En el inicio de su discurso ante la Asamblea Legislativa de apertura del 140° Periodo de Sesiones Ordinarias, el presidente Alberto Fernández defendió la gestión económica y sanitaria de la pandemia, y que en estos días será enviado al Congreso el acuerdo firmado por el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que se “siguen negociando” aspectos vinculados a la formalización del entendimiento.
“La paz del mundo se altera por la invasión militar de la Federación de Rusia sobre Ucrania. Europa se conmueve mientras el fantasma de una guerra vuelve a levantarse. Otra vez la violencia bélica arrasa vidas humanas”, aseguró el jefe de Estado.
Escoltado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, el jefe de Estado planteó: “Si el mundo no comprende que es este el momento preciso en que debemos darle una oportunidad a la paz y que debemos construir nuevas reglas que saquen de la postergación a los millones de desposeídos que apenas sobreviven, otra vez la humanidad estará siendo condenada a padecer la indecencia de los poderosos”
Y agregó: “Argentina es parte de ese mundo y no puede escapar al contexto en el que está inmersa. La guerra, en un mundo que se ha globalizado, indefectiblemente genera consecuencias sobre nuestro país”.
El jefe de Estado pidió un minuto de silencio por las víctimas del conflicto armado y de la pandemia de coronavirus. Mientras transcurrían los 60 segundos, Cristina Kirchner se dirigió a un legislador opositor y aseguró: “Hay que saber esperar”. En el inicio de la sesión hubo polémica porque Juntos por el Cambio había pedido la palabra y la presidenta del Senado no se la concedió.
El conflicto bélico estuvo presente desde temprano en el Congreso. Legisladores opositores colgaron carteles en sus bancas con los colores azules y amarillos de Ucrania. Javier Milei, de Libertad Avanza, portó incluso una gran bandera. Esta mañana, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, también se había referido al tema y le había exigido al presidente una condena. “Espero que Alberto Fernández posicione a la Argentina en el lado correcto de la historia”, dijo.
Alberto Fernández hizo un balance sobre la marcha de la gestión transitada en los primeros dos años de pandemia y reconoció que el estallido de la guerra entre Ucrania y Rusia pueden “producir un enorme desaliento” por sus posibles efectos en la economía, pero señaló que el país atraviesa “un tiempo bisagra”. Dijo que Argentina, a lo largo de la historia, ha demostrado “su enorme capacidad para sobreponerse a la adversidad” luego de “golpes institucionales, persecuciones, torturas, muertes y desapariciones forzadas”, el “dolor de la Guerra por Malvinas” y los “desastres económicos”.
En un plano autocrítico, el presidente dijo que tuvo que enfrentar “dilemas que siempre he resuelto pensando en la salud y la vida de nuestra gente” en la emergencia de coronavirus, con la intención de “salvar la mayor cantidad de vidas” y admitió: “No soy infalible; lejos de ello, soy un ser humano. Me he equivocado en ocasiones, pero tengo la íntima tranquilidad que ninguna persona que habita nuestro país quedó sin la atención sanitaria”.
En ese marco, apuntó a los dirigentes opositores que criticaron las medidas sanitarias y a los medios de comunicación “dominantes” cuyas “voces detractoras” fueron “poco constructivas”. “Hemos vivido una crisis que no tiene precedentes. Querer politizar tamaña tragedia cargándole culpas a quienes tuvimos el deber de gobernar en ese instante de la humanidad, es tentador para algunos, pero es definitivamente inaceptable”, resaltó, luego de destacar nuevamente la campaña de vacunación “histórica” que atravesó el país.
En el capítulo económico, el mandatario presidencial volvió a cuestionar la deuda externa contraída por el gobierno de Mauricio Macri con el FMI y remarcó que el acuerdo con el staff del organismo “es el mejor que el gobierno de la Argentina podía conseguir” y que “le hubiera gustado” no tener que hacerlo, ya que se trata de “una espada de Damocles” sobre el país.
“El nuevo acuerdo no acumulará nueva deuda a la ya tomada por el gobierno anterior. Es una refinanciación de aquel préstamo que nos permite no usar en estos años recursos nacionales para pagar los compromisos”, indicó en el mensaje presidencial. Y agregó: “Es una refinanciación de aquel préstamo que nos permite no usar en estos años recursos nacionales para pagar los compromisos. Se usará dinero del propio FMI que empezará a pagarse dentro de 4 años y medio”
Acerca de las características del convenio, Fernández indicó que se trata de un “entendimiento inusual en el marco de un programa con el FMI”, “sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años del programa”. “Habrá una expansión en infraestructura, inversiones en ciencia y tecnología y en políticas sociales”, añadió.
Desde ese punto de vista, el presidente afirmó que “no habrá una reforma previsional” y “la edad jubilatoria no será alterada”. “Jubilarse es un derecho y se debe respetar a rajatabla”, planteó. En el mismo plano, aseguró que tampoco habrá una “reforma laboral” ya que “la justicia social jamás puede ser objeto de una negociación”
El jefe de Estado adelantó que “en Argentina se acabaron los tarifazos”, por lo que la segmentación de las tarifas y el ajuste de los incrementos no será equivalente a la que reclama el FMI. “Vamos a segmentar los subsidios para lograr niveles de tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad. Por eso, en principio, apuntamos a que el 10 % de mayor capacidad económica deje de ser beneficiario de subsidios”, expresó.
Para el resto de los usuarios, Alberto Fernández anticipó que la política de incrementos se inspirará en la Ley 27.443 votada en este Congreso de Nación en el año 2018 y vetada por el entonces presidente Mauricio Macri. “Esa normativa establecía que las tarifas solo podrían incrementarse teniendo como tope el Coeficiente de Variación Salarial”, dijo, con el objetivo que las tarifas estén “claramente por debajo de la evolución de los salarios”. “Así, alineamos el tema de las tarifas con una política clara para recomponer los ingresos en términos reales”, sostuvo.
“A partir de esta semana esperamos que esté en manos de los legisladores y las legisladoras nacionales considerar la aprobación del acuerdo”, sostuvo Fernández. “Aún hoy seguimos negociando aspectos vinculados a la formalización de ese acuerdo que confío concluir a la brevedad. En el contexto mundial que vivimos y teniendo en cuenta la magnitud de los compromisos que asumió Argentina y que buscamos modificar, defender los derechos de nuestro pueblo demanda mucho más que cinco minutos”, sostuvo, en alusión a unos de los comentarios que formuló el expresidente Mauricio Macri.
“Ese será el acuerdo de la Argentina toda y nosotros como poder administrador nos ocuparemos de que sea cumplido para que haya más producción, más trabajo, mejores ingresos y menor inflación”, ratificó.
La ausencia del PRO
El punto de mayor tensión en el Congreso se produjo cuando varios legisladores de Juntos por el Cambio se levantaron de sus asientos, luego de que el presidente recordara que firmó el año pasado el Decreto 8/2021, en el que instruyó a la Procuración del Tesoro para que “iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre este endeudamiento”, y que involucra a Mauricio Macri y parte de su gabinete.
“Este Acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto desatino”, exhortó.
Alberto Fernández recordó que la deuda original con el FMI era por un monto de 57 mil millones de dólares, y que desde el inicio de su mandato renunció a “recibir alrededor de 12 mil millones de dólares” de ese compromiso para no “hacer crecer aún más semejante deuda”.
“El dinero que ingresó de ese préstamo no fortaleció las reservas del Banco Central porque fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales. No quedó nada del dinero recibido en Argentina. Ni un puente ni una carretera. Sólo nos quedó una deuda externa impagable”, afirmó sobre cifras que “no tienen precedentes en la historia universal de la economía moderna”.
“Me hubiera gustado que el gobierno anterior no hubiera recurrido en 2018 al FMI y muchos menos en las condiciones que ya describí”, sentenció.
Fernández sostuvo “la inflación es el principal desafío que tiene el Gobierno” y recordó que “hay datos y logros que indican una recuperación de la economía” en los últimos meses. Destacó el crecimiento de las inversiones en comparación con 2019, y la recuperación de los salarios reales del sector registrado que, pese al aumento de precios, “tuvieron una leve recuperación en 2021, aunque a un ritmo inferior al que queremos”.
“Entre noviembre de 2019 y noviembre de 2021, el poder adquisitivo en el segmento privado formal creció 3 por ciento. Esta cifra en sí no exhibe nada para celebrar. Lo que sí es importante es comprender que estamos transitando un nuevo camino”, agregó, y señaló que los niveles de pobreza dejaron de aumentar durante el año pasado y la tasa de desempleo fue del 8,2 % en el tercer trimestre de 2021, la menor en más de tres años”.
En la política social, ratificó la intención de registrar las actividades de la economía popular, el impulso de un proyecto de Ley de Empleo Joven, y defendió la eliminación progresiva de los programas sociales para transformarlos en puestos de empleo formales.
Reforma judicial
El presidente Alberto Fernández volvió a pedir una “reforma integral del sistema de administración de justicia federal” durante su discurso ante la Asamblea Legislativa en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso. Además, dijo que existe una “complicidad judicial” con el poder económico.
“No hay modo de combatir al crimen organizado sin un sistema judicial eficiente. Queremos que el Poder Judicial recupere la confianza pública que ha perdido y supere su crisis de funcionamiento, que sea eficaz y completamente independiente de todos los poderes, fácticos y políticos”, aseguró el jefe de Estado.
“Necesitamos una Reforma integral del sistema de administración de justicia federal”, agregó.
No es la primera vez que el jefe de Estado habla del tema. En 2020, en su primera Asamblea Legislativa como presidente, había adelantado que enviaría un paquete de reformas que finalmente fue pospuesto por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus. En 2021, volvió a realizar anuncios sobre el futuro del Poder Judicial: un proyecto para “despolitizar el Consejo de la Magistratura”, la implementación del juicio por jurados tal como establece la Constitución de la Nación” y más críticas sobre el funcionamiento de los tribunales.
Sin embargo, en sus dos años como presidente el bloque del Frente de Todos no logró votar ninguna de las reformas impulsadas por la Casa Rosada. Tampoco designar a su elegido para la Procuración General, el juez federal Daniel Rafecas. Y aún debe nominar una candidata para la Corte Suprema de Justicia, que funciona con cuatro miembros desde la renuncia de Elena Highton de Nolasco.
Fernández apuntó también contra el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Dijo que su “conformación y funcionamiento” deben “ser objeto de análisis y decisión en este ejercicio legislativo”.
Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rossati escucharon las palabras del presidente en forma presencial, desde uno de los palcos del recinto. La transmisión oficial del discurso los enfocó casualmente en el momento que el presidente hablaba de ellos. Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica, aplaudió efusivamente al lado de ellos.
El mandatario habló este martes de las reformas que no avanzaron: “Lamentablemente, el Proyecto de Ley de Reforma Judicial que envié en 2020 que fue aprobado por el Senado ahora ha perdido estado parlamentario. Lo que está sucediendo con el Poder Judicial en Argentina es grave”.
“Esa reforma que impulsé fue resistida por la oposición para beneficiar a algunos funcionarios del gobierno anterior que deben rendir cuentas. Saben que tienen aliados en fiscales y jueces de la justicia federal. Por eso siempre su primer planteo ha sido y sigue siendo reclamar la competencia de los tribunales afincados en Comodoro Py”, agregó.
“En ese proyecto de Ley, además, se creaba el juzgado federal y una fiscalía en San Lorenzo y la Cámara Federal de Apelaciones Rosario, instrumentos jurídicos indispensables en la lucha contra el narcotráfico. También ese proyecto establecía la creación de una nueva sala y una Secretaría de Narcotráfico en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. No se debería demorar más tiempo en tomar decisiones tan fundamentales”, puntualizó.
“Yo le solicito al Honorable Congreso de la Nación aborde la cuestión que planteamos. Que haga los cambios adecuados, que generen los consensos necesarios y que resolvamos este problema”, completó.
FUENTE: Infobae y Telam