Jujuy OnLine Noticias

Tras una queja de Alberto Fernández, habilitaron la feria judicial para acelerar una pericia clave en la causa “Dólar Futuro”

Se trata del caso en el que están acusados la vicepresidenta Cristina Kirchner y el gobernador Axel Kicillof, entre otros. El peritaje había sido ordenado en agosto. El presidente había criticado esta semana las demoras en ese proceso.

El Tribunal Oral Federal 1, que interviene en la causa dólar futuro en donde están procesados la vicepresidenta Cristina Kirchner y el gobernador Axel Kicillof, ordenó averiguar en qué estado se encuentra el peritaje pedido por las defensas. Había sido dispuesto después de las PASO y todavía no se terminó. Ese estudio podría ser clave para avanzar hacia el juicio oral o para hacer caer todo el expediente porque para las defensas demostrará que no existió perjuicio para el Estado. El presidente Alberto Fernández se había quejado el lunes de la demora en las dos causas más políticas que instruyó el juez Claudio Bonadio contra Cristina Fernández y reclamó “resolver algo”.

Ahora, el TOF le ordenó al cuerpo de peritos de la Corte que informen en qué estado se encuentra el estudio contable ordenado en agosto. La decisión se tomó luego de habilitar la feria a raíz de un pedido concreto del fiscal Diego Velazco, el mismo que interviene en las causas Hotesur y Los Sauces y había pedido una medida similar ante el TOF 5 para avanzar con la tramitación de esas causas, paralizadas desde el comienzo de la pandemia.

En el escrito presentado el martes, Velazco habló de la “gravedad institucional” de esta causa. “No escapa al suscripto el contexto de la pandemia de Covid-19 y las sucesivas disposiciones emanadas por el Poder Ejecutivo Nacional en torno al ASPO y las prórrogas de la Feria Extraordinaria dispuestas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mas tratándose la presente de una causa de trascendencia institucional y al ya extendido lapso en que los peritos en cuestión se encuentran abocados al estudio técnico referido, solicito que se les haga saber que contemplen la posibilidad de recurrir -tal como lo viene haciendo esta Fiscalía en numerosos actos judiciales- a las reuniones virtuales que resulten necesarias para arribar a las conclusiones del mismo”, dijo.

Frente a eso, el juez Adrián Grümberg, presidente del TOF 1, firmó la resolución. “Habilítese la feria extraordinaria y en atención a lo solicitado por el señor fiscal del juicio, requiérase al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que informe el estado del peritaje ordenado en autos”, ordenó.

Justamente el lunes, en una entrevista, el presidente Alberto Fernández había dicho: “Es una vergüenza que la justicia argentina tenga desde hace dos años dos causas -Dolar Futuro y Pacto con Irán- sin resolver si inician o no un juicio oral” y añadió: “Es inexplicable lo que está pasando”. “Si alguien quisiera resolver algo, lo agradecería enormemente porque eso es denegar justicia”, insistió.

La pericia había sido pedida en 2017 por la defensa de Miguel Pesce, hoy presidente del Banco Central y también imputado en esta causa. Llama poderosamente la atención que se impute un perjuicio para el erario de la administración pública que no fue verificado y sólo se basa en valoraciones de testigos y afirmaciones de quienes no resultan idóneos para determinarlo. ¿Cómo puede imputársele causación de un perjuicio sin verificarlo en los Balances del BCRA? La respuesta es simple: los balances no arrojan ese quebranto”, planteó la abogada Andrea Caseaux, defensora de Pesce, apenas el caso pasó a juicio oral, reclamando que se hiciera esa medida no fue dispuesta en instrucción.

El estudio fue dispuesto después de las PASO. Tal como reveló el medio Infobae en agosto pasado, los puntos de peritaje incluyen esclarecer las ganancias o pérdidas del BCRA en 2015 y 2016, y a qué monto ascendieron, y si hubo “riesgo de pérdida o déficit hasta la cancelación de los contratos de futuro, teniendo en cuenta los activos y pasivos reales y contingentes con los que contaba el BCRA en el momento en que se tomaron las decisiones de venta de contratos de futuro”. También precisar “cuál fue el valor de la revaluación de los activos dolarizados del Banco Central en los ejercicios 2015 y 2016” y “en qué otros años existieron pagos netos por obligaciones de contratos de dólar futuro”.

Se busca también saber “cuánto fue con lo que efectivamente asistió el BCRA al Tesoro en esos años” y “si existe en las notas del balance 2015 y 2016 alguna observación del auditor interno, del auditor externo, de la AGN o de la Sindicatura indicando que las operaciones de dólar futuro se hicieron a un precio ilegal”.

Entre otros puntos, el interrogatorio a los peritos pondrá el foco en si “las operaciones de dólar futuro realizadas en el año 2015 se hicieron en mercados bajo la definición de los mismos de la ley de mercado de capitales 26831”, si “existe un mercado de pesos en la plaza de Nueva York con las características del mercado respectivo de la ley de mercados de capitales de la Argentina” y si “los precios a los que operó el BCRA en contratos de futuro coinciden con los de dichos mercados”.

El caso. La causa “dólar futuro” investiga a Cristina Kirchner, Kicillof, el ex director del Banco Central Alejandro Vanoli y otras autoridades de esa entidad por autorizar la venta de contratos futuros de dólar a un precio sustancialmente menor al del mercado y provocar un perjuicio económico para el Estado de $54.436 millones.

La denuncia fue hecha por diputados del PRO en octubre de 2015, cuando se estaba definiendo quién gobernaría en la Casa Rosada. Allí se sostuvo que entre agosto y noviembre de 2015, el Banco Central vendió contratos a “dólar futuro” a $10,6 y $10,8 por unidad al sector privado para liquidar entre febrero y junio-julio de 2016. Para esa época, el dólar “blue” se cotizaba a 16 pesos. Y el precio de mercado de esos contratos (en Nueva York y otras plazas) era entre $14 y $15.

El caso le tocó al juez Claudio Bonadio. En abril de 2016, el magistrado llamó a indagatoria por administración infiel en perjuicio de la administración pública a la ex presidenta, que no aparecía en público desde que abandonó la Casa Rosada en diciembre de 2015. Su indagatoria en Comodoro Py incluyó una movilización para acompañarla y un atril desde donde habló de la Justicia y del Gobierno de Macri. Un mes después, tras fallidas recusaciones por enemistad manifiesta, Bonadio la procesó junto a Kicillof y una decena de ex funcionarios del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores.

“Resultó evidente que la entonces Presidente de la Nación impartió instrucciones -que sin duda fueron elaboradas conjuntamente- a su Ministro de Economía para que esta operación financiera se lleve a cabo, procediendo éste a su vez a impartir directivas a los funcionarios del B.C.R.A. y por supuesto, a los directores de la CNV, todos los cuales –es preciso resaltarlo- eran totalmente intercambiables en caso de disidencia con la orden, o en el caso de ser remisos al acatamiento”, señaló Bonadio cuando la procesó.

La Sala II de la Cámara Federal confirmó los procesamientos. Allí se sostuvo que “el objeto de la pesquisa no fue cuestionar la legitimidad de la venta de contratos de dólar a futuro, sino que se orientó a determinar si tales operatorias fueron llevadas a cabo en violación a lo dispuesto en su Carta Orgánica, en beneficio de terceros y perjudicando el patrimonio de la entidad”.

En mayo de 2017, Bonadio dio por cerrada la causa y se mandó a juicio a Cristina Kirchner, Kicillof y los directores del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Vanoli, Miguel Ángel Pesce, Flavia Matilde Marrodán, Bárbara Emilia Domatto Conti, Alejandro Formento, Juan Miguel Cuattromo, Mariano Beltrani, Germán David Feldman, Pedro Martín Biscay y Sebastián Andrés Aguilera. También apuntó contra los directores de la Comisión Nacional de Valores, Cristian Alexis Girard, Guillermo Mario Paván y David René Jacoby, por ayudar a la maniobra.

 

Fuente: infobae.com

 

Comentarios

Relacionadas

Crimen en Villa Gesell: el ADN de Blas Cinalli fue encontrado bajo las uñas de Fernando Báez Sosa

Editor

Diputados de Cambiemos denunciaron penalmente a Alberto Fernández por “abuso de autoridad” por la decisión de expropiar Vicentin.

Editor

Denunciaron penalmente al jefe de los fiscales, Sergio Lello Sánchez, por supuesto encubrimiento en una causa por abuso

Editor