La Justicia de Estados Unidos, a través de la jueza Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones clase D de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera en 2012. Esta medida se enmarca en el cumplimiento de una sentencia que condenó al país a pagar más de 16.100 millones de dólares más intereses a los fondos demandantes, principalmente Burford Capital y Eton Capital, que adquirieron los derechos de litigio.
La orden judicial establece que Argentina debe transferir esas acciones a una cuenta de custodia global en el Bank of New York Mellon en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la notificación, para que luego sean traspasadas a los demandantes o a quienes estos designen en un plazo de un día hábil tras el depósito.
Este fallo representa un avance significativo en el litigio iniciado tras la expropiación de YPF en 2012, y aunque es una medida inédita que afecta directamente la propiedad estatal de la petrolera, el Gobierno argentino confirmó que apelará la decisión, lo que podría demorar la ejecución del fallo por más de un año.
La jueza Preska fundamentó su decisión en que desde la expropiación Argentina ha ejercido control operativo y financiero sobre YPF, participando en todas las decisiones de directorio y asamblea. Por su parte, el fondo Burford Capital, principal beneficiario de la orden, advirtió que la entrega efectiva de las acciones implicaría complejidades legales si no cuenta con la aprobación del Congreso argentino y debería realizarse mediante una oferta pública, algo que no está previsto por ninguna de las partes hasta el momento.
Este fallo reaviva un conflicto judicial de alto impacto económico y político, con consecuencias que podrían extenderse en el tiempo a través de apelaciones, nuevas medidas cautelares o eventuales acuerdos entre las partes involucradas.