A apenas cinco días de haber prestado conformidad para el cese de la prisión preventiva de Carlos Ariel Vázquez, el Ministerio Público de la Acusación solicitó y logró su nueva detención, luego de que el imputado presuntamente incumpliera las medidas restrictivas impuestas por la Justicia y se configurara un nuevo escenario de riesgo para la víctima y sus hijos.
El pasado 15 de enero de 2026, el Juzgado de Violencia de Género, a cargo del juez Rodolfo Miguel Fernández, resolvió hacer lugar al pedido de la defensa y otorgar la libertad de Vázquez en el marco del expediente que sigue su causa, decisión que fue adoptada sin oposición del Ministerio Público de la Acusación ni de la querella, tal como surge del acta oficial de la audiencia judicial .
En esa instancia, celebrada de manera remota y con la denunciante presente y asistida por su abogada querellante, la fiscal interviniente manifestó expresamente que no se oponía al cese de la prisión preventiva, solicitando únicamente la imposición de medidas de protección. En el mismo sentido se expidió la querella, que tampoco objetó la liberación, aunque pidió que las restricciones se extendieran a los hijos de la víctima.
El juez dispuso entonces la libertad del imputado bajo estrictas reglas de conducta por 120 días, entre ellas la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros, la prohibición de ejercer cualquier tipo de violencia —incluso por redes sociales—, controles periódicos, la realización de un curso de nuevas masculinidades y la implementación de un sistema de monitoreo dual. La resolución advertía expresamente que el incumplimiento de cualquiera de estas condiciones implicaría la revocación inmediata del beneficio.
El quiebre del escenario: violación de la perimetral y nuevo pedido de detención
Ese escenario cambió de manera abrupta este 20 de enero de 2026, cuando el Ministerio Público de la Acusación informó que el Juzgado de Violencia de Género hizo lugar al pedido de detención de Vázquez, formulado por la fiscal María Emilia Curten Haquim, tras constatarse que el imputado violó la restricción perimetral, incurriendo en el delito de desobediencia judicial.
Según el parte oficial, Vázquez —imputado en dos causas penales por amenazas graves y reiteradas contra su expareja en un contexto de violencia de género— generó un riesgo procesal concreto y un peligro objetivo para la integridad física y psíquica de la víctima y de sus hijos, lo que motivó el nuevo pedido de detención.
La medida incluyó allanamiento, registro y captura, que se concretó durante la tarde en el barrio Belgrano, con intervención de personal policial. De manera complementaria, la Fiscalía había ordenado custodia policial efectiva en el domicilio de la víctima hasta tanto se hiciera efectiva la detención, en cumplimiento de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Un intento de recomposición institucional
El nuevo pedido de detención aparece, en los hechos, como un intento del Ministerio Público de la Acusación de recomponer el escenario procesal, luego de haber acompañado —junto con la querella— la postura de la defensa que permitió la liberación del imputado.
La secuencia expone las tensiones propias de este tipo de causas: una decisión judicial adoptada con aval de todas las partes, seguida de un incumplimiento de las reglas impuestas, que obliga a la Fiscalía a revertir su posición inicial ante la aparición de nuevos hechos que agravan la situación procesal del acusado.
La causa continúa en trámite, con Vázquez nuevamente detenido, mientras se evalúan las responsabilidades penales derivadas tanto de las amenazas denunciadas como de la desobediencia a una orden judicial expresa.