.795), dejando sin efecto el decreto 759/2025 que había suspendido la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles. La decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo del juez Martín Cormick, responde a una acción de amparo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario público.

Detalles del fallo judicial contra el decreto de Milei

El magistrado declaró inaplicable el decreto presidencial en la parte que condicionaba la ejecución de la ley a la definición previa de fuentes de financiamiento por el Congreso. Según el fallo, al que accedió Noticias Argentinas, esta suspensión aparece como una «conducta arbitraria y contraria a la Constitución», especialmente tras la insistencia legislativa de ambas cámaras conforme al artículo 83 constitucional.

La resolución hace lugar a la medida cautelar y ordena cumplir de inmediato los artículos 5 y 6 de la ley, que prevén la actualización de remuneraciones docentes y la recomposición automática de becas. La medida rige hasta la sentencia definitiva.

Los fundamentos

En sus considerandos, el juez Cormick subrayó que el incumplimiento genera «perjuicios graves de imposible reparación ulterior», como la pérdida del poder adquisitivo de docentes y estudiantes. Esto compromete derechos laborales constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos.

Rechazó el argumento gubernamental del «interés público» por ahorro fiscal —estimado en solo el 0,23% del PBI— y alertó que afecta el derecho a enseñar y aprender. Además, cuestionó la medida por vulnerar la división de poderes, al intentar suspender una ley insistida por el Congreso con un decreto de menor jerarquía.

El fallo aclara que es provisional y no prejuzga el fondo del asunto, pero reúne los requisitos para su otorgamiento.

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