La Justicia federal ordenó suspender por seis meses el decreto presidencial que disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), frenando así el cierre del organismo. La medida cautelar fue dictada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, a cargo de la jueza Martina Forns, quien prohibió al gobierno ejecutar cualquier acto derivado del decreto 461/2025 relacionado con despidos, traslados o supresión de estructuras vinculadas a Vialidad.
La magistrada fundamentó su fallo en que Vialidad es una entidad autárquica con personalidad jurídica propia y que las relaciones laborales de sus empleados están protegidas por la Ley de Contrato de Trabajo, además de los convenios internacionales de la OIT, que impiden modificaciones unilaterales en sus condiciones laborales. Subrayó que el decreto vulnera el principio de estabilidad y derechos sindicales, además de interferir en negociaciones colectivas vigentes.
El Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), que impulsó la cautelar, celebró la decisión como un respaldo legal en defensa de la estabilidad laboral y la continuidad del organismo. Este gremio había anticipado su presentación legal antes incluso de la publicación oficial del decreto, sosteniendo que el Ejecutivo no tiene facultades para cerrar el organismo sin una ley del Congreso.
El cierre había sido anunciado a principios de julio con el argumento oficial de centralizar competencias y reducir estructuras, asignando las funciones de Vialidad al Ministerio de Economía. Sin embargo, la resolución judicial detiene este proceso y mantiene vigente la entidad operativa, preservando la gestión de más de 40 mil kilómetros de rutas nacionales y los derechos de los más de 5 mil empleados que trabajan en ella.