El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, comenzó la ronda de consultas con los ministros para darle forma a la ley de leyes. Apunta a dar una señal a los mercados y a ordenar las cuentas, ya que actualmente no hay un presupuesto aprobado.
Más allá de los efectos negativos por la pandemia de coronavirus que se hacen sentir profundamente en la economía de Argentina y sin haber cerrado aun las negociaciones con los bonistas por el pago de la deuda, el Gobierno envió este martes al Congreso una comunicación interna en la que adelantó que el 15 de septiembre girará el proyecto de ley de Presupuesto 2021 con el objetivo de “consolidar una estructura productiva que asegure el empleo formal y contribuya al bienestar económico”.
La decisión de la Casa Rosada apunta a dar previsibilidad a las cuentas del año que viene y busca normalizar la situación de la administración pública ya que este año no tuvo Ley de Presupuesto por el cambio de gestión. Hasta ahora el presidente Alberto Fernández se maneja con las cuentas del 2019 y con resoluciones del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que reasigna partidas de fondos según cada caso.
Según la carta de 58 páginas que Cafiero giró a la Cámara de Diputados, que es donde empezará a debatirse la iniciativa, el Gobierno redactará un proyecto de ley de presupuesto 2021 para el próximo ejercicio fiscal que se presentará el 15 de septiembre con “el objetivo de consolidar una estructura productiva que asegure el empleo formal y contribuya al bienestar económico y social de las y los habitantes del territorio argentino, enfatizando la administración de la situación de emergencia sanitaria, económica y social provocada por la pandemia COVID- 19 y las políticas que permitan la recuperación económica y social de nuestro país”.
También en esa misiva a la que tuvo acceso Infobae se señala una dura crítica a la administración de Mauricio Macri al sostener que “la política económica implementada entre 2016 y 2019 se basó en la desregulación de la cuenta financiera y del movimiento de capitales, en la apertura comercial y en la reducción de la carga impositiva a los sectores de mayores ingresos”.
De esta manera, el Gobierno estableció que en la gestión anterior el tipo de cambio se devaluó más del 400% y la inflación acumuló un incremento del 295%. El endeudamiento externo del periodo llevó el stock de deuda pública bruta al 88,8% del Producto Bruto Interno (PBI), 36,2 puntos porcentuales por encima del ratio observado a fines del año 2015. La actividad económica registró una contracción de 4% en tanto que el PBI per cápita y retrocedió 7,9%, con “un claro deterioro del sector industrial y, en particular de las PyMEs que experimentaron una contracción en torno a los 20.000 cierres de empresas”. Para aclarar que el poder adquisitivo del salario del sector privado registrado retrocedió aproximadamente un 18% mientras que el del haber mínimo jubilatorio cayó más de 17%. En tanto que la pobreza en el período macrista aumentó más de 5 puntos porcentuales para ubicarse en 35,5%.
En contraposición a esto el mensaje del Jefe de Gabinete al Congreso elogia las medidas adoptadas por el presidente Alberto Fernandez que en la primera etapa del año hasta la pandemia del COVID-19 “habían comenzado a mostrar sus efectos positivos en los primeros meses de 2020. Los ingresos reales comenzaron a recomponerse y algunos sectores productivos detuvieron su caída, como lo refleja el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) publicado por el INDEC que reportó un crecimiento de 4,4% mensual, sin estacionalidad, en febrero”.
Sin embargo, el Gobierno aclaró que “la irrupción de la pandemia COVID-19 y sus perjuicios sobre toda la estructura económica y laboral de la inmensa mayoría de las naciones provocaron un drástico cambio de escenario”.
En este sentido, hace una enumeración de todas las medidas tomadas para atender la pandemia y recala que al mes de junio, ese paquete de normas está compuesto de recursos fiscales por un monto equivalente al 2,9% del PBI. “Las medidas concomitantes en materia de estímulo del crédito para las empresas y las familias ascienden al 2,1% del PBI. En conjunto, el Estado ha volcado recursos directos e indirectos a la economía por cerca de $1,4 billones, equivalentes al 5% del PBI”.
Algunos funcionarios del Gobierno interpretan en este mensaje al Congreso un adelanto explícito de que el proyecto de presupuesto 2021 no será nada auspicioso y contemplará números muy negativos para la economía. De hecho, el FMI pronosticó una caída del 9,9% para la economía argentina del año que viene. Y no está definido aun cuánto deberá pagar el Gobierno por la deuda pública ya que todavía no finalizaron las negociaciones con los bonistas.
No obstante, el jefe de Gabinete mantuvo hoy una reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para empezar a armar una agenda de trabajo y darle forma a este proyecto central para el ordenamiento de las cuentas públicas del año que viene.
Cafiero, junto con Guzmán, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, empezaron a armar la ronda de reuniones con diferentes ministerios para empezar a darle forma a esta iniciativa. El jefe de Gabinete se reunió a la vez con los ministros de Transporte y de Trabajo, Mario Meoni y Claudio Moroni, respectivamente, en función de comenzar a diseñar el presupuesto 2021.
En tanto para mañana hay prevista una reunión por el mismo tema con Daniel Arroyo y Nicolás Trotta, los responsables de Desarrollo Social y de Educación, respectivamente. El jueves 2 de julio, se reunirán con Fernanda Raverta, titular de la ANSES, y Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo. El viernes, con los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Salud, Ginés González García; y de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.
Todas estas actividades se llevan adelante con la activa colaboración del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP) liderado por la jefatura de Gabinete de Ministros e integrado por los ministerios de Economía e Interior. Esta oficina es la que le da sustento técnico al armado del presupuesto.
En la carta al Congreso donde emite el “Informe de Avance” y aviso del envío de presupuesto 2021 que se giró al Congreso se describen el contexto macroeconómico, los lineamientos y prioridades generales de las políticas presupuestaria y financiera del gobierno nacional para el próximo ejercicio y las relaciones fiscales con las provincias. Se incluye también, un análisis de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional al 31 de mayo de 2020. Pero no se hacen proyecciones de números de inflación, tipo de cambio o incremento o baja del PBI a futuro.
“El conjunto de lineamientos estratégicos reseñados en el Informe permitirá al Poder Ejecutivo Nacional, con la anuencia legislativa del Honorable Congreso de la Nación, buscan implementar en el marco de la futura Ley de Presupuesto 2021 las políticas públicas propuestas en oportunidad del reciente inicio de su gestión”, sostiene la misiva de la Jefatura de Gabinete.
Según describieron a Infobae allegados a Cafiero, la intención del Gobierno es “dar previsibilidad, una buena señal hacia afuera y mantener un compromiso de cuentas ordenadas a pesar de los problemas económicos que está sufriendo la Argentina”.
En la ronda de consultas con los ministros, el jefe de Gabinete planteó las prioridades de la gestión de Alberto Fernández para el próximo año, que tendrán un fuerte foco en la política social, en el área de Salud y en Educación, dijeron.
En este aspecto el informe enviado al Congreso adelanta que las prioridades para el 2021 será “consolidar la construcción de un modelo de desarrollo económico inclusivo y sustentable que logre potenciar las capacidades productivas, la utilización de la mano de obra bajo condiciones de trabajo dignas y con derechos y, así, mejorar la condición de vida de todos y todas los habitantes”.
Para el Gobierno, ese desafío requerirá “un proceso de transformaciones no sólo respecto al fallido esquema económico del periodo 2016-2019 sino también a lógicas de funcionamiento de la economía argentina que, a pesar de los avances logrados entre 2003 y 2015, se presentan como limitaciones estructurales al desarrollo nacional”.
La decisión de mandar el proyecto de presupuesto apunta también a dar previsibilidad a los mercados en medio de las negociaciones con los bonistas por la deuda. También busca erradicar de una vez los cuestionamientos de la oposición que objetaron la falta de presupuesto para este año y el uso de los “superpoderes” que tenía el jefe de Gabinete este año al reasignar partidas presupuestarias sin el visto bueno del Congreso.
Fuente: infobae.com