La conducción de Aerolíneas Argentinas y Austral intentará desde hoy acordar con los gremios del sector un mecanismo de suspensiones masivas para los trabajadores con reducción del salario bruto hasta julio. Como primera respuesta al anticipo informal de la decisión la Asociación de Pilotos (APLA) se declaró en estado de alerta y advirtió que no aceptará “ningún tipo de desvinculación laboral encubierta”. De prosperar, el licenciamiento abarcará a entre 7.000 y 8.000 trabajadores de ambas compañías de bandera que desde el arranque de la cuarentena no prestan tareas ni fueron exceptuados por condiciones de salud sobre un total cercano a los 12 mil.
El planteo de las firmas que dirige Pablo Ceriani apunta a encuadrar a alrededor del 60% de los empleados de todas las áreas en un esquema similar al convenio marco que firmaron la Unión Industrial Argentina (UIA) y la CGT y que fijó un piso del 75% del salario neto para el pago a los trabajadores suspendidos durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio. En el caso de Aerolíneas y Austral sus autoridades dan por sentado que el pago de bolsillo resultará mayor, incluso cercano al que percibe en la actualidad el personal, pero de carácter no remunerativo con un ahorro para el costo fijo de las compañías. Se mantendrá sin cambios, no obstante, el pago a las obras sociales.
Aunque hubo una primera ronda de consultas, el plan de Ceriani afronta dos inconvenientes: por un lado, la coexistencia de seis organizaciones sindicales que deben dar su consentimiento para luego presentarlo para su homologación ante el Ministerio de Trabajo, agravada por las diferencias entre el bloque mayoritario de sindicatos y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA, tripulantes de a bordo). Y por otro, el hecho de que la pandemia del coronavirus y el proceso ideado de suspensiones coinciden con el anuncio de que se abordará una fusión de las dos empresas, un propósito encarado en varias ocasiones en la historia de las líneas de bandera y nunca concretado hasta ahora, y que pone sobre la superficie tensiones internas.
Pero la mayor preocupación de los gremios pasa por la señal que representaría un aval sin matices a los licenciamientos. Tanto el convenio UIA-CGT como los firmados hasta ahora por sectores como Comercio, gastronomía y metalúrgicos incorporaron garantías de estabilidad durante la vigencia de las suspensiones pero en Aerolíneas Argentinas y Austral algunos dirigentes advirtieron que en el contexto de una crisis como la aeronáutica podría ser un antecedente para reducciones de personal, por caso vía retiros voluntarios. De ahí la protesta de APLA.
Por el lado de Aerolíneas sus directivos indicaron que los licenciamientos dejarán al margen a entre 4 y 5 mil trabajadores que en la actualidad están abocados a la prestación de los vuelos de repatriación, algunos servicios de cabotaje y al personal que trabaja desde su casa o bien integra la población de riesgo por situaciones de salud, edad o embarazo. Explicaron que la actividad se redujo 97% y que sin embargo la baja de salarios será casi imperceptible. Además de APLA y AAA deberán prestar consentimiento la Asociación del Personal Técnico (APTA), el gremio de personal en tierra (APA), los aviadores de Austral nucleados en UALA y el sindicato del personal superior (UPSA).
Las empresas propondrán licenciar a los trabajadores por los meses de junio y julio tras haber pagado los salarios en tiempo y forma de marzo, abril y mayo. Los funcionarios alegaron que el ahorro con los pagos no remunerativos les permitirá redireccionar esos fondos al mantenimiento de la flota, el aseguramiento de la cadena de abastecimiento de repuestos y el pago de reparaciones de aeronaves con vistas al retorno de la operación. El planteo llega, además, en momentos en que en Austral, por caso, los directivos habían iniciado conversaciones con UALA para una reanudación paulatina de actividades a partir de julio.
FUENTE: Ámbito