El juez Rodolfo Fernández brindó declaraciones públicas para aclarar su situación procesal y rechazar las acusaciones que trascendieron en algunos medios, en el marco de una denuncia vinculada a la causa Horizonte/Aldecoa, que tramitó en su juzgado.
Fernández explicó que no fue citado a declarar por la Fiscalía, ya que hasta el momento no existe imputación formal en su contra. No obstante, señaló que decidió presentarse de manera voluntaria, amparado en el artículo 228 del Código Procesal Penal, aportando documentación con el objetivo de desvirtuar las acusaciones que se le atribuyen públicamente.
Asimismo, remarcó que su comparecencia también respondió a lo establecido en el artículo 62 inciso 2 de la Constitución de la Provincia, que impone a los funcionarios y magistrados denunciados por presuntos ilícitos en el ejercicio de la función pública la obligación de vindicarse, bajo apercibimiento de destitución.
El magistrado indicó que aún no se le comunicó la calificación legal de la denuncia, aunque reconoció que, según publicaciones periodísticas, se lo acusa de presunto cohecho, abuso de autoridad y otras figuras penales, a partir de reclamos formulados por algunos damnificados de la mencionada causa.
En ese marco, Fernández detalló que el expediente llegó a su juzgado en el año 2023, y que posteriormente las partes —defensas y querella— presentaron un convenio con el objetivo de resolver el conflicto de fondo, vinculado a la compra de lotes que no habían sido entregados. Señaló que, al tratarse de un conflicto sin violencia, entendió aplicable el principio de que el derecho penal debe ser la última ratio, priorizando una salida restaurativa conforme al artículo 59 inciso 6 del Código Penal, orientada a la reparación del daño y la recomposición del tejido social.
Según explicó, el proceso derivó en la conformación de dos grupos de damnificados. En el caso de uno de ellos, integrado por unas 50 personas, en el año 2025 se homologó el acuerdo, lo que permitió que cada comprador accediera a su lote, quedando pendiente únicamente el proceso de escrituración.
El juez sostuvo que, en ese contexto, intimó tanto a los imputados como a la querella a iniciar la escrituración, con el objetivo de avanzar luego en la situación del segundo grupo de damnificados. Mientras que la defensa acreditó la titularidad de las tierras y la voluntad de escriturar, la querella —según afirmó— guardó silencio en reiteradas oportunidades.
Ante esa falta de respuesta, Fernández indicó que citó a personas que se encontraban en posesión de los terrenos, quienes manifestaron desconocer la homologación del convenio. Frente a esa situación y amparado en las facultades que le otorga el Código Procesal Penal, resolvió apartar a la abogada querellante, doctora Yañez, y unificar la querella bajo la representación del doctor Barrientos, al considerar que la profesional no colaboraba con la resolución del conflicto.
De acuerdo al magistrado, esta decisión generó malestar en algunos de los representados por la abogada apartada, quienes posteriormente realizaron declaraciones públicas y anunciaron la denuncia en su contra, la cual fue formalizada en diciembre.
Fernández cuestionó que, pese a que los damnificados cuentan con la posesión de los lotes, la homologación del convenio y la posibilidad de escriturar, persistan en exigir que la causa avance a juicio. “La Justicia no es para jugar, sino para resolver conflictos”, afirmó, y sostuvo que no puede pretenderse una cosa un día y otra cosa un día distinto.
Finalmente, el juez informó que las personas que cuentan con acuerdos homologados ya se encuentran en condiciones de concurrir a la escribanía correspondiente con la documentación necesaria para concretar la escrituración definitiva de los inmuebles.