El Gobierno nacional oficializó un nuevo avance en el proceso de disolución del Fondo Fiduciario del programa Procrear, creado en 2012 para facilitar el acceso a la vivienda mediante créditos subsidiados por el Estado. A través de la Resolución 764/2025, publicada en el Boletín Oficial, se detallaron los lineamientos operativos para liquidar en su totalidad el fondo y redistribuir los bienes y activos involucrados, una medida que marca el cierre definitivo de una de las políticas habitacionales más emblemáticas de la última década.
El Procrear, impulsado originalmente por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, permitió a miles de familias argentinas acceder a su vivienda propia a través de líneas de crédito gestionadas por el Banco Hipotecario y financiadas por el Estado nacional. En más de una década de funcionamiento, el programa generó alrededor de medio millón de soluciones habitacionales y tuvo un impacto significativo en la generación de empleo y el desarrollo urbano en todo el país.
Con la disolución del fondo fiduciario, el Gobierno dispuso que el Banco Hipotecario continúe administrando los créditos individuales ya otorgados bajo las condiciones originales establecidas en los contratos. Esto significa que quienes accedieron a un crédito Procrear seguirán abonando sus cuotas en los términos pactados, sin modificaciones en las condiciones de retribución ni en la gestión de los préstamos hasta su liquidación total. Además, se autorizó la suscripción de un Contrato de Mandato para la Gestión de Créditos Individuales entre el Ministerio de Economía y la entidad bancaria, garantizando la continuidad administrativa del proceso.
En cuanto a los bienes inmuebles que formaban parte del fideicomiso, la normativa establece que serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) o redistribuidos entre provincias, municipios y otros organismos estatales, según corresponda. También se contempla la venta de carteras de créditos cuyo rendimiento sea inferior al 40% de lo esperado, y la recaudación de las cobranzas será transferida al Tesoro Nacional, descontando los gastos operativos y honorarios.
El contexto que rodea esta decisión está marcado por la alta inflación y las dificultades crecientes para acceder a créditos hipotecarios en el país. El Gobierno argumentó que la financiación de viviendas debe ser una actividad propia de los bancos comerciales, tanto públicos como privados, y que la intervención estatal en este ámbito ya no se justifica. Además, consideró que el programa representaba una carga fiscal difícil de sostener en el actual escenario económico.
El cierre del Procrear representa un cambio de paradigma en la política habitacional argentina y plantea interrogantes sobre el futuro acceso a la vivienda para sectores medios y populares. Mientras tanto, el Ejecutivo anunció que se avanzará en la habilitación de nuevas figuras como las «hipotecas divisibles» para proyectos inmobiliarios, aunque especialistas advierten que el retiro del Estado podría agravar la exclusión habitacional y limitar las oportunidades de desarrollo urbano y social que el programa había impulsado en los últimos años.