Un grupo de diputados de la oposición solicitó investigar el otorgamiento de créditos millonarios del Banco de la Nación Argentina a funcionarios y legisladores vinculados a La Libertad Avanza, en medio de cuestionamientos por posibles beneficios diferenciales y falta de transparencia.
El planteo surge a partir de datos públicos relevados por la plataforma “¿Cuánto deben?”, que utiliza información de la Central de Deudores del Banco Central y permitió identificar préstamos de gran magnitud otorgados a figuras del oficialismo.
Entre los casos mencionados figuran funcionarios del área económica y dirigentes políticos que accedieron a créditos hipotecarios por cifras que, en algunos casos, superan los 300 millones de pesos. Por ejemplo, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, registra un préstamo cercano a los $367 millones, mientras que Felipe Núñez Director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) accedió a un crédito superior a los $370 millones, en tanto Pedro Inchauspe, también director del Central, recibió un crédito de $510.654.000 (US$345.492).
También aparecen otros nombres como Juan Pablo Carreira, (“Juan Doe” en la red social X), director nacional de Comunicación Digital y hombre a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial con un crédito por más de $112 millones, y legisladores oficialistas como Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, cuyos préstamos oscilan entre los $230 y $279 millones.
El pedido de investigación fue impulsado por el diputado Esteban Paulón, quien reclamó informes al Poder Ejecutivo y a las autoridades del banco para determinar si existieron condiciones preferenciales o conflictos de interés en la asignación de los créditos.
“Llama la atención el otorgamiento de préstamos de cientos de millones a funcionarios y legisladores”, advirtió el legislador, quien también solicitó evaluar los mecanismos de control sobre este tipo de operaciones.
Desde el Banco Nación defendieron su operatoria y aseguraron que el proceso de otorgamiento es “homogéneo, sin excepciones”, al tiempo que destacaron el rol central de la entidad en el financiamiento hipotecario, ya que concentra la mayoría de estos préstamos en el país.
Sin embargo, la polémica se intensificó por la existencia de líneas crediticias específicas para empleados y funcionarios públicos, que incluyen condiciones diferenciadas respecto de otros clientes.
El caso reavivó el debate sobre el uso de la banca pública y la coherencia entre el discurso de reducción del Estado promovido por el oficialismo y el acceso a financiamiento estatal por parte de sus propios dirigentes.