El fiscal Franco Picardi pidió este jueves incorporar a la causa que investiga el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional durante el Gobierno de Mauricio Macri el último informe del organismo internacional por entender que “es de interés” para la investigación en curso. El planteo fue hecho ante la jueza María Capuchetti para que gire el reclamo de documentación al Ministerio de Economía.
Anoche, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe en tono autocrítico sobre el fuerte crédito que le otorgó al gobierno de Mauricio Macri, en el que cuestionó la falta de control de capitales y de una reestructuración de la deuda con los bonistas en 2018. Alli se sostuvo que el gobierno de Macri “abrió rápidamente la cuenta capital y los préstamos en el extranjero, al tiempo que adoptó un enfoque gradual para enfrentar los desequilibrios, en particular el déficit fiscal, preparando el escenario para un ‘sudden stop’ y un pedido de Stand By”
Según el dictamen, Picardi señaló que “se tomó conocimiento en el día de ayer que el Fondo Monetario Internacional (FMI) elaboró un informe sobre el Acuerdo Stand By suscripto con la República Argentina en 2018. Específicamente, el informe se identificaría como IMF Country Report No. 21/279 ARGENTINA EX-POST EVALUATION OF EXCEPTIONAL ACCESS UNDER THE 2018 STAND-BY ARRANGEMENT—PRESS RELEASE AND STAFF REPORT.”
“En relación a los objetivos del informe, se expresó que “[s]e requiere una evaluación ex post en todos los casos de préstamos del FMI por encima de los límites normales de endeudamiento para revisar el desempeño con respecto a los objetivos originales del programa, discutir si el diseño del programa fue apropiado y evaluar si el programa fue consistente con las políticas del Fondo. Esta EPE revisa la experiencia bajo el programa de Argentina, respaldado por el Acuerdo Stand-By, y cubre el período de junio de 2018 a agosto de 2019. Examina las debilidades y vulnerabilidades de la economía argentina, los objetivos y políticas del programa, el saldo de financiamiento y ajuste, y las justificaciones para un acceso excepcional al financiamiento del FMI por parte de Argentina. La EPE también incluye un apéndice que expone la reacción de las autoridades al informe y las opiniones sobre el Acuerdo Stand-By de 2018″, detalla el planteo.
El fiscal entendió que “teniendo en cuenta que el contenido del mencionado informe podría resultar de interés para la presente investigación, dado el marco fáctico desarrollado en el requerimiento de instrucción y su respectiva ampliación, habré se solicitar a la Señora Jueza que requiera al Ministerio de Economía de la Nación una copia del informe en cuestión elaborado por el organismo multilateral”.
La causa por el acuerdo con el FMI se inició en mayo del 2019 por una denuncia del ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno contra el ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Guido Sandleris y otros funcionarios de esa dependencia. Luego se sumaron otras denuncias, como la del ex diputado y actual director del Banco Nación Claudio Lozano contra Macri, el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el ex titular del BCRA Federico Sturzenegger, el ex ministro de Finanzas Luis Caputo, la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso y la ex titular del FMI Christine Lagarde, entre otros. La denuncia planteó que el acuerdo fue un ardid para un endeudamiento que solo tenía como objetivo la fuga de capitales del país.
En marzo pasado, al inicio de la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández anunció que iba a iniciar una denuncia penal contra el gobierno de Mauricio Macri por el acuerdo de 55 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “He instruido para que se inicie una querella criminal para determinar quienes fueron los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia”, sostuvo el jefe de estado.
El pedido se anexó a la causa que ya existía. En base a eso, el fiscal Picardi amplió el requerimiento e incluyó en la investigación a Macri y el resto de sus funcionarios. “La presente investigación estará orientada a dilucidar si a partir de la suscripción del acuerdo con el FMI se habría profundizado un proceso llevado adelante por distintos funcionarios públicos que agravó notablemente una matriz de endeudamiento externo ya iniciada con anterioridad, permitiendo de este modo que perviva un proceso sostenido de formación de activos externos que, en caso contrario, hubiera sido imposible de continuar tal como se venía llevando adelante”, sostuvo el dictamen fiscal.
Picardi pidió una serie de medidas de prueba, entre ellas informes y registros públicos sobre el acuerdo. “Se deberá establecer si fruto de un cúmulo de decisiones que comenzaron con la suscripción de la primer carta de intención con el mencionado organismo multilateral, y a sabiendas; se habría iniciado un nuevo ciclo de endeudamiento destinado; no a los fines declamados formalmente en los documentos suscriptos con el FMI, sino primordialmente a obtener divisas para su posterior fuga, en perjuicio de las arcas públicas”, trazó como norte del expediente.
Y resaltó que “puntualmente, la pesquisa deberá determinar si los funcionarios públicos a cargo de la administración de recursos estatales que habrían dirigido y encabezado este proceso obtuvieron, a raíz de ello, beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros (tales como otras personas físicas y jurídicas, fondos de inversión) y/o les proveyeron de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes funcionales. Similarmente, se intentará establecer si la hipótesis descripta se llevó adelante concertada y/u organizadamente entre ellos y/o con otros sujetos que no se desempeñaban en el Estado Nacional”.
Fuente: Infobae.com