«Detenido y agredido nuevamente por un gobierno autoritario. Ahora en un cuartito. Esperando. Mis compañeros argentinos y colombianos intentando resolver afuera ¡No tenemos miedo! La Patria Grande está de pie», escribió en Twitter Grabois, miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, antes de que las autoridades migratorias colombianas lo obligaran a subir a un vuelo para salir del país.
Poco después, el mismo Grabois contó en la misma red social que lo subían a un vuelo con destino a Perú: «Me han retenido la documentación y el equipaje. Me suben custodiado a un vuelo a Lima, sin explicación de mi ulterior destino. Son tiempos de cambio para América Latina. Nada va a ser fácil. Pero despertamos. Adios Colombia ¡Fuerza!»
Sin embargo, el comunicado de Migraciones de Colombia que tuvo acceso Cadena 3 indica que el pasaporte del referente de la CTEP «presentaba una inconsistencia, razón por la cual se le pidió que acompañara al oficial con el fin de realizar las consultas correspondientes».
«En ese instante, el extranjero comienza a agredir verbalmente al oficial diciéndole que no tiene por qué acompañarla a ningún lado y a argumentar que tiene todo el derecho de entrar y que lo que se quiere es secuestrarlo», señala el comunicado.
En ese momento, siempre según la versión del Migraciones, «debido a la falta de respeto de Grabois se procede a no autorizar su ingreso al territorio nacional».
La idea de la delegación argentina es permanecer en Colombia hasta el 2 de junio, y visitar, además de Bogotá, otras ciudades de magnitud importante en materia de movilizaciones, pero también en las que acumulan más denuncias por abusos de las fuerzas de seguridad.
La misión se decidió «ante las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos que se adjudica a las fuerzas regulares del Estado y a bandas paramilitares que actuarían conjuntamente –según se denuncia – frente al pacífico ejercicio del legítimo derecho a la protesta que intenta ejercer el pueblo colombiano», explicaron los organizadores del viaje antes de partir.
En las últimas tres semanas, al menos 42 manifestantes murieron en Colombia, cientos fueron heridos y otro tanto fue denunciado como desaparecidos en medio de una política de represión policial a las protestas que aún continúa.
Desde la misión denunciaron desde un primer momento el trato diferente que recibió Grabois.
«Todos pasamos con la misma documentación, las mismas cartas de invitación y venimos en el mismo vuelo y al único que apartaron fue a Juan. No le dieron ningún argumento, dijeron que el país es soberano y decide quién entra y quién no, y lo apartaron a otro cuarto», explicó a Télam uno de los miembros de la misión, Gonzalo Armúa, del movimiento Patria Grande, desde el aeropuerto internacional de Bogotá.
En su Twitter, la misión también informó que Ismael Jalil, abogado de Correpi, estuvo «demorado» por asumir la defensa de Grabois mientras intentaban evitar que fuera enviado de vuelta a Buenos Aires.
Integran la misión representantes de varias organizaciones, entre ellas el Servicio de Paz de Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Asociación Americana de Juristas (AAJ), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
El objetivo final del viaje es que el grupo pueda «elaborar un informe minucioso que, de corresponder, tienda a visibilizar y denunciar (las violaciones a los derechos humanos) a nivel nacional e internacionalmente tal como prevé el protocolo de Estambul suscripto por el propio Estado colombiano».
En la delegación están Grabois (Patria Grande-Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano), Leonardo Pérez Esquivel (ATE); Sergio Maldonado; Alejandro Rusconi (AAJ); Marianela Navarro y Sebastián Fernández (FOL); Laura González Velasco (Somos-Barrios de Pie); Pablo Pimentel (APDH); Gonzalo Armúa (Patria Grande); Martín Ferrari (Frente Darío Santillán); Ismael Jalil (Correpi); y Teri Mattson (Codepink Women for Peace).
Además, viajaron Pablo Garciarena (Xumec, Asociación para la Protección de los Derechos Humanos); José María Cano (CTA Autonóma); Pablo Bres (Serpaj); María Paula Giménez (Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico) y Milagros Rezinovsky (Movimiento Evita), entre otros.
El comunicado del gobierno colombiano
La dirección de Migraciones de Colombia explicó este martes por qué le impidió el ingreso a Juan Grabois una vez que llegó al Aeropuerto Internacional de Bogotá, como parte de una comitiva internacional que tiene como misión supervisar supuestas violaciones a los derechos humanos.
Ayer, Grabois denunció que fue agredido por personal local y que las autoridades lo deportaron por ser considerado una “amenaza a la seguridad nacional”. Pero Migraciones sacó un comunicado en el que contradijo esa acusación y detalló su versión de los hechos.
El comunicado tiene cuatro puntos. El primero dice que 19 de los 20 integrantes de la comitiva fueron autorizados a entrar.
“El día de hoy arribó al territorio nacional, por el aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, una delegación de 20 personas provenientes de Argentina. Tras realizarse los procesos de control y verificación migratoria correspondientes, se autorizó el ingreso de 19 de los 20 miembros de dicha delegación”, arranca el texto oficial.
En un segundo párrafo, dan el disparador de la negativa a dejarlo entrar al país. Según explicó Migraciones saltó una alerta en el sistema “por el vencimiento de su pasaporte” y Grabois -siempre según Migraciones- “se negó a que se le realizara una verificación a sus documentos”.
El comunicado añade que el dirigente social “faltó el respeto al Oficial de Migración y al Supervisor a cargo y fue inadmitido”.
El artículo 2 del decreto 1727 de 2020, al que hace referencia Colombia, tiene una variedad de causales de rechazo para entrar al país entre los cuales figuran o tener la documentación vencida o agredir al personal de Migraciones que es lo que, en este caso, le atribuyen a Grabois.
Pero miembros de la delegación, como Pablo Pimentel, que luego dieron una conferencia de prensa, lo negaron. “Lo que nos dijeron desde Migraciones en el Aeropuerto era que Grabois había agredido a personal migratorio. Todos los que estuvimos ahí, haciendo los trámites, pudimos constatar que nunca hubo la agresión que alega el gobierno colombiano. Queremos dejar clara esa situación”, dijo Pimentel.
Según Colombia, “el extranjero (Grabois) quien, de forma vehemente, exigía su ingreso al país, basado en quién era y quiénes lo habían invitado, fue dejado a disposición de la aerolínea, con el fin de que se cumpla la orden de inadmisión”.
Además, Migraciones Colombia rechazó “este tipo de comportamientos, así como las presiones ejercidas para autorizar su ingreso, e invita a los ciudadanos nacionales y extranjeros, a respetar la normatividad nacional, así como al Oficial de Migración”.
Y explicó: “La inadmisión de este ciudadano extranjero se da de manera discrecional, dentro del marco de las competencias que tiene Migración Colombia y hace parte de las más de 1500 inadmisiones que se han efectuado a ciudadanos extranjeros en lo corrido de este año”.
Ernesto Samper, el expresidente de Colombia, que tenía previsto reunirse con Grabois, se expresó en contra de la decisión de su país de denegar el permiso a Grabois: “¡Qué error!”, escribió en su cuenta de Twitter.
Cerca de Grabois dijeron que no tenía la documentación vencida ni agredió a ningún oficial. “Eso es mentira”, afirmaron. Además, Grabois, en un audio que publicó este medio, dijo que por el contrario el agredido había sido él.
Comunicado oficial: DECRETO 1727 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2020
FUENTE: La Voz/La Nación