Jujuy OnLine Noticias

Sesiones extraordinarias: el temario que prepara el Gobierno y los proyectos que esperan los gobernadores

La mayoría de las leyes que el Ejecutivo buscará tratar en febrero de 2022 son de carácter económico. El plan Plurianual concentra la atención pero las provincias esperan el nuevo consenso fiscal y el paquete de normas de promociones industriales.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, confirmó que el gobierno nacional convocará en los próximos días a sesiones extraordinarias del Congreso y dijo que “en algún momento del verano” será presentado el Plan Plurianual.

“Vamos a convocar a extraordinarias, esto ya lo habíamos anticipado, y vamos a trabajar el Plan Plurianual en ese momento. Probablemente será en los primeros meses del 2022″, precisó Cerruti en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno. La verdad es que el anuncio original del plan era para la primera quincena de diciembre, pero sin la aprobación del Presupuesto 2022 esa estrategia quedó en el olvido.

Ahora la idea es febrero de 2022. Aunque la Casa Rosada ya le avisó a sus legisladores que tengan disponibilidad a partir del 17 de enero, y hay un rumor de la primera sesión del año para el miércoles 26 de enero, lo más probable es que comiencen las comisiones pero que no se llegue a un acuerdo para sesionar antes de febrero.

En total, se espera que en las sesiones extraordinarias el Ejecutivo disponga discutir 6 proyectos económicos que entiende claves para la Argentina de la recuperación y que generarían, según estimaciones del Gobierno, USD 105.000 millones en exportaciones, crearían 800.000 puestos de trabajo y traerían inversiones por USD 2.000 millones durante la próxima década. Estos son Ley de Hidrocarburos; la Ley para el Desarrollo Agroindustrial; la ley de Compre Argentino; la Ley de Electromovilidad y la Ley de Industria Automotriz.

A este grupo se le suman el proyecto de redefinición de escalas de monotributo, que ya ingresó al Congreso y que, de aprobarse, implicaría por ejemplo que las categorías A, B y C pagarían menos. Estarán exentas por un tiempo del componente impositivo, la obra social será optativa y solo deberán realizar el aporte previsional. Además, establece un pasaje al régimen tradicional.

Para las categorías D y superiores, exime del impuesto integrado en los primeros 24 meses. Del mes 25 al mes 36 abonan el 50% y del mes 37 al 48 pagan el 75%. En el caso del componente previsional, la exención es por un año mientras que en el segundo año pagan el 25% del aporte; en el tercero el 50% y en el cuarto, el 75%.

El otro proyecto que ya ingresó al Congreso es el de Compre Argentino, que modifica la sancionada en 2018 y establece la preferencia a la adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional para entidades de la administración nacional, empresas y sociedades del Estado y organismos descentralizados.

Asimismo, amplía el alcance de la ley original a otros organismos públicos, como el PAMI. De esta manera, busca promover la industria farmacéutica nacional y de equipamiento médico.

En el caso de la ley de Electromovilidad propone incentivos impositivos, exigencias de línea de producción y obligaciones contractuales para los próximos 10 años. La intención del Gobierno es, entre varios puntos, reconvertir la industria extractiva del litio para fabricar en el país baterías, que el transporte público de pasajeros se transforme en 10 años a la energía no convencional y todos los vehículos marchen hacia la producción de híbridos o eléctricos a gran escala. A partir de esto es que apunta tanto al transporte público, como los autos particulares y hasta las bicicletas.

“Es necesario que se vincule la sustentabilidad ambiental con la sustentabilidad macroeconómica, sino no funciona. Si vamos a reemplazar los vehículos a combustible fósiles por vehículos eléctricos tenemos que importarlos todos, y no tenemos dólares para eso. Y perderíamos la gran oportunidad de producir en el país y generar trabajo”, señaló el ministro de Producción, Matías Kulfas.

“Nuestro plan es que Argentina sea un fabricante de baterías y de vehículos eléctricos. Que lo haga usando toda su capacidad productiva, su industria automotriz, sus autopartistas, su industria química, sus redes científico-tecnológicas y también invitando a inversores internacionales”, agregó el funcionario.

Para el caso del gran generador de divisas de la Argentina, el agro, también se planteará el “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial”, iniciativa que se trabajó con el Consejo Agroindustrial Argentino y y que busca beneficiar a las 24 cadenas de valor del sector agroindustrial.

Entre los puntos más importantes de la norma está que otorga un plazo de 10 años para la amortización de las inversiones, el recupero anticipado del IVA, un bono a futuro para la inversión en semillas, y uno de los puntos que más discusión genera que es la definición de la ganadería como un bien público de consumo popular.

En el caso de la ganadería, y con el fin de atenuar la discusión respecto, la norma establece que los productores ganaderos, ante la valuación de hacienda vacuna para el impuesto a las Ganancias, podrán optar por valuar sus existencias al momento de la venta y no durante el tiempo de engorde.

En el caso de la Ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz prevé beneficios como la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA), amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y derechos de exportación del 0% hasta diciembre de 2031.

La promoción alcanzará a los “proyectos de inversión que incluyan plataformas exclusivas regionalmente y niveles mínimos de contenido nacional”, de acuerdo al texto del proyecto, en el que se precisa que abarcará los procesos de producción de automóviles, pick ups, vehículos comerciales, buses y camiones, así como motorizaciones y autopartes.

En ese esquema, los proyectos de fabricación de vehículos deberán contemplar un contenido mínimo nacional del 15% durante los primeros 3 años de producción y del 20% los siguientes dos años, y en el caso de motorizaciones será de 10% durante los primeros 3 años y 15% en los siguientes dos años.

Fondo Monetario

Hay dos proyectos que están intrínsecamente atados a la negociación con el Fondo Monetario Internacional que pasarán por el Congreso de la Nación durante las sesiones extraordinarias. El primero de ellos es el nuevo Pacto Fiscal firmado con las provincias y el segundo el Plan Plurianual. A este binomio se le sumará, en el caso de que se alcance, el entendimiento con el organismo de crédito.

El entendimiento entre el Gobierno Nacional y casi la totalidad de las provincias tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional y por las legislaturas provinciales y establece nuevos techos para las alícuotas a los Ingresos Brutos, mantiene el impuesto a los Sellos -caía el 1 de enero de 2022- con sus alícuotas y abre la posibilidad para que aquellos estado subnacionales que no aplican el impuesto a la herencia lo lleven adelante.

En lo que se refiere al Plan Económico Plurianual, todavía reina la incertidumbre y la incognita. Alberto Fernández lo anunció, mediante un mensaje grabado luego de las elecciones legislativas, y dijo que “la primera semana de diciembre” lo enviaría al Congreso. El detalle es que incluiría la línea de negociación que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional.

En la discusión sobre el Presupuesto 2022 apareció el pedido de parte de la oposición y el ministro de Economía, Martin Guzmán, esquivó dar definiciones. Sin embargo, en los últimos días, en una entrevista que brindó al diario El País de España, el funcionario dijo que el país “está listo para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo más rápidamente posible” y que una vez que se cierre ese entendimiento se enviará al Congreso el plan plurianual “porque la política de estabilización macroeconómica más que política de Gobierno debe ser política de Estado”.

 

Fuente: Infobae.com

Comentarios

Relacionadas

UTA levantó el paro tras lograr un acuerdo salarial

Editor

Lavagna: «El censo digital superó todas las expectativas»

Editor

Alberto Fernández y Patricia Bullrich, frente a frente ante la Justicia por una demanda de $100 millones

Editor