La justicia estadounidense dejó firme el fallo en contra de la Argentina por la expropiación de YPF y obligó al país a pagar US$16.099 millones a Burford Capital, el fondo de inversión que reclamó en los tribunales de Nueva York por el tratamiento desigual que el Estado les dio a los accionistas minoritarios al momento de la estatización de la petrolera.
El fallo quedó firme luego de las presentaciones de ambas partes a la jueza acerca del monto final del resarcimiento impuesto a la Argentina. Burford Capital había calculado que el país debía pagar US$16.097 millones hasta ayer. El Gobierno, por su parte, estimó una indemnización de US$15.100 millones bajo los parámetros establecidos por la jueza Loretta Preska.
Finalmente, la magistrada interpretó que la cuenta presentada por el demandante era la correcta y la sentencia firme obliga a la Argentina a pagar US$16.099 millones. La diferencia entre el cálculo efectuado por el Gobierno y el número que fijó la jueza es fundamental para calcular los intereses que se abonarán a una tasa variable que esta semana estuvo en el orden del 5,4%. De todos modos, el cálculo que hizo el Gobierno no era una propuesta de pago concreta sino un paso obligado dentro del protocolo de los tribunales estadounidenses. Luego de que Preska le diera la razón Burford con respecto a la fecha en la que el Estado tomó el control de YPF, y teniendo en cuenta los parámetros que fijó la magistrada, tanto los demandados como los demandantes tienen que presentar su propuesta de fallo.
Eso fue lo que hizo la Argentina este jueves, al calcular la indemnización de US$15.100 millones. Por el contrario, los abogados del país dijeron a lo largo del juicio que solamente estaban dispuestos a reconocer daños por US$4920 millones a los accionistas minoritarios de YPF al momento de la estatización.
Cómo seguirá el juicio contra la Argentina
El Gobierno ya anticipó que planea apelar la sentencia. En una entrevista que brindó hace algunas semanas a Radio 10, el titular de la petrolera, Pablo González, remarcó que todavía quedan dos instancias para cuestionar la decisión, una ante la Cámara de apelaciones y otra ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Además, destacó que YPF está excluida del fallo.
Si el Gobierno decide apelar, el fondo demandante podría embargar bienes argentinos en el exterior (como sucedió con la Fragata Libertad) o intentar hacer un reclamo directamente contra YPF, que fue exonerada en una instancia judicial anterior.
Sebastián Maril, de Latam Advisors, siguió el caso durante ocho años. En diálogo con TN, dijo que no hay un tiempo estipulado para que la Argentina reclame, pero que no cree que el país deje pasar ni tres semanas antes de presentar un recurso para cuestionar la decisión de Preska.