El juez Marcelo Martínez De Giorgi ordenó las primeras medidas de prueba para que se active el expediente.
El juez Marcelo Martínez De Giorgi ordenó las primeras medidas de prueba para que se active el expediente iniciado por una denuncia de la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) luego de que se hallara en las oficinas de la central de espías un disco externo con información sobre personas que habrían sido objeto de espionaje ilegal.
El juez avanzó en el expediente luego de que el fiscal Jorge Di Lello imputara por el caso al ex presidente Mauricio Macri y a quienes encabezaron la AFI durante su gestión: Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Entre los imputados por el fiscal está también Darío Biorci, cuñado de Majdalani y quien fuera Jefe de Gabinete de la AFi. Dos agentes detectados por la conducción actual de la AFI como los que tuvieron acceso al disco rígido(marca Western Digital) con información de inteligencia, también se encuentran imputados. El fiscal y el juez los han identificados como agentes «A» y «B».
En la denuncia presentada por Caamaño la semana pasada se señaló que se había hallado material que podía implicar actividades de inteligencia ilegal sobre dirigentes políticos tanto del kirchnerismo, como del propio macrismo, un periodista, un ex Jefe de la Bonaerense y hasta una oficina de esa fuerza de seguridad.
Cuando formuló la denuncia Caamaño, quien pidió la indagatoria de Macri, Arribas y Majdalani, entre otros, sostuvo: “Claro está que uno no debe pecar de ingenuo. La información almacenada en este disco rígido no se encuentra allí de casualidad, sino que evidentemente fue utilizada para la producción de inteligencia ilegal. A su vez, no debe perderse de vista la ilegalidad manifiesta en el medio utilizado para la obtención de esta información. Es que la tarea arbitraria llevada a cabo en la agencia durante la última gestión, no fue ordenada ni autorizada por ningún juez, lo cual viola palmariamente preceptos de raigambre constitucional”.
Entre los que se sospecha que fueron espiados están integrantes del macrismo como Laura Alonso, Mario Negri, Nicolás Massot, Ángel Rozas y Ernesto Sanz y dirigentes de la oposición de entonces como Gabriela Cerruti, Martín Sabatella, Marcos Cleri, Carlos Castagnetto, Ricardo Forster, Rodolfo Tailhade y Omar Perotti.
En el listado aportado por Caamaño también están la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, el legislador Carlos Tomada, Ofelia Cedola, ex funcionaria kirchnerista, el dirigente gremial Héctor Daer, el senador Alberto Weretilneck, la ex senadora Silvia Rojkes de Alperovich, Hugo Matzkin, ex Jefe de la Policía Bonaerense, entre otros.
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El juez ordenó –en un escrito al que accedió al medio Infobae- que la AFI:
*Envíe al juzgado la copia certificada de los legajos completos correspondientes a los agentes identificados por como “A” y “B”.
*Remita una nómina del personal contratado en la agencia entre el 10 de diciembre de 2015 y el 10 de diciembre de 2019 y especifique el área dónde se desempeñaron.
*Aporte un diagrama completo de la estructura de la agencia durante el mismo período de tiempo, del que surjan las cadenas de mando, jerarquías, como así también sistema de control y supervisión de los agentes que intervenían en cada una de las áreas.
*Detalle todas las órdenes de reunión de información que existieran en la agencia respecto de las personas mencionadas en la denuncia radicada el pasado 26 de mayo.
*Remita el informe al que se hace alusión en la presentación inicial del que surgirían los nombres de los imputados como intervinientes en el hecho denunciado.
*Detalle pormenorizadamente el procedimiento que se llevó a cabo con motivo del hallazgo del disco rígido Western Digital –S/N WCASY 0545906 y cómo se documentó el recupero de la información que habría sido eliminada del dispositivo, y especifique los protocolos y normativa observados a tales fines.
*Aporte copia certificada de las actuaciones sumariales que se hubieren labrado a raíz del hallazgo que motivó la denuncia inicial.
*Envíe las constancias a partir de las que se acreditó que la actividad presuntamente ilegal anoticiada no se realizó con motivo de una manda judicial.
*Indique las funciones y atribuciones correspondientes a las tareas desempeñadas por las dos personas que serían agentes de inteligencia y Darío Alberto Biorci durante su desempeño en la Agencia Federal de Inteligencia, como así también precise a quién reportaba cada uno de ellos, como su superior inmediato».
Martínez De Giorgi le enmendó la realización de un peritaje sobre el disco externo hallado en la AFI a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO), la oficina que tiene a su cargo las escuchas telefónicas ordenadas por las autoridades judiciales. La DAJUDECO debe realizar una copia espejo del disco y luego:
*Recuperar toda información almacenada en el disco rígido acompañado y que podría haber sido defectuosamente eliminada y determinar las fechas de tal/es evento/s.
*Individualizar los correos electrónicos que surgirían del disco rígido y, si es posible, establecer su titularidad.
*Determinar qué tipo de información contiene el dispositivo, fecha de producción, obtención y/o almacenamiento, su origen tecnológico y su eventual manipulación.
*Individualizar a las personas que tuvieron acceso a la información al momento de su producción, obtención y/o almacenamiento.
*Detallar en cada uno de los correos electrónicos obtenidos su asunto y/o rastros, transcribir su contenido, identificar sus fechas y archivos adjuntos si tuvieran.
*Identificar las credenciales almacenadas en el disco rígido, así como el historial de búsquedas de los navegadores y sus fechas.
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Fueron aceptados como querellantes por Martínez De Giorgi varios de los que aparecen en la lista: la ministra Gómez Alcorta, Lucila Puyol, Valeria Mariana Silva y Andrea Gabriela y Sabbatella, Adrián Eduardo Grana, Sergio Zurano, Fernando Gabriel Torrillate, Cintia Alejandra Lujan Apezteguía, Sol Lucía González de Cap, Guido Pasamonik, María Lara González Carvajal y Leonardo Javier Sabbatella. Por defectos formales no fueron aceptados como querellantes Majul y Matzkin que deberán presentar nuevamente el escrito con su pretensión de ser tenidos como parte en el expediente.
Fuentes judiciales confirmaron que Arribas presentó a sus abogados en la causa, por lo que se consideró imputado. Lo defienden Alejandro Pérez Chada y Andrés Coronato. Pérez Chada ha sido defensor de varios ex funcionarios de la gestión anterior que estuvieron o están bajo investigación en los juzgados de Comodoro Py, entre ellos el ex presiente Macri.
Fuente: infobae.com