Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, la expresidenta se dirigió a la militancia presente en la sede del Partido Justicialista. Cristina calificó a los jueces de la Corte como un «triunvirato de monigotes» que responden al poder económico concentrado del país, y denunció que esta sentencia es parte de un plan para proscribir el voto popular, comparándolo con el «cepo al salario» impuesto por el gobierno de Javier Milei.
En su discurso, afirmó que los peronistas no se fugan ni son mafiosos, y llamó a la militancia a organizarse y estar con la gente que necesita apoyo, destacando la importancia de una dirigencia cercana al pueblo. Además, alertó que el poder económico busca impedir que el campo popular se organice y criticó la continuidad del endeudamiento, la baja de salarios y la destrucción de instituciones públicas. Cristina consideró que estar presa es un «certificado de dignidad política histórica» frente a la impunidad de otros actores políticos y económicos.
La Corte Suprema, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó por unanimidad los recursos presentados por la defensa de Cristina, sosteniendo que se respetó el debido proceso y que la sentencia está fundada en ley. La decisión se basó en que existió una maniobra prolongada de defraudación al Estado mediante licitaciones irregulares y sobreprecios en obras públicas en Santa Cruz, liderada por la exmandataria y sus funcionarios. El fallo también dejó firme la absolución por asociación ilícita y ratificó la condena por administración fraudulenta.
Cristina Kirchner tiene cinco días para presentarse en Comodoro Py y cumplir la prisión. Su condena implica que queda proscripta para las próximas elecciones legislativas bonaerenses. En respuesta, llamó a la militancia a la movilización y a la organización popular para enfrentar lo que calificó como un ataque del poder judicial y económico contra la democracia y los derechos del pueblo argentino.