El presidente de la Nación, Alberto Fernández, decretó la creación de una «Comisión de recepción y análisis de denuncias sobre violencia institucional en la provincia de Jujuy», que funcionará bajo el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Entre los considerandos del decreto 2023 – 435 que lleva las firmas del presidente y del ministro Agustín Rossi, hace referencia a la preexistencia, los derechos, los tratados y convenios de las comunidades indígenas que habitan el suelo argentino.
Asimismo, hizo referencia al pedido de inconstitucionalidad de la nueva Constitución Provincial del registro de la Secretaría de Juicios Originarios y los pedidos de la CIDH y otros organismos que manifestaron preocupación por las protestas en contra de la reforma de la CP y las denuncias en contra de la policía y el Gobierno de Jujuy.
De esta manera, el Gobierno Nacional dipuso un plazo de 60 días para recibir denuncias e investigarlas.
Cabe señalar, que desde el 20 de junio último -con una jornada violenta en inmediaciones de la Legislatura donde sesionaba la Convención Constituyente- y luego con numerosos cortes de ruta (hoy solo se registran tres), organizaciones sociales, partidos de izquierda e integrantes de comunidades originarias manifestaron en contra de la reforma y a favor de los derechos indígenas.
Sobre este último punto, horas antes de aprobarse la nueva Carta Magna, fueron removidos los nuevos artículos que hacían referencia a las comunidades, y que posterior a ello, fueron convocadas por el Ejecutivo para realizar los aportes que considerasen necesarios.
La conformación de una comisión similar fue presentada, a través de un proyecto, por la diputada nacional Leila Chaher, con el objetivo de integrarla de manera bicameral, es decir, entre diputados y senadores.