Desde este 1° de febrero, cargar nafta o gasoil en la Argentina será nuevamente más caro. No por una suba internacional del crudo ni por una mejora en la calidad del servicio, sino porque el Gobierno nacional decidió aumentar los impuestos a los combustibles, encareciendo cada litro que pagan millones de argentinos todos los días.
El incremento llega vía el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), que se actualizan por decreto. En términos concretos, la carga impositiva sube alrededor de $17 a $18 por litro en la nafta y más de $16 por litro en el gasoil, cifras que se trasladan casi de manera directa al precio final en surtidor.
El punto central: el impuesto se cobra, pero no vuelve
Lo más grave no es sólo que suban los combustibles, sino que el Estado se queda con ese impuesto que cada ciudadano paga al cargar un litro, sin cumplir con el destino que la propia ley establece.
El impuesto a los combustibles tiene una finalidad clara: financiar el mantenimiento y la mejora de las rutas nacionales, entre otras afectaciones específicas. Sin embargo, la realidad es exactamente la contraria.
Las rutas nacionales llevan al menos dos años de abandono, con tramos destruidos, señalización inexistente, banquinas intransitables y un riesgo permanente para quienes transitan por ellas.
A ese deterioro heredado del último tramo del gobierno de Alberto Fernández, se le suma ahora una decisión política del gobierno de Javier Milei: cobrar el impuesto, pero no ejecutar las obras.
Rutas que son una trampa mortal
Hoy, viajar por rutas nacionales en gran parte del país es hacerlo bajo condiciones que rozan lo temerario.
No hay obras, no hay mantenimiento visible, no hay planes públicos de reparación integral y tampoco hay explicaciones claras sobre qué se hace con el dinero que se recauda todos los días en cada estación de servicio.
El resultado es simple y brutal:
El ciudadano paga más
El Estado recauda más
Las rutas siguen destruidas
¿No era que los impuestos eran un robo?
Aquí aparece la contradicción central.
El propio presidente Javier Milei ha definido históricamente a los impuestos como un “robo”. Sin embargo, su gobierno no sólo los cobra, sino que los incrementa y, peor aún, no los aplica al fin para el cual fueron creados.
Desde esa lógica, el problema no es sólo económico, sino moral y político.
Resulta inaceptable que un gobierno que se presenta como moralmente superior, que hace de la transparencia y la eficiencia una bandera discursiva, retenga fondos específicos sin rendición de cuentas y sin obras visibles.
Sin obras y sin explicaciones
Hasta el momento, no existe información clara ni pública sobre el destino concreto de lo recaudado con el impuesto a los combustibles.
No hay cronogramas de obras, no hay informes detallados, no hay balances accesibles para la ciudadanía. Lo único tangible es el aumento en el surtidor.
En este contexto, la suba de los combustibles deja de ser una medida fiscal y pasa a convertirse en lo que muchos ciudadanos sienten en la práctica: un saqueo silencioso, donde se cobra en nombre de obras que no existen y de rutas que siguen siendo una trampa.
Conclusión
Desde febrero, los argentinos pagan más cada vez que cargan combustible.
El Gobierno nacional recauda más, pero no arregla las rutas, no explica qué hace con el dinero y viola el espíritu de la ley que justifica ese impuesto.
Cuando el impuesto se cobra y no vuelve en servicios básicos, cuando se predica una cosa y se hace exactamente lo contrario, no estamos ante un error técnico: estamos ante una decisión política que, en términos simples, termina pareciéndose demasiado a aquello que el propio presidente dice combatir.