Con Cristina Kirchner presente en la audiencia del juicio oral, la Unidad de Información Financiera (UIF) descartó hoy que la vicepresidenta haya encabezado una asociación ilícita para defraudar al estado en las obras públicas que de 2003 a 2015 recibió el empresario Lázaro Báez. Así, los abogados del organismo que depende del gobierno nacional pidieron la absolución su absolución.
“Esta querella entiende que no existe la posibilidad de sobreprecios. Sería irresponsable avanzar en una acusación”, aseguró el abogado de la UIF, Leandro Ventura. “Corresponde la absolución de los acusados respecto del delito de fraude”, agregó. Y luego señaló que si no hubo fraude en la obra pública que recibió Báez, tampoco existió el delito de asociación ilícita. “Es imposible demostrar la existencia de una organización criminal. Además de las dudas producidas en el debate sobre los sobreprecios, encontramos una absoluta orfandad probatoria al momento de probar una asociación ilícita”, agregó el abogado.
El abogado Alejandro Irachet dijo al finalizar el alegato -que duró cerca de dos horas y media- que la postura de la UIF fue “por instrucción de su presidente”, Juan Carlos Otero, nombrado en diciembre del año pasado por Alberto Fernández. Había mucha expectativa de cuál iba a ser la postura de la UIF por tratarse de un organismo que depende del gobierno nacional que tiene a su vicepresidenta como principal acusada del caso.
La UIF también descartó que Cristina Kichner haya cometido el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público al firmar los decretos mediante los cuáles reasignó partidas presupuestarias durante su gestión para las obras de Báez. “Las conductas llevadas a cabo al firmar decretos solo revisten carácter de actos de gobierno de los cuales no se desprende la violación de los deberes de funcionario público. Quedamos frente a una cuestión política que cuyo acierto o desacierto se encuentra fuera del control de la justicia”, dijo Irachet.
Así, la UIF pidió la absolución de la vicepresidenta, de Báez, de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; de José López, ex secretario de Obras Públicas; de Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; de Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner; y de Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad.
La UIF sí entendió que cometieron el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario pública Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Se trata de los ex funcionarios de menor rango del juicio. Para ellos solicitó una pena de un año de prisión en suspenso y de dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo, los abogados advirtieron que la acusación podría estar prescripta y le dejaron a los jueces del tribunal el análisis de esa situación.
Respecto de los ex funcionarios de Santa Cruz, la UIF sostuvo que tenían el deber de controlar las obras y que no lo hicieron ya que, por ejemplo, informaron que estaban terminadas cuando en rigor no y eso permitió que Báez cobre la totalidad de los pagos. Los abogados descartaron que Periotti, como titular de Vialidad Nacional, haya participado de la maniobra porque tenía un “control formal” a través del organismo de Santa Cruz y no directo.
El alegato de los abogados de la UIF duró poco menos de dos horas y media y así dio inicio a esta etapa del juicio que es el momento en el que las partes piden las condenas o las absoluciones de los acusados. La UIF tenía tres audiencias para alegar pero solo uso una. El juicio continuará el próximo 1 de agosto a las 8:30 horas con el alegato del fiscal Diego Luciani que hoy adelantó que utilizará las nueve jornadas que le dio el tribunal.
Los 13 acusados en el proceso se conectaron a la plataforma Zoom para estar en la audiencia. Entre ella, Cristina Kirchner que escuchó la decisión de la UIF en vivo y en directo. Se conectó temprano a la audiencia virtual desde su oficina del Senado. No tuvo ninguna participación y por momentos apagó la cámara. Está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que de manera irregular le concedió obra pública a Báez. Infobae había adelantado a la mañana que la ex presidenta iba a estar en la audiencia y que su intención es estarlo -si su agenda como vicepresidenta lo permite- también cuando sean los alegatos de la Fiscalía.
Lo que se juzga son las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que desde 2003 a 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, recibieron las empresas de Báez para la provincia de Santa Cruz. Entre ellas, sobreprecios, el pago total de la obra cuando muchas no habían finalizado y falta de antecedentes y capacidad de las compañías para realizarlas. La UIF descartó que eso haya ocurrido.
Los abogados Ventura e Irachet objetaron el trabajo que hicieron los peritos que participaron del peritaje sobre las obras. “No hubo discusiones entre los peritos porque hubo metodologías distintas. Se llegaron a resultados inconsistentes”, señaló Ventura. Concretamente sostuvo que el perito Eloy Bona -de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- “refirió a expresiones como creo que, me parece que, que son elementos que dificultan llegar a una certeza necesaria”.
Los letrados señalaron que del coloquio que los peritos tuvieron en el juicio solo “quedaron dudas por los cálculos realizados por el perito oficial” vinculados a los precios de plaza, los ítems, sobre cómo se realizaron las comparaciones de obras, cómo se accionó un precio determinado ante distintas opciones.
La UIF coincidió con el perito de parte de la defensa de Cristina Kirchner, Adriana Alperovich. Los abogados señalaron que utilizó la mejor metodología para la pericia según la biografía autorizada que es el presupuesto por análisis de costo y que su conclusión fue que no hubo sobreprecios. “Y la pericia oficial y la de la fiscalía no pudieron rebatir esos argumentos”, sostuvo Ventura.
Cristina Kirchner volvió a estar en el juicio después de que lo hizo en su comienzo, en mayo de 2019, para la lectura de la acusación y para su indagatoria. “Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mí me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”, declaró Cristina Kirchner el 2 de diciembre de 2019, pocos días antes de asumir como vicepresidenta. Luego, el tribunal autorizó a los acusados a no asistir a la declaración de los testigos, etapa que finalizó a medidos de junio pasado y ahora para los alegatos debieron volver a presentarse. La ley establece que en un juicio los imputados tiene que estar para escuchar la acusación, para su indagatoria, los alegatos, las últimas palabras y el veredicto.
Así, estuvieron todos presentes antes los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, a cargo del proceso.
La hoja de ruta que trazó el tribunal es que antes de fin de año haya veredicto para alejarlo del 2023, año de elecciones presidenciales, y que no haya ninguna especulación política en su decisión. Para acelerar los tiempos, el tribunal fijó un día más de audiencias desde esta semana. Después de los alegatos de la Fiscalía será el turno de las 13 defensas. Cada una tendrá tres audiencias para exponer sus argumentos. La primera en hacerlo será la de Báez. La de Cristina Kirchner es la sexta.
En el juicio declaró como testigo el presidente Alberto Fernández, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y Juan Manuel Abal Medina, todos los jefes de Gabinete de 2003 a 2015. Los abogados de la UIF citaron hoy las declaraciones del jefe de Estado y de Massa para descartar irregularidades por parte de Cristina Kirchner en la firma de los decretos.
También declararon dirigentes de la oposición como Margarita Stolbizer y Javier Iguacel, el primer director de Vialidad Nacional del gobierno de Mauricio Macri quien en 2016 presentó la denuncia que dio lugar al juicio oral. También lo hicieron los peritos oficiales que concluyeron que en la concesión de las obras hubo irregularidades y la de parte de las defensas que las rechazó.
Las defensas de Cristina Kirchner y de otros acusados hicieron distintas objeciones a la investigación y al juicio que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal rechazó hace tres semanas todos los planteos y así el juicio quedó libre de posibles obstáculos hasta su finalización.
Este es el primer juicio que afronta la vicepresidenta. Fue elevada a esa instancia en otros cuatro. En los casos de la firma del memorándum de entendimiento con Irán, de dólar futuro y “Hotesur-Los Sauces” fue sobreseída sin que se haga el juicio. Esas decisiones están apeladas para ser revisadas. El memorándum con Irán y “Hotesur-Los Sauces” están en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Y la de dólar futuro en la Corte Suprema. El quinto juicio es por los llamados “cuadernos de la corrupción” que espera fecha de inicio en el Tribunal Oral Federal 7.
Los alegatos de hoy se iniciaron con un caso que generó preocupación en la última semana. Se conoció que desconocidos ingresaron a la Oficina de declaraciones juradas del Consejo de la Magistratura de la Nación. Allí fueron abiertos los anexos reservados -con información de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y direcciones de domicilios- de 24 jueces y funcionarios y manipulados los de otros nueve. Entre los sobres abiertos están los de Gorini, Giménez Uriburu y Basso, los tres magistrados del tribunal que juzga el caso de la obra pública. Hay una causa judicial abierta que investiga el caso.
FUENTE: Infobae