El Senado aprobó y giró a Diputados una nueva ley de salud mental que modifica los criterios de internación, adicciones y conformación de los equipos médicos. La iniciativa obtuvo 42 votos a favor y 21 en contra en la votación en general.
El proyecto reemplaza la exigencia de que la internación involuntaria sea firmada por un psiquiatra: ahora puede intervenir un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, junto con otro profesional —se apunta a un psicólogo— que tendrá injerencia en la evaluación y en una eventual alta.
La norma también habilita la teleconsulta en zonas con menor disponibilidad de profesionales.
Adicciones y familias
La ley amplía el concepto de adicciones para incluir, entre otras situaciones, la ludopatía. Además, delimita qué familiares pueden representar al paciente: se limita la intervención a padres o hijos, mientras se mantienen los representantes legales, cónyuges y convivientes.
Si no aparecen responsables, el Estado tendrá la obligación explícita de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.
Atención infantojuvenil
El proyecto establece dispositivos diferenciados para niños, adolescentes y adultos. En el caso de internaciones de menores en unidades de adultos, se restringen a una imposibilidad acreditada y al tiempo mínimo indispensable.
También incorpora la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad para los pacientes infantojuveniles.
Alternativas al manicomio
La iniciativa prohíbe las prácticas “manicomiales” y restituye un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral.
También habilita el derecho a consentir o rechazar anticipadamente tratamientos y a designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Esta regla cambia ante un riesgo grave para la vida.
La oficialista Ivanna Arrascaeta defendió el cambio al afirmar que la internación dejó de ser una respuesta clínica y pasó a ser una respuesta por falta de casa o familia. Señaló que las hospitalizaciones públicas aumentaron 70% tras la pandemia.
La oposición cuestionó principalmente el financiamiento. Guillermo Andrada advirtió que “no se puede hacer una ley que prometa lo que no se puede cumplir”, mientras que Gerardo Zamora y Lucía Corpacci coincidieron en que la discusión no abordó adecuadamente los recursos necesarios.
Patricia Bullrich cerró el debate destacando la necesidad de que psiquiatras y psicólogos trabajen de manera complementaria. Recordó que en Argentina hay unos 100.000 psicólogos frente a casi 4.000 psiquiatras.