El proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo nacional busca aprobar en el Congreso enfrenta no solo debates políticos, sino también un condicionamiento clave en su texto que podría postergar la entrada en vigencia de varias de sus medidas más importantes.
En el despacho de comisión del Senado —cordinado por las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda— se incorporó un artículo, el artículo 212, que traslada al Ministerio de Economía la decisión de determinar cuándo entrarán en vigencia varias disposiciones de la reforma que tienen impacto fiscal. Esto significa que, incluso si el proyecto se aprueba, no será automática la aplicación de numerosos cambios laborales y tributarios incluidos en la iniciativa, sino que dependerá de la evaluación del cumplimiento de metas fiscales por parte del Ejecutivo.
Medidas clave postergadas por decisión administrativa
Entre los capítulos que quedarían sujetos a esta condición se encuentran:
- El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar pagos de indemnizaciones.
- El Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).
- Modificaciones a leyes impositivas y disposiciones relacionadas con la reducción de la carga tributaria, incluidas ventajas fiscales para empresas.
El texto establece que estos beneficios y cambios no tendrán una fecha concreta de entrada en vigencia, sino que quedarán a criterio del Ministerio de Economía, lo que introduce un elemento de discrecionalidad administrativa tras la aprobación legislativa.
La razón política y fiscal detrás del cambio
La modificación obedecería a una falta de previsión de financiamiento explícito en el proyecto original. Al no detallarse cómo se cubrirían los costos fiscales derivados de estas medidas —ante potenciales disminuciones en la recaudación por menores contribuciones patronales y otros alivios impositivos—, el Gobierno optó por esta fórmula para ampliar su margen de maniobra y asegurar el llamado equilibrio fiscal antes de la ejecución de las medidas.
Especialistas señalaron que controles como este introducen un nivel de incertidumbre adicional para las empresas y los agentes económicos, porque no hay plazos definidos por ley para la puesta en marcha de beneficios que había anunciado el Gobierno como incentivos para la contratación formal y la inversión productiva.
Impacto en el sistema previsional y financiamiento
La reforma laboral incluye, entre otras medidas, una rebaja de las contribuciones patronales destinadas a la seguridad social, vinculada al FAL. Según expertos, esta rebaja no implicaría una caída en los ingresos previsionales, ya que no se modifica el cálculo de jubilaciones ni su movilidad. Sin embargo, los recursos que falten por contribuciones tendrían que ser suplidos desde otras fuentes, como impuestos o transferencias del Tesoro, reforzando la lógica de condicionar la puesta en vigencia al cumplimiento de metas fiscales.
El Ejecutivo argentino sostiene que la reforma busca bajar el costo laboral para incentivar el empleo formal y la inversión, pero el mecanismo estipulado para su aplicación refleja que la ejecución efectiva dependerá de la situación de las cuentas públicas una vez que la ley sea sancionada.
Próximos pasos en el Congreso
El proyecto de reforma laboral todavía no fue tratado en el recinto, y su avance dependerá de la voluntad política para su tratamiento en sesiones extraordinarias y de la negociación entre los distintos bloques parlamentarios. En ese contexto, la inclusión del artículo que postergaría la vigencia de disposiciones clave marca un nuevo punto de atención en el debate político y económico en torno a la reforma.