El presidente Alberto Fernández se negó a revelar quiénes fueron sus clientes en los tres años previos a asumir la presidencia, cuando se desempeñó como abogado y consultor.
La Oficina Anticorrupción (OA) le solicitó que presentara la «nómina» de aquellas personas y sociedades para las que haya trabajado que sean concesionarias o proveedoras del Estado, o realicen actividades reguladas. Pero el primer mandatario se negó, informó La Nación.
Otro rechazo
Un dictamen del 19 de febrero, firmado por el titular de la OA, Félix Crous, le recomendó al Presidente, además, que renunciara a su mandato como titular de la firma Inmueble Callao 1960 SA y que se tomara licencia como profesor en la Universidad de Buenos Aires, ya que el ejercicio en simultáneo de los dos cargos, advirtió la OA, incumple la Constitución, pero Fernández también rechazó ese pedido del organismo.
El dictamen de la OA se hizo tras un pedido de diputados de la Coalición Cívica, que hicieron una presentación después de que Fernández dijera que tuvo relación en su actividad privada con empresas del Grupo Indalo, de Cristóbal López, holding que podría ser beneficiado por la nueva moratoria aprobada en el Congreso.
El Presidente rechazó un mes después el requerimiento de la OA. «No advierto haber incumplido normativa alguna que me obligue a exteriorizar otra información que la oportunamente suministrada», escribió Fernández en una nota enviada al organismo el 16 de marzo.
El mandatario hacía referencia a la declaración jurada patrimonial que entregó ante el organismo cuando asumió como Presidente.
Después de dejar la Jefatura de Gabinete, en 2008, Fernández volvió a activar su estudio jurídico y consultora junto a la actual ministra de Justicia, su socia histórica, Marcela Losardo.
En ese contexto, la aparición de una factura por «asesoramiento en materia penal» emitida por Fernández en 2017 por $ 435.000 a Oil Combustibles, la petrolera de Cristóbal López, despertó todo tipo de suspicacias.
El Presidente aseguró el año pasado ante la consulta de La Nación que esa factura fue anulada antes de cobrarse. Desde el Grupo Indalo aclararon que llamaron a Fernández «para hacer una interconsulta en el momento más álgido del embate contra Oil Combustibles» por la multimillonaria deuda que mantiene con la Afip, pero también ratificaron que esa factura nunca fue cobrada.
Fernández y la ministra de Justicia, Marcela Losardo, comparten la sociedad anónima Inmuebles Callao 1960 y fueron socios en un estudio jurídico y consultora.
Crous sostiene en su dictamen que la imposibilidad de continuar como directivo de Inmueble Callao no está dada por su actividad comercial, sino por las exigencias de la Constitución, que indica que «la Presidencia de la Nación exige una exclusividad que impide presidir una sociedad anónima».
Como docente
La OA utilizó el mismo argumento para advertir a Fernández sobre la incompatibilidad de su cargo como profesor de la materia «Teoría General del Delito», en la Facultad de Derecho de la UBA. Pero Fernández se negó a pedir la licencia universitaria que recomendó el organismo al alegar que ya renunció a su sueldo como docente cuando asumió la presidencia, que solo es «docente interino con dedicación parcial» y que, además, solo realiza dicha actividad de manera «esporádica» y que de ese mismo modo continuará haciéndolo.
FUENTE: La Nación y La Voz