El Gobierno tiene en el tope de sus prioridades pospandemia la reforma del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público Fiscal, los tres de los pilares del servicio de justicia.
El presidente Alberto Fernández confirmó que espera enviar la reforma judicial «esta semana» al Congreso, en una entrevista publicada ayer por el diario Página12.
En la práctica, el cambio que se anuncia en el marco del «mejoramiento de la calidad institucional» es una oportunidad para modelar el funcionamiento del Poder Judicial según los propósitos políticos del frente gobernante.
Las sugerencias de cambios las efectuará, en un plazo establecido por decreto en 60 días, un «consejo de mejoramiento de calidad institucional» integrado por notables del derecho de todo el país. Se menciona como favorito para integrarlo al exjuez Carlos Arslanian, y eventualmente a Carlos Beraldi, quien fue su socio y autor de códigos procesales, y es abogado de Cristina Kirchner. Pero los nombres recién se harán públicos con el decreto presidencial.
Cada vez que se habla de reformas en la Corte Suprema de Justicia -actualmente con cinco miembros- surgen dos tópicos. La posibilidad de que el tribunal funcione dividido en salas, lo que traería aparejado ampliar su integración; y limitar los casos que llegan a la Corte, para que sea solo un tribunal constitucional de acceso restringido.
Estas ideas pueden ser contradictorias, ya que las salas podrían recibir más causas, pero la idea de un tribunal de constitucionalidad reduciría el volumen de expedientes. Sin que estos sean los textos que se manejan entre los juristas cercanos al Gobierno, sí son las ideas recurrentes. De hecho, Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exjuez de la Corte y referente kirchnerista en temas de justicia, propuso crear una Corte de 15 miembros dividida en salas especializadas.
«Necesitaríamos tener una Corte de 15 jueces dividida en cinco salas especializadas que se ocupen de resolver los casos extraordinarios por arbitrariedad de sentencia. Con cinco o seis jueces es imposible que una persona pueda conocer todo el derecho. Y las pocas causas que están en la Corte sobre constitucionalidad o no de las leyes, que deben ser 100 o 150, que las voten los 15 jueces, lo que no demora las decisiones», dijo el exjuez, y señaló que le parece republicanamente peligroso que el poder quede concentrado en tres personas, que bastan para conformar una mayoría en la Corte actual.
La idea de Zaffaroni de hecho ya estuvo prevista en la legislación. El decreto ley 1285, dictado por la Revolución Libertadora en 1958, establecía en su artículo 23: «Facúltase a la Corte Suprema de Justicia a dividirse en salas, de acuerdo con el reglamento que a tal efecto dicte», y agregaba: «La Corte actuará en tribunal pleno en los asuntos en que tiene competencia originaria y para resolver las cuestiones de inconstitucionalidad». Otra posibilidad que existe cuando se habla de una división de la Corte en salas es que los jueces trabajen no por especialidad, sino por sorteo.
Esto implicaría que entren más causas en la Corte y que se pueda, por ejemplo, conformar una sala penal, con jueces nuevos, que se encargue de los casos de corrupción.
Tras la crisis de 2001 y la caída de Fernando de la Rúa, en enero de 2002 un grupo ONG se aglutinó alrededor de la necesidad de un cambio en el funcionamiento de la Corte de la mayoría automática menemista. Se creó la Alianza Una Corte para la Democracia, integrada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Poder Ciudadano, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), la Unión de Usuarios y Consumidores y el CELS.
Allí ya se proponían algunos de estos cambios que terminó gestando el decreto 222, de Néstor Kirchner, que modificó el mecanismo de elección de los jueces de la Corte y permitió el nombramiento de Ricardo Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay. Zaffaroni se fue al cumplir el tope constitucional de 75 años y Argibay falleció.
En la cocina de esas ideas estuvieron Gustavo Béliz, cuando era ministro de Justicia de Kirchner, que visitó, junto a Pablo Lanusse, entonces su segundo y hoy abogado de Mauricio Macri, las oficinas del CELS, donde los recibió Horacio Verbitsky. Los acompañaba el entonces jefe de Gabinete y hoy presidente, Alberto Fernández.
Antiguas propuestas
Esos lineamientos del documento de Una Corte para la Democracia tuvieron fuerza de decreto presidencial, que estableció reglas más transparentes para designar a los cortesanos. La Alianza Una Corte para la Democracia elaboró luego otros dos documentos en 2017, en los que recoge otras ideas que siguen vigentes cuando se habla de cambiar el funcionamiento de la Corte:
-Establecer una consulta popular para evaluar los candidatos propuestos
-Someter al control de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas la administración de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura.
-Acotamiento de la jurisdicción de la Corte para que resuelva un promedio de 100 causas al año, al estilo de su par norteamericana.
– En los candidatos propuestos debe haber equilibrio en materia de género, representación balanceada de las regiones del país, equilibrio de especialización jurídica y, por supuesto idoneidad, independencia, compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos.
Hoy, esos papeles están de vuelta encima de los escritorios y se revisan como posibles ideas para poner en debate, a las que se agrega, una vez más, el establecimiento del juicio por jurados previsto en la Constitución.
Desde el Gobierno señalan que no se piensa en remover magistrados en la Corte ni reemplazarlos.
Las ideas de cambio incluyen planteos vinculados con la administración de los recursos del Poder Judicial, que recibe el Consejo de la Magistratura, y de la Corte en menor medida.
Lo mismo ocurre con el Consejo de la Magistratura, donde las ideas de cambio más habituales pasan por revisar la cantidad de sus integrantes y permitir una menor incidencia de la política en el funcionamiento del cuerpo.
El Ministerio Público Fiscal es clave en el período que se avecina, ya que es ley la implementación del nuevo Código Procesal acusatorio, que les da a los fiscales el control del proceso penal. Son claves allí las designaciones de fiscales coordinadores, que pueden instruir a los fiscales que llevan los casos que cuentan con la posibilidad de esgrimir el principio de oportunidad para decidir dejar de lado la persecución penal de determinados delitos.
FUENTE: La Nación