En el marco del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo provincial que prevé suspender los la ejecución de juicios contra el Estado de Jujuy para evitar que el flujo de Recursos Monetarios que Demanda la Salud Pública y Seguridad no se vea afectado en el marco de emergencia por la pandemia del COVID – 19, esta mañana, en reunión de la Comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura se trató el tema, aunque según pudo saber JujuyOnLine no será tratado el jueves en sesión ordinaria.
La presidente del Colegio de Abogados de Jujuy, Gabriela Igarzábal, tras salir de dicha reunión indicó que desde la institución están muy preocupados porque entienden que una Ley no puede suspender los procesos de ejecución. «El Poder Ejecutivo no puede proponer que otro poder del Estado suspenda sus procesos. Si el Ejecutivo tiene dificultades de pago, los gastos deberán organizarse de otra forma»
«Hemos sido recibidos por la comisión en pleno, todos los diputados nos recibieron lo que indica que los legisladores están preocupados por la marcha de la provincia». Confirmó que los legisladores confiaron que el proyecto no ingresará a la sesion y que les solicitaron aportes.
«Este proyecto de ley tiene que ser modificado para que salga una ley adecuada, justa y constitucional».
Por otra parte, la Asociación de Abogados a través de su presidente, Claudia González dijo que se sorprendieron «porque busca la irresponsabilidad del Estado respecto de las deudas consolidadas con sentencia firme y consentida. Este proyecto avanza sobre las facultades del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo viola la Constitución Provincial, la Constitución Nacional, compromete la responsabilidad del Estado Nacional»
Indicó que al avanzar en contra del patrimonio de una persona, se viola sus derechos. Se suspenden los trámites y las sentencias, y que en los casos que ya hubiere fondos depositados en el banco, se les ordena que no se pague una orden de un juez y que contemple como único caso un problema de salud con tope de 100 mil pesos, que hoy no es nada.
«Siempre los afiliados cautivos de la obra social más grande que es el ISJ, que tienen que acceder a un tratamiento o un trasplante, no podrían acceder en caso de hacer un juicio», ejemplificó.
«No venimos a pedir excepción, porque hay abogados que tampoco podrán cobrar, eso pasa por otro lado, no venimos a hacer una defensa corporativa o de clases, sino que venimos a defender los derechos de todos».
Agregó que debería haberse consultado al Superior Tribunal de Justicia, al Colegio de Abogados el Colegio de Magistrados porque esta avanza sobre todos esos temas. El proyecto entró la semana pasada y se quiere tratar esta semana. «Nosotros le venimos a decir a la gente que es lo que se va a tratar acá. Los diputados representan a cada jujeño, nos deben explicaciones en caso de aprobar esta bazofia que es ese decreto»
Pedimos reunión con la Comisión de Legislación y la Comisión de Asuntos Institucionales, y esperamos poder hablar con ellos. «Confiamos que al leer ese proyecto de 10 artículo y que tiene la ridiculez de decir -en el artículo 8- que se invita a los municipios y comisiones municipales a adherir a la ley, en el artículo 9 señala que es una ley de orden público y todos sabemos que una ley de orden público no necesia adhesiones…»
Está mal redactado y podemos especular que como no hay plata, se elige no pagar los derechos reconocidos por el Poder Judicial.