La causa judicial que dejó al descubierto las maniobras impúdicas, extorsivas y esclavizantes, que realizaron contra los sectores más pobres de la Argentina dirigentes piqueteros que forman parte del Polo Obrero y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), y representantes sociales que responden políticamente a organizaciones que formaron parte del gobierno de Alberto Fernández, y ahora del gobernador Axel Kicillof, como Barrios de Pie; iluminó lo que estaba en penumbras.
Lo que se conocía pero se barría bajo la alfombra. Lo que la propia justicia investigó en decenas de expedientes pero no avanzaron. Lo que las autoridades deberían conocer pero no lo denunciaron porque les era funcional o alentaban. Lo que expondría la pesquisa del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello, no se podrían haber realizado si detrás de las maniobras no había dirigentes que estaban de los “dos lados del mostrador”, es decir, por un lado, entregaban a través del Estado, en este caso del Ministerio de Desarrollo Social, planes sociales, como el Potenciar Trabajo, y alimentos, comida, a los sectores más vulnerables; y por el otro, ellos mismos los recibían y administraban desde las cooperativas, comedores y merenderos que formaban parte de esas organizaciones y movimientos sociales que, además, formaban parte de partidos políticos como el Frente de Todos -devenido en Unión por la Patria-, y por el otro lado, el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad.
Si esta fuera una obra de teatro, estaría compuesta de al menos dos actos: en el primero, toman protagonismos los actores principales, los que, al menos por ahora, no están nombrados en las actuaciones judiciales. Ni magistrado, fiscal ni testigos, los han mencionado. Por ahora.
Cada uno tiene peso propio y son las cabezas de cada una de las organizaciones mencionadas o que no fueron nombradas pero formaron parte del manejo multimillonario que el gobierno Fernández destino a los programas sociales, de los cuales hizo su bandera y que administró a través de sus tres ministros de Desarrollo Social: Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz.
En el segundo acto, los actores son los 27 imputados en el expediente que salvo en un par de casos, son piqueteros y punteros de tercer nivel en la estructura que devela la trama oscura a través de la cual se habrían desviado cientos de miles de millones de pesos para hacer política, pero que es sostener ese grado de impunidad si los jefes de esas estructuras no daban el visto bueno.
En los fundamentos de la fiscalía para solicitar las detenciones allanamientos e indagatorias Pollicita destaca “la gravedad institucional que revisten los hechos investigados, por cuanto se habría comprobado que una porción de los fondos públicos que el Estado Nacional asignaba para la asistencia social fueron desviados del destino presupuestario que les correspondía y, en vez de aplicarse a la ayuda de las personas de alta vulnerabilidad social, fueron utilizados como vehículo coactivo por parte de los aquí acusados quienes, a la hora de transmitir a las víctimas sus exigencias coactivas y extorsivas, paradójicamente invocaban como consigna precisamente la ‘lucha’ en defensa de los más necesitados; pero en los hechos obtuvieron un lucro indebido a costa de dichas necesidades”
Para ser intelectualmente honesto hay que decir que hasta ahora en el expediente no surgieron los apellidos de los jefes responsables de las organizaciones a las que pertenecían, ni de ex funcionarios. Ese sería el tercer acto de la obra teatral -por cierto dramática- que quizás se escriba cuando comiencen las indagatorias contra los acusados a los que ayer se le inhibieron los bienes y por decisión del juez de la causa no han sido detenidos de manera preventiva.
Los imputados en el expediente son 27 y forman parte de dos movimientos piqueteros. Son, además, de los más activos a la hora de reclamarle a todos los gobiernos -sin importar el color político- por más planes y alimentos para comedores y sus propias estructuras. Se trata del Polo Obrero y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). El tercer espacio que aparece mencionado es Barrios de Pie, uno de los movimientos que forma parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y cuyas principales organizaciones formaban parte del ex oficialismo. De hecho el coordinador nacional de Barrios de Pie es Daniel Menéndez, exfuncionario en el Ministerio de Desarrollo Social y ahora del gobernador Axel Kicillof.
Polo Obrero
El principal referente del Polo Obrero es Eduardo Belliboni. Hasta ahora, en esta causa, el dirigente no fue mencionado. Sí, en cambio, aparece muy activo uno de sus allegados y que forma parte de la Mesa nacional de esa organización: Jeremías Cantero. Cuando Belliboni enfermó de neumonía y estuvo internado más de 20 días, Cantero se hizo cargo de la comunicación. Formó parte de la “Lista 502″ del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, en las elecciones generales del 22 de octubre de 2023, ocupó el puesto séptimo como candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Junto a Belliboni participa de manera activa de las movilizaciones. Además, entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de abril de 2024, fue funcionario de Desarrollo Social. Cumplía funciones de “apoyo administrativo” en la entonces Secretaría de Economía Social que conducía Emilio Pérsico, el líder del Movimiento.
Esa Secretaría de Estado era la responsable del mayor programa, junto al Alimentar, de la cartera de Desarrollo Social, el Potenciar Trabajo. Los beneficiarios debían realizar 20 horas de tareas en una Unidad de Gestión, muchas de las cuales eran del Polo Obrero, pero también del Evita y otros movimientos sociales, como Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, referenciada en Juan Carlos Alderete; el Frente Popular Darío Santillán de Dina Sánchez; o el Movimiento de Trabajadores Excluidos, cuyo principal ex referente era Juan Grabois, que desde que fue precandidato presidencial de Unión por la Patria, se alejó de la conducción.
Cantero estaba a cargo de suscribir los convenios con las Unidades de Gestión que recibían multimillonarios subsidios por parte del Estado Nacional. De todos modos allí todo pasaba por Pérsico. El Evita de Pérsico integra parte de Unión por la Patria.
Volvamos a Cantero. También formaba parte de la Asociación Civil Polo Obrero.
Según describe el fiscal, a esta altura de la investigación: “Se comprobó —con el grado de provisoriedad propio de la presente etapa procesal— que había personas colocadas en un escalón superior a los referentes de cada comedor, entre los cuales se individualizó a Jeremías Cantero —que coordinaba el funcionamiento de varios comedores en la Ciudad de Buenos Aires e intervenía desde esa posición en la toma de decisiones acerca de las exigencias coactivas y extorsivas a las víctimas—”. En esa misma maniobra también se identificó a “Elizabeth del Carmen Palma —quien se ocupaba de cargar en el sistema informático los datos que permitían que las víctimas cobraran o dejaran de cobrar el plan social—”.
Tanto Cantero como Palma “también intervendrían en las decisiones sobre el destino del producto del delito, conforme se desprende de una conversación telefónica del día 27 de marzo de 2024 mantenida entre ambos, en la que Palma le manifiesta a Cantero su preocupación respecto de la posibilidad de que se los investigue ‘por lavado’ en relación a las “cooperativas que están recibiendo las cápitas’ —mencionando únicamente el nombre “El Resplandor”—, ante lo cual Cantero le propuso ”pensar un plan de adónde va eso’, por el dinero que recibirán de los beneficiarios a los que les imponían una multa de 10.000 pesos si no asistían a una marcha, entre otras maniobras que se describe en la causa.
Para el fiscal: “Dichos elementos sugieren que las actividades de los imputados se orientaron también a canalizar los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de ‘cooperativas’, desconociéndose a la fecha el destino final de ese dinero”
FUENTE: Infobae