Así surge del dictamen firmado por la fiscal de la causa, tras el pedido del sindicalista “Pata” Medina. También quedaron imputados los empresarios de la construcción.
La Fiscalía pidió investigar ek cruce de llamadas realizadas por la ex gobernadora y hoy diputada María Eugenia Vidal en el marco de la causa que investiga lo sucedido en una reunión en la sede del Banco Provincia de la Capital Federal en junio de 2017 en donde se habló de una “Gestapo” sindical. Así surge del dictamen que firmado por la fiscal Ana Ruso, luego de un pedido expreso de la defensa del sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. La fiscal pidió investigar los teléfonos de la ex gobernadora y sostuvo que acá se está analizando una asociación ilícita.
Según el dictamen, la fiscal le pidió al juez Ernesto Kreplak que amplíe la investigación. Pero además ahora se incluye como acusados a los empresarios que participaron de la reunión.
Entre las medidas de prueba, la fiscal reclamó “un exhaustivo informe de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de los ex funcionarios presentes en la reunión del 15 de junio del 2017 y el o los abonados asignados a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires durante el período que abarca entre el 1 de mayo del 2017 y diciembre del 2017″.
“Se está investigando en autos la supuesta organización de una estrategia, elaborada en el gobierno nacional, provincial y municipal durante el año 2017, dirigida a impulsar denuncias para involucrar en investigaciones penales a personas vinculadas con la práctica sindical relacionada con actividades de la construcción en la ciudad de La Plata”, se afirmó.
Un detalle que llamó la atención en fuentes judiciales es que el dictamen formaliza la imputación contra todos los integrantes de la reunión, que -no obstante- ya estaban siendo investigados e incluso se realizaron allanamientos en sus domicilios. Ahora, la fiscal no menciona directamente a la ex gobernadora en el escrito, pero pide investigar sus teléfonos, tal como había solicitado “Pata” Medina.
El dictamen de la fiscalía también ratifica la competencia de la justicia federal de La Plata para impulsar esta investigación, un tema que ya fue cuestionado por la defensa de uno de los ex agentes de la AFI. Y hasta se anima a adelantar que se podrá avanzar hacia indagatorias.
“Una vez cumplidas las medidas de prueba, recabadas en las actuaciones, y se alcance el estado de sospecha suficiente y, motivo bastante para considerar que alguno de los imputados, ha participado en los hechos, de momento, hasta aquí denunciados, esta Fiscalía Federal, deja planteado a V.S. que proceda al llamado de indagatoria”, añadió.
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La investigación nació por una denuncia de la interventora de la AFI Cristina Caamaño que denunció la existencia de un video en el que aparecen ex funcionarios provinciales, de la AFI, y también algunos empresarios de la construcción de La Plata. Según la denuncia, el encuentro en el Banco Provincia, el 15 de junio de 2017, habría sido para armar causas contra el sindicalista de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Juan Pablo “El Pata” Medina.Según la titular de la AFI, el video que motivó la denuncia se descubrió el 23 de diciembre mientras se realizaban “tareas de organización y mantenimiento de insumos informáticos en uso”.
En las imágenes se escucha al ex ministro de Trabajo hablando de una “Gestapo”: “Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios lo haría. Ahora: las leyes son las leyes, tengo que modificar la ley 10.430, sacarles estabilidad a los empleados públicos de la provincia, cosa que por ahí dentro de 100 años un nieto mío lo vea”.
Y destaca: “Hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía, con el juez que eso va a funcionar. Fue el primer paso hace unas cuantas semanas atrás. En segundo lugar, tenemos que hacer que esas declaraciones individuales lleguen. Tenemos que hacer que la Fiscalía, entre las muchas líneas (inaudible), una que es que prácticamente desapercibida que lo oficien al Ministerio de Trabajo para saber yo que sé de todo esto y que información tengo ahí es donde vale las notas de ustedes”.
El caso escaló políticamente. La vicepresidenta Cristina Kirchner salió a ponerle nombre a los espías de la reunión que no estaban identificados en la denuncia original. El oficialismo impulsó cuestionamientos hacia la ex gobernadora y la creación de una subcomisión en el área de seguimiento de actividades de inteligencia en el Congreso para llamar avanzar con la investigación.
Después de varios días de silencio, Vidal apareció el jueves pasado en público para rechazar las acusaciones: negó una mesa judicial y pidió no victimizar a los mafiosos. Tras esas declaraciones, la querella de “Pata” Medina pidió la imputación de la ex gobernadora y el análisis de sus teléfonos.
El video ilegal que se “encontró”, muestra una reunión de trabajo entre mi gobierno e instituciones de la construcción de la Cd. de La Plata, asistiendolos como víctimas de la extorsión y las amenazas permanentes del Pata Medina.
— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) January 7, 2022
Ahora, la fiscal Ruso emitió un dictamen diciendo: “Habiéndose incorporado al expediente prueba que fuera solicitada por esta Fiscalía Federal, en el requerimiento de instrucción oportunamente presentado, y toda vez que se ha constatado y certificado por parte del Escuadrón de Inteligencia Criminal, Buenos Aires Sur, de Gendarmería Nacional, quienes se encontraban presentes en la reunión celebrada el día 15 de junio de 2017 en la sede del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que vengo a ampliar la imputación, respecto de Marcelo Jaworski, Director General de COPETRO, Adrián Grassi, ex Subsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Gigante, ex Ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario, Juan Pablo Allan, Senador de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Oscar del Rio, presidente de APYMECO, Fernando Sacrachi, Director de ACIP, Guillermo Moretto, Presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata, Ricardo José Alconada, presidente de OCSA, Julio Cesar Garro, actual Intendente municipal de la ciudad de La Plata, Bernardo Zaslascky, director de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (ACIMCO), Juan Sebastián De Stéfano, Darío Alberto Biorci, y Diego Luis Dalmau Pereyra -éstos tres último pertenecientes, a la fecha del hecho, a la Agencia Federal de Inteligencia-, como así también a toda persona que resultare autor/a, autor/a, cómplice, partícipe y/o instigador/a de los hechos, vinculados a los acontecimientos, hasta el momento, denunciados por la Sra. Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, doctora Cristina Caamaño Iglesias Paiz, cuya investigación se insta, y que pudieran ser identificados en el devenir de la instrucción”.
La fiscalía también solicitó informes a distinta causas, como la que investigó el espionaje político que nació en Lomas de Zamora y la causa que investiga el seguimiento a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, en la que está procesado el ex presidente Mauricio Macri, para saber si allí se secuestraron teléfonos de los ex agentes de la AFI involucrados en esta causa para solicitarle el material y las pericias correspondientes.
Fuente: Infobae.com