La iniciativa ciudadana “Ficha Limpia” que busca impedir que aquellos dirigentes que se encuentren condenados en segunda instancia por actos de corrupción, puedan ser candidatos a cargos públicos, ha tenido su réplica en el ámbito local.
En la plataforma Change.org hay una petición dirigida a los diputados de la provincia de Jujuy, que solicita la presentación, debate y sanción de una ley de «Ficha Limpia».
La iniciativa de origen ciudadano llegó a ser presentada en el Congreso de la Nación en octubre del año pasado pero no debatida. En Jujuy, también se impulsa el proyecto, con el objeto que los diputados provinciales lo debatan en la Legislatura para ser aprobada y aplicada en el todo el territorio provincial.
Este proyecto busca establecer la inhabilitación temporal para el ingreso a cargos electivos provinciales y municipales o por designación en cargos partidarios a toda persona que fue condenada en primera instancia por delitos dolosos graves.
Prevé incluir delitos contra la administración pública (cohecho, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, tráfico de influencia, etc) como así también aquellos contra el orden económico y financiero, aquellos que atentan contra la integridad física de las personas incluyendo femicidio, acoso, violaciones y violencia de género, etc.
«A los ciudadanos se nos exigen ciertos requisitos e imponen impedimentos para ingresar a un empleo debiendo presentar certificado de antecedentes penales en el momento de la postulación. Es preciso entonces iguales condiciones para ejercer un cargo electivo en el territorio provincial», señala el petitorio que busca acompañamiento con la firma de los ciudadanos a través de la plataforma Change.org (para firmar, hacer click en el link http://chng.it/F5SxCdP7)
A nivel nacional, el petitorio original reunió hasta el momento más de 365 mil firmas de adhesión.
En otras provincias se ha conseguido acompañamiento. En Mendoza, hace tres semanas, la Cámara de Diputados provincial le dio media sanción al proyecto de Ficha Limpia, donde se avanzó en la inclusión de todos los funcionarios públicos en dicha normativa; y fue enviado a revisión al Senado mendocino.
En Misiones, el proyecto está siendo trabajado en comisiones, y si bien hay presión para que se debata en el recinto, puesto que el año legislativo en aquella provincia culmina el 30 de octubre, hasta el momento hay gran silencio por parte de todos los diputados.
Provincias como Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Santa Cruz, San Luis y Neuquén avanzan con la misma intención.