La Corte Suprema de Justicia debe revisar la constitucionalidad de la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy empujada por el gobernador Gerardo Morales. Al menos así se pronunció el procurador general interino Eduardo Casal en un dictamen firmado este viernes 4 de agosto.
La decisión de la Procuración llegó luego de que el Ministerio de Justicia a cargo de Martín Soria se presentara ante el Máximo Tribunal con un reclamo para que se revisen las reformas aprobadas a fines de junio pasado en medio de un clima de protestas y feroz represión.
«A mi modo de ver, en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte», opinó Casal.
Casal sostuvo que «en efecto, toda vez que el Estado nacional, que tiene derecho al fuero federal (…), demanda a la provincia de Jujuy (…) entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esa instancia, cualquiera sea la materia del pleito»
La resolución, de tres carillas, arranca con un repaso de los puntos centrales que había presentado el Ministerio de Justicia en su demanda del 4 de julio pasado, donde le exigía a la Corte que suspenda la aplicación de la reforma constitucional.
Entre algunos de los puntos, el Estado nacional había denunciado que de llevarse a la práctica algunos de los artículos reformados como el 67 incisos 4, 94 y 95 «se vulnerarían los derechos a la participación política, libertad sindical, a huelga, libertad de asociación, reunión y el derecho a la libertad de expresión, entre otros derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional»
El pedido del ministro Soria para suspender la aplicación de la reforma constitucional de Jujuy
La demanda del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación presentada en la Corte Suprema pidió la suspensión de la aplicación de algunos artículos reformados de la Constitución jujeña. En particular, Martín Soria le requirió al máximo tribunal que dicte una cautelar sobre aquellos que limitaban el derecho a la protesta y que afectaban los derechos de los pueblos originarios.
El escrito, elaborado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, expresaba que el artículo 67 inc. 4, 94 y 95 vulneraban derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tratados internacionales, así como con el Convenio 169 de la OIT aprobado por Ley N° 24.071.
Unos días antes de la presentación del documento, Soria había confirmado que el reclamo se hizo en base a un pedido que hizo el presidente Alberto Fernández luego de los enfrentamientos y la represión en Jujuy.
En declaraciones a la prensa, Soria aseguró: «Lo que intentan es suprimir el derecho a la protesta que está garantizado en la Constitución. Buscan crear el marco jurídico para poder reprimir a quienes no estén de acuerdo con las ideas de estos personajes nefastos».