El Tribunal en lo Criminal Nº 3 condenó a Iris Mariela García y Nelson Dante Tolaba a prisión perpetua, por ser coautores penalmente responsables del delito de “Homicidio agravado por alevosía y ensañamiento”; hecho que acabó con la vida de Esther Eva Flores Carrasco.
Asimismo, absolvió por el beneficio de la duda a otro de los acusados, Cristian Sergio Tolaba, y ordenó su inmediata libertad.
Los hechos
De acuerdo con la acusación fiscal, el martes 21 de noviembre de 2017, aproximadamente a las 10.30, la víctima se encontraba junto a Iris García en el domicilio de la imputada, situado en el barrio San Pedrito de San Salvador de Jujuy, cuando tras una discusión, la acusada procedió a atacar brutalmente a Flores Carrasco con golpes de puño y patadas.
Posteriormente, García junto a Nelson Tolaba y Cristian Tolaba, en común acuerdo, habrían atado de pies y manos a la víctima para trasladarla en un vehículo Fiat Uno hasta la localidad de Los Molinos, en el sector 3 de la calle Cronista Comercial, en donde, a las 18 aproximadamente, arrojaron a Flores Carrasco a los márgenes del camino y rociado con nafta a la misma.
Luego, prendieron fuego a la mujer, quién aún se encontraba con vida, ocasionándole así un sufrimiento físico innecesario y posteriormente su muerte.
El Tribunal fue integrado por el juez Mario Ramón Puig – presidente de trámite-, y las juezas Ana Carolina Pérez Rojas y María Margarita Nallar. En tanto, la secretaría estuvo a cargo del Dr. Ricardo Almaraz.
Como representante del Ministerio Público de la Acusación se desempeñó el Dr. Alejandro Maldonado. Los abogados querellantes fueron la Dra. Noemí Rivera y el Dr. Cristian Andrés Molina, ambos funcionarios públicos del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género.
Las defensas técnicas de los acusados estuvieron a cargo de los doctores Fernando Bóveda y Federico LLermanos por Iris García; Ignacio Pini por Cristian Tolaba; y Sergio Valdecantos y Patricio Zarzuri por Nelson Tolaba.
Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer dentro del plazo establecido por el Código Procesal Penal de la provincia, a partir de lo cual las partes podrán recurrir ante una instancia superior al Tribunal de juicio.