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Productores del Norte del país se organizan contra la toma de tierras

La toma de tierras agrícolas y pecuarias, o simplemente destinadas al turismo rural, puso en alerta a productores de las provincias de Tucumán, Chaco, Salta, Jujuy y Santiago del Estero, que realizaron el pasado sábado un foro para presentar la problemática que vivieron en estos distritos diferentes titulares de tierras afectados por la usurpación de su propiedad. El encuentro se denominó “Primer Foro Consenso Tucumán por un Norte Grande Sustentable y en Paz”.

El evento fue organizado por la Asociación Civil para la Protección, Desarrollo y Cooperativas de la Propiedad Privada (PRODECO), una entidad que busca visibilizar la problemática que genera la toma de tierras productivas en el norte argentino relativos a la propiedad privada y a la propiedad de las comunidades indígenas. Allí se analizó los alcances y derechos que promueve la Ley 26.160, junto a sus sucesivas prórrogas. Se trata de una norma que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias de la Argentina, que cuenten con personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas.

Según precisaron los organizadores del foro, “el estado de emergencia rige desde el año 2006 y este ha provocado demasiado daño a todas las partes involucradas: la falta de seguridad jurídica rompe y atraviesa las economías regionales y la autonomía de las provincias”. Roberto Palomo, productor de Tucumán y vicepresidente de la Asociación Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (APRONOR), afirmó que el foro dejó en claro que “la ley de Emergencia de Comunidades Indígenas es inconstitucional, ya que la norma establece que la Justicia no puede actuar en este tipo de causas, es decir cuando tierras son usurpadas o tomadas”.

Y agregó: “Allí no se permite tomar medidas judiciales ni recursos de amparo para defender la tenencia de la tierra. Se dice que tiene que intervenir el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que es quien tiene que determinar a quien pertenecen los títulos y quienes son los dueños. Para los productores, aguardar este tipo de requerimiento ante el Estado nacional es como ganar un juicio laboral”.

En el encuentro se presentaron una serie de casos, donde los dueños de campos explicaron lo sucedido cuando fueron víctimas de la usurpación de sus propiedades. De igual forma a lo acontecido en el sur argentino con los Mapuches, también en el norte del país, se registraron muchos casos de toma de tierras por parte de comunidades indígenas y también grupos vinculados a la política.

Martín Baldoni contó la dificultad que tuvo con familias campesinas de las Yungas, en la localidad jujeña de Tilquiza, cuando con su esposa Elizabeth en el 2005 decidió instalar un establecimiento de turismo rural, donde fundaron la Reserva Natural Aldea Luna, con más de 20 kilómetros de senderos. “Cuando compramos no había dentro de la finca ninguna comunidad aborigen, ni tampoco cerca. Solo había pastajeros arrendatarios”, dijo Baldoni, quien además contó que ya en el 2009 tuvo problemas con un grupo que arrendaba tierras, y con quien buscó concluir su relación contractual. Allí agregó que “nos envenenaron los perros, nos rompen las señalizaciones. Es un desgaste infinito”.

También Dora Pérez, miembro de PRODECO, refirió que su familia tenía una propiedad de 780 hectáreas en la localidad de El Nogalito, en Tucumán. “Tenemos títulos de propiedad otorgados en 1905, y pagamos todos los impuestos”, sostuvo, al explicar que una comunidad indígena conformada por unas 25 personas que responden a “un falso cacique” usurpó parte del terreno. “Me mataron caballos y otros animales. Y no puedo tener nada allí porque me lo rompen todo y me lo roban”, dijo, y agregó que nunca ha tenido respuesta por parte de la Justicia y por otro lado siempre es denunciada por presuntas amenazas contra los ocupantes del predio, y denunció que los usurpadores reciben el apoyo de miembros del Partido de la Justicia Social de Tucumán.

Otros casos

Edgardo Nievas compró una finca de tres hectáreas ubicada en la localidad salteña de Payogasta, cerca de Cachi, a un familiar de un Senador por el Departamento de La Poma, “con escritura y toda la documentación. A los tres meses, este senador junto al juez de paz de Payogasta, ingresaron a mi propiedad y me denunciaron por intruso. El juez en este contexto me obligó a convivir en paz y armonía. Mi vida ha sido un calvario durante cinco años y medio”.

También se escuchó en el foro otro testimonio. Se trata de Marisa Figueroa, que denunció la usurpación de un campo de 10 hectáreas de su familia, ubicado en el Departamento de Robles. “La tierra es la primera que pudo comprar mi familia, que viene de antepasados zafreros y de trabajadores de los obrajes”. Según Figueroa, en Santiago del Estero “la usurpación se está sistematizando y hay una serie de complicidades que así lo permiten. Es una zona liberada para la usurpación, que nace del mismo Estado. No hay usurpación que no esté en vinculación directa con el poder político santiagueño”.

Por último, Raúl Ovejero, de la familia Yampa, que desde hace más de un siglo está asentada en unas 6.600 hectáreas de la estancia El Solco, al sur de Tucumán, comentó que “en el 2000 nos visitó un sacerdote, junto a un monaguillo, y ahí comenzó nuestro calvario”. Ovejero recuerda que el religioso los instó a formar una comunidad indígena. Y en el 2005 presentaron toda la documentación ante el INAI. “Allí comenzaron a truchar todos los datos, y armar el estatuto. (La comunidad) Solco-Yampa es totalmente falsa. Así de poseer la Estancia El Solco pasamos a ser usurpadores”.

FUENTE: Infobae

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